Julio Astilllero.
Carlos
Romero Deschamps es una pieza muy apetecible para el desolado armario
obradorista del ejercicio de la justicia contra saqueadores del pasado que
presuntamente va quedando atrás. El dirigente sindical de los petroleros es
indefendible en términos de opinión pública, es un acompañante relativamente
menor del cuadro de grandes ladrones de México que siguen impunes y creen que
lo seguirán siendo (entre ellos, algunos ex ocupantes de la silla presidencial,
en especial el más reciente) y puede saciar la ansiedad popular que demanda
muestras de buen nivel en la hasta ahora inexistente pesca judicial de peces
gordos de la corrupción.
Además, y
eso no es un dato menor, el amago de aprehenderlo y sujetarlo a proceso
judicial se produce cuando faltan ocho días para que termine el plazo oficial
de firma del nuevo contrato colectivo de trabajo de los petroleros. El
Presidente de la República ha advertido que se sujetará ese contrato a los
lineamientos de la austeridad sexenal y es de suponerse que un dirigente
sindical prófugo, o encarcelado, poca capacidad de resistencia tendría frente a
los muy necesarios ajustes a los desproporcionados privilegios contractuales de
ese gremio.
A Romero
Deschamps ya le han rozado los dardos justicieros del obradorismo. Comía con el
litigante Juan Collado cuando éste fue detenido por agentes federales. Según un
relato publicado en el portal Sin Embargo, que dirige Alejandro Páez Varela, el
dirigente sindical se habría tirado al piso a la hora de la detención del
penalista, al suponer que la orden de aprehensión también le alcanzaría a él.
Ahora, las
denuncias interpuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de
Santiago Nieto Castillo, alcanzan a seis familiares del mencionado Romero
Deschamps. Por justicia, pero también por necesidad política, el obradorismo
debe colocar tras las rejas cuando menos a uno de los más delineados exponentes
de la irritante impunidad de los grandes corruptos. No sólo mientras se firma
un contrato laboral petrolero adelgazado sino, además, como una urgente
concesión de justicia al ánimo popular repleto de narrativas gubernamentales
sobre robos a la nación sin responsables en prisión. Y, claro, la devolución de
bienes malhabidos a las arcas de la nación. Cierto es que ayer un juzgado
federal suspendió con temporalidad indefinida el cumplimiento de órdenes de
presentación o aprehensión del mencionado Romero Deschamps, pero esas fases
judiciales superables pronto dejarán de nueva cuenta el camino expedito para
ir, cuando menos, contra uno de los ensoberbecidos rapiñadores de nuestro país.
Porfirio
Muñoz Ledo cumplió ayer 86 años de edad y aprovechó la oportunidad para
insistir en las críticas al manejo presidencial del tema migratorio ante las
presiones de Donald Trump. Ha sido peculiar la insistencia del pluripartidista
político multicargos en el señalamiento de los errores jurídicos, políticos y
procesales en el tema. Esa postura crítica coincide con su pretensión de ser
electo por un año más en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados. Podría llamarse ahora censurado o desplazado si es que no lo
confirman en el cargo, entre otras causas, porque hay normas y acuerdos que
establecen que el segundo partido en votación (en el caso, Acción Nacional)
debe ocupar en esta ocasión dicha presidencia. Pero Muñoz Ledo insiste en que
él está a lo que la patria me reclame, yo estoy a disposición de la patria.
También
habló Muñoz Ledo de listas de sobornos a periodistas que habría eliminado al
presidir la mesa directiva mencionada. Un centenar de periodistas y columnistas
estaría en esa relación de chayos. Ojalá se anime el sagaz político a dar a
conocer esa nómina, a detalle y con toda amplitud, para que el anuncio sonoro
no quede nada más en el aire. De otra manera, se sumará a las imprecisiones
declarativas sobre el tema.
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