Cien años de errores en política de drogas.

Jorge Javier Romero Vadillo.

El pasado domingo 15 de marzo se cumplió un siglo de que el Gobierno de Venustiano Carranza expidió las Disposiciones sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados para fomentar vicios que degeneren la raza y, sobre el cultivo de plantas que pueden ser empleadas con el mismo fin, primera piedra del entramado regulatorio de la prohibición de las drogas en México, aunque desde la promulgación de la Constitución de 1917, el Consejo de Salubridad General –ese mismo que inexplicablemente López Obrador se ha resistido a convocar para enfrentar la emergencia del COVID19– había quedado mandatado para definir “las substancias que envenenan al individuo y degeneran la raza” que debían ser combatidas y el énfasis con el que se haría.

Durante este siglo de prohibición se ha acumulado suficiente evidencia sobre lo contraproducente de la estrategia, que progresivamente se fue endureciendo con un brevísimo paréntesis en 1940, al final del Gobierno de Cárdenas, cuando estuvo vigente durante seis meses un Reglamento Federal de Toxicomanías cuando se despenalizó el consumo y se puso en práctica una política que hoy llamaríamos de reducción de riesgos y daños, pues con base en aquella norma se abrieron dispensarios para la provisión segura a precio de costo de las sustancias psicotrópicas consideradas peligrosas, sobre todo morfina, en diferentes puntos de la ciudad de México y en otras ciudades del país.Con excepción de aquella pausa en la prohibición, que duró apenas seis meses, debido a las presiones de los Estados Unidos, la política de drogas se ha basado en el prohibicionismo y, desde la expedición del Código Penal Federal de1929, en la utilización de la justicia penal y los cuerpos de seguridad del Estado para perseguir el tráfico, el comercio y el consumo de un conjunto de sustancias psicoactivas que el Estado ha decidido que los ciudadanos no deben consumir. Los resultados han sido cada vez peores, pues la prohibición no sólo no ha logrado impedir que las sustancias prohibidas están disponibles, sino que ha agravado los riesgos sanitarios de los consumos potencialmente peligrosos, pues las organizaciones especializadas en el mercado clandestino no tienen escrúpulos para adulterar sus mercancías, ni piden identificación para garantizar que sus consumidores sean mayores de edad.

Durante las primeras décadas de la prohibición los consumidores fueron considerados enfermos que debían ser obligados al tratamiento. Después simplemente se les criminalizó, aun cuando el consumo en sí mismo nunca fue considerado delito, pero sí todas las conductas necesarias para llevarlo a cabo. De los hospitales de internamiento forzoso se pasó al encarcelamiento o a la detención y la extorsión, mientras que a partir de la década de 1970, cuando el Gobierno de Richard Nixon declaró la “guerra contra las drogas” y forzó a México a seguirlo en una cruzada con varias agendas ocultas –como la persecución de sus enemigos políticos internos, el control de la comunidad afroamericana o, en América Latina, la represión de la “subversión comunista”– el Estado mexicano se ha visto forzado a emprender campañas de erradicación de cultivos y descabezamiento de carteles, con un costo ingente en recursos, pero pobres o nulos resultados en cuanto al tráfico o la disponibilidad de las sustancias.

A principios de este Gobierno, con su pretensiosa tetramorfosis, parecía que, por fin, comenzarían a cambiar las cosas. El Presidente cacareó el fin de la guerra contra las drogas, en el Plan Nacional de Desarrollo se decretó el fracaso del prohibicionismo y el inicio de una regulación sensata y la Secretaria de Gobernación impulsó un proyecto de ley para acabar con la prohibición de la mariguana. Sin embargo, todo ha resultado una fraude, no sólo porque la legalización del cannabis está viviendo un tortuoso proceso parlamentario que parece conducir a una mera simulación, con un resquicio que sólo favorece a los intereses de las grandes empresas canadienses, sino porque ahora, para conmemorar el centenario de la prohibición, el propio Presidente ha lanzado desde su púlpito la más estúpida de las campañas supuestamente enfocadas a la prevención del consumo de la que tengamos memoria.

La campaña presentada esta semana por el vocero presidencial es el más acabado ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de prevención, además de ser aberrantemente estigmatizadora y discriminatoria con los usuarios de sustancias. Una campaña en la que un supuesto consumidor se declara “un hombre podrido” o en la que se identifica consumo de sustancias con abuso de menores, violaciones y violencia, como en los peores tiempos de las mentiras de Harry Anslinger, el inefable zar antidrogas de los Estados Unidos desde la década de los treinta hasta la de los setenta del siglo pasado, que desplegaba el peor racismo y las más descaradas mentiras para generar miedo a la mariguana.

Como en los peores tiempos del “just say no” de Nancy Reagan, el Gobierno mexicano pretende que con el miedo basado en medias verdades, cuando no en abiertas mentiras, va a reducir el consumo, a pesar de toda la evidencia acumulada que muestra que la prevención se debe basar en evidencias y se debe orientar al retraso del primer consumo, la reducción de daño y al consumo responsable. Una y otra vez, las campañas del miedo y la exageración han fracasado.

Lo sorprendente y decepcionante es que esta tétrica campaña cuente con el aval de la CONADIC, cuando el comisionado es Gady Zabicky, tal vez el mejor adictólogo de México, que conoce muy bien lo contraproducente de la estigmatización del consumo y de la falsedad como estrategia preventiva. ¿Por qué un funcionario tan bien capacitado se presta a respaldar lo que parece producto de la estulticia y la ignorancia presidencial? Se trata de un misterio tan grande como el que subyace al lamentable espectáculo del gran epidemiólogo que apoya los desplantes presidenciales cuando pretende detener al virus con estampitas religiosas. El pensamiento mágico promovido desde el Estado, contra la Constitución laica que proclama los fundamentos científicos de la educación impartida por el Estado. Ha quedado en evidencia que este Gobierno es mera superchería.