Por José
Raúl Linares.
Un
tribunal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de México concedió
una “suspensión definitiva” para dejar sin efectos la inhabilitación por un
periodo de diez años impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en
contra de Rosario Robles Berlanga, extitular de las secretarías de Desarrollo
Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la
pasada administración federal.
El fallo estuvo
a cargo de la magistrada Rosa Edith de la Peña Adame, titular de la Sexta Sala
Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Administrativa, con el cual la
exfuncionaria –temporalmente– no será inscrita en el Registro de Servidores
Públicos Sancionados en tanto no se resuelva el juicio de fondo.
“Determinó que la sanción consistente en la
inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público por un periodo de diez años queda sin efectos hasta que se resuelva el
juicio contencioso administrativo 24334/19-17-06-2”, señaló el despacho encabezado por
los abogados Epigmenio Mendieta Valdez y Julio Hernández Barros.
Así mismo la
magistrada de la Peña Adame sostuvo que con la sanción de la SPF “se
perjudicaría el derecho de la solicitante, en el ámbito personal y profesional,
creando con ello un perjuicio de difícil reparación”. Hecho que derivó en la
suspensión.
El pasado 17
de septiembre, la SFP, encabezada por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros,
emitió la resolución al juicio administrativo 000064/2018, en el que dicha
dependencia acusó a Robles Berlanga de “falsear información en su declaración
patrimonial”, ya que detectaron la existencia de dos cuentas bancarias de las
cuales, una no fue declarada.
Ante ello, la
SPF determinó que Robles Berlanga “infringió lo dispuesto en el artículo 8,
fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos” entre los años 2012 y 2013. Es decir: falseó su
declaración patrimonial, cargo que amerita la inhabilitación por diez años de
ejercer cargo público alguno.
Dos días
después, la hija de Robles Berlanga, Mariana Moguel, leyó una carta escrita por
la extitular de la Sedesol y Sedatu, en la que acusó que la “omisión” en su
declaración patrimonial fue por un monto menor: “de manera tramposa evade
informar sobre el monto de las cuentas supuestamente no declaradas”.
“Supuestamente
la cuenta se abrió en 2008, sin que el banco tenga el contrato de apertura,
también se menciona que se canceló en el 2016 y se remitieron los fondos a la
cuenta concentradora del propio banco Santander. La cantidad que estaba
depositada en la cuestionada cuenta era de 2 mil 887.86 pesos”, complementó Hernández Barros, en una
entrevista concedida a Apro.
La
resolución aparece horas después del que el juez de control, Felipe de Jesús
Delgadillo Padierna, quien le dictó medidas cautelares en el proceso por
“ejercicio indebido del servicio público”, fuera removido del caso para ejercer
funciones de “juez administrativo” en el Centro de Justicia Federal asentado en
el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
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