Por José Gil
Olmos.
El
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía es la única institución de
salud que se resiste a sumarse al otorgamiento de servicios gratuitos en el
tercer nivel de atención -de alta especialidad- a través del Instituto Nacional
para el Bienestar (Insabi) y sigue cobrando cuotas de recuperación a los
pacientes.
Lo anterior
fue dado a conocer por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, quien agregó que la institución de salud tiene un
contrato con una empresa privada que les provee insumos y material quirúrgico
por 650 millones de pesos, vigente hasta noviembre de 2020.
Sin embargo,
López-Gatell señaló que Neurología y Neurocirugía no es el único en esta
situación, pues otras 23 instituciones médicas también tienen contratos
vigentes.
“[…]
estos contratos, insistimos en señalar, son el modelo de trabajo que existía
antes y que todavía existe, estamos en este periodo de transformación que
consiste en subrogar servicios, es decir, servicios esenciales que son
responsabilidad del sistema público de salud fueron subcontratados. La lógica
de mercado, de acuerdo a la visión que se tenía antes, es que los privados lo
hacen mejor o que los privados son más eficientes” ahondó el funcionario en la
conferencia matutina desde Palacio Nacional.
López-Gatell
consideró que ese modelo ha originado sobreprecios y no necesariamente
garantiza calidad en el servicio, e incluso señaló una posible “privatización
oculta” en el sector salud.
“No por
sí mismos son corruptos el tener estos contratos […] pero sí nos parece
inconveniente, […] esto es de hecho una privatización acaso oculta del Sistema
Nacional de Salud que ocurrió a lo largo de muchos años”.
A dos días
de que venza el plazo impuesto por el gobierno federal a los estados para
firmar el convenio de adhesión al Insabi, hasta ahora 21 entidades ya
aceptaron ceder el control del sector salud a la federación.
Durante el
reporte semanal del “Pulso de la Salud”, se informó que, hasta ahora, no se
han adherido: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua,
Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Morelos, Tamaulipas,
estados gobernados por partidos de oposición, salvo Morelos.
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