Tan sólo
un mes después de haber sido nombrada por el Congreso de Baja California como
primer fiscal Especializada en el Combate a la Corrupción en la entidad,
Elizabeth Ojeda Mayoral renunció a su cargo. La ahora ex funcionaria explicó
que lo hizo por carecer de infraestructura, recursos y personal para realizar
esta encomienda constitucional.
En una carta
enviada al presidente del Congreso local, el morenista Víctor Morán, fechada el
miércoles 29 de enero, expuso que “a pesar de que recibí apoyo, simpatías y
promesas, las realidades de crear la infraestructura, reclutar personal técnico
y administrativo ha sido una tarea agotadora sin que hasta el momento se
vislumbre a corto plazo la posibilidad de iniciar las actividades propias de la
fiscalía”, agrega en su carta de renuncia.
Ojeda
Mayoral refirió las vicisitudes por las que atravesó en su corto período al
frente de este organismo autónomo para “echar a andar desde cero” a la
Fiscalía, donde se percató la precaria situación patrimonial para levantar
desde sus cimientos a una institución de esta naturaleza.
Durante los
40 días que laboró en esta entidad pública, Ojeda deambuló por los cinco
municipios de la entidad con la fiscalía bajo el brazo y con un abogado como
asistente, ya que careció de oficina propia.
En Baja
California, a diferencia del ámbito federal, la fiscalía anticorrupción es un
organismo autónomo, sin vínculos con la Fiscalía General del Estado, aunque en
la reforma constitucional se omitió dotarle de personalidad jurídica y
patrimonio propios.
Designada el
20 de diciembre de 2019 por el voto de los 23 legisladores presentes en la
sesión en la sala “Benito Juárez”, la abogada Elizabeth Ojeda resultó electa de
una terna que envió el gobernador Jaime Bonilla, la cual estuvo integrada
también por Javier Enrique Sánchez Serrano y Humberto Valdez.
Esa
fiscalía especializada es la responsable de investigar delitos cometidos por
servidores públicos y, en este caso, le corresponde armar las carpetas de
investigación de las denuncias por corrupción presentadas en contra del
exgobernador Francisco Vega de Lamadrid y al menos seis integrantes de su
gabinete.
Una de
esas denuncias es por el quebranto patrimonial de mil 200 millones de pesos por
el uso de facturas falsas en contratos fantasmas con empresas inexistentes,
cuyos recursos además se convirtieron en deuda pública por empréstitos con la
banca comercial, de acuerdo al recurso presentado por el secretario General de
Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
Finalmente, en
su misiva, la ahora exfiscal consideró que primero se debe crear la Fiscalía
Especializada en el Combate a la Corrupción y después nombrar al fiscal, y
manifestó que presentó su renuncia irrevocable para no quedar mal con la
confianza del gobernador Jaime Bonilla ni con el Poder Legislativo.
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