Tatiana
Clouthier.
Estos días
vivimos como humanidad retos inéditos. En la pandemia, uno de los mayores
desafíos es cómo mantener la calma ante tanta incertidumbre, el encierro en
casa y el ruido en las plataformas sociales. En estas últimas, mucha gente se
presenta como “experta”, otros toman ventaja de la situación y se comporta
mezquinamente. Mientras, en la realidad, muchos buscan la supervivencia económica,
desde la individual hasta la empresarial.
El balance
para lograr el justo medio entre el ruido y los retos reales ante esta crisis
no es nada fácil, y por eso es fundamental buscar el bien mayor sobre el bien
menor.
Así las
cosas, ahora y aun terminada la epidemia, estaremos ante retos económicos
enormes. Quizás, serán desafíos no vistos en muchas décadas tanto nacionalmente
como en el ámbito internacional. Entonces, la prioridad mayor del gobierno
deberá ser cómo atender este estancamiento. Requerimos medidas que apoyen a los
más vulnerables y al mismo tiempo promuevan la industria o, mejor dicho, a los
empleadores.
Por ello, el
factor de la confianza y la facilidad burocrática para la creación de nuevas
empresas será fundamental para quienes buscan crear fuentes de trabajo.
Ante esto me
llama la atención el que se haya realizado una consulta en Baja California para
el tema de la continuación en la construcción de una planta cervecera, cuya
conclusión estaba cerca. Primero, me parece poco afortunado realizar el
ejercicio durante los tiempos de la pandemia. En segundo lugar, es esencial
sustentar legalmente este tipo de mecanismos democráticos mediante la
legislación local o federal sobre consultas populares. Por otra parte, entiendo
que el tema del derecho al agua se encuentra consagrado en el artículo 4to de
la Constitución; sin embargo, por la importancia de la decisión y del ejercicio
de consulta es imperativo que se tenga un respaldo procedimental como el de las
leyes de participación locales o la consulta establecida en la Constitución.
Soy de la
idea de que el agua debe tener un uso primordial de consumo personal y humano,
y, en segundo lugar, para satisfacer las necesidades industriales. Escuché en
campaña el reclamo de la sociedad de Baja California, sin embargo, la cabeza de
Conagua, la Dra. Jiménez Cisneros, dijo claramente que el abasto de agua estaba
garantizado, en sus palabras:
“Según
estudios técnicos, el abasto para consumo doméstico en el municipio de Mexicali
se encuentra asegurado hasta 2050. Descarté que se viole el Derecho Humano al
#agua con el acueducto Ejido Villahermosa-Mexicali, pues dicha obra no está
autorizada”.
La
participación en la consulta fue más o menos de 37 mil votantes de un listado
nominal de 776 mil, es decir menos de 5%. El voto por el no, fue de 3.6%, es
decir menos del 4%. Esto podría ser una “encuesta” con representatividad
dudosa, pues habría que ver la validación por estratos de edad y zonas
geográficas para darle validez estadística, de lo contrario, no la tiene.
Creo que,
dada la crisis de la pandemia, el país requiere de confianza y de incentivar la
inversión para posibles fuentes de trabajo. La pérdida de confianza de parte de
un sector como posible generador de empleos es grave. La línea delgada entra cuándo
se aplicará una consulta apegada a la ley y cuando una consulta más parecida a
una encuesta no vinculante es aún más frágil, y puede socavar el Estado de
derecho. El riesgo es convertir estos ejercicios en los derechos de unos contra
los derechos de otros.
A veces,
parece que ganando se pierde y hoy con la participación de la sociedad en
Mexicali todo parece indicar que se consideró primordialmente el derecho humano
al H2O sobre el respeto al derecho ya adquirido por los otros.
¿Bien
mayor contra bien menor? Un balance bastante complicado.
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