Julio Astillero.
Son tres los
más recientes motivos de enojo de los grandes capitales contra el Presidente de
México. Sumados a la constante insatisfacción de la mayoría de los empresarios
por las políticas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), arrojan como resultado
un activismo mediático y político, ya nada disfrazado, que busca presionar y
chantajear al titular del Poder Ejecutivo Federal para que cambie o matice su
ruta de trabajo o se atenga a las consecuencias de una cantada crisis económica
que podría ser acentuada o magnificada por relevantes personas de negocios.
Concentrado
en Mexicali, pero con pretensiones de que tenga repercusiones internacionales
está el caso de la cervecera Constellation Brands, cuya inversión de unos mil
400 millones de dólares quedará en el aire si se cumple el resultado de una
consulta pública realizada en la capital de Baja California que rechazó la
continuidad de la construcción de esa planta productora de cerveza, a la que se
ha acusado largamente de atentar contra el derecho colectivo al uso del agua
regional.
El
aplastante triunfo de la voluntad popular contra dicha cervecera se dio a pesar
de las maniobras de partidos y gobiernos, entre ellos, el morenismo estatal,
que buscaban la aprobación de la construcción. Ayer, en la conferencia
mañanera, se informó de manera oficial el resultado de la consulta y la
aceptación de los resultados, aunque se habló de negociar daños causados a la
firma trasnacional, lo cual debería ser al revés, pues dicho proyecto se aprobó
a partir de maniobras típicas del pasado reciente, en este caso el del priísmo
peñanietista. En realidad, Constellation Brands debería indemnizar a Mexicali,
como ya exigen grupos de defensa del interés popular.
Las cúpulas
empresariales, sin embargo, están utilizando lo sucedido en Mexicali para
lanzar señales de alarma y advertencias claras de que los capitales podrían
asustarse o replegarse ante la falta de certidumbre jurídica en México.
Otro de los
temas que están impulsando de forma crítica los empresarios es el relacionado
con las políticas de salud pública destinadas a tratar de paliar el contagio
masivo del coronavirus. Hay una corriente de comentaristas y declarantes que
denuncian con alto sentido de gravedad la conducta personal del Presidente de
la República (el Detente religioso, el mantenimiento de giras por diversas
poblaciones de la nación y la contradicción de no frenar el contacto físico,
cuando la Secretaría de Salud y varios gobiernos, entre ellos el de la Ciudad
de México, apremian en sentido contrario).
A ese
antiobradorismo epidemiológico resultan chirriantes las actitudes y discursos
de López Obrador y en las redes sociales se ha incrementado la carga explosiva
de troleadores y cuentas robotizadas que esparcen acusaciones, insultos y
descalificaciones hasta en términos de salud mental contra el político
tabasqueño.
A esos
fervores en cabalgata contra López Obrador ha de agregarse como elemento
acelerante la declaración mañanera de este lunes, cuando el Presidente
estableció que su prioridad es la protección de los segmentos sociales más
desprotegidos, los pobres, y no las cuentas de los empresarios deseosos de
incentivos, compensaciones, descuentos y arreglos bajo la mesa al estilo del
Fobaproa, como ejemplo histórico. Con ese tono que tanto irrita a sus
adversarios, el Presidente de México advirtió: ya nada de rescates al estilo
del periodo neoliberal, que le daban a los bancos, a las grandes empresas. No:
que ni estén pensando en que va a haber condonaciones de impuestos, otros
mecanismos que se usaban antes. Si tenemos que rescatar, ¿a quién tenemos que
rescatar? A los pobres, por el bien de todos, primero los pobres.
Tres
ingredientes recientes (la cervecera, la política contra el coronavirus y la
negativa a los rescates empresariales) que avivan las divergencias ideológicas
y la desesperación de las cúpulas económicas.
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