Por Daniela
Barragán.
La
Secretaría de Gobernación (Segob) aprobó, durante 2018, solicitudes de
ampliación presupuestal para publicidad en medios de comunicación, bajo el
argumento de “contingencia”, que sí está previsto en la Ley, pero con
argumentos que no representaban “contingencia” alguna. De acuerdo con la Ley en
la materia, las dependencias pueden solicitar más recursos para informar sobre
alguna emergencia fortuita, pero la Segob autorizó ampliaciones con datos
generados en 1960 y 1985.
La Auditoría
Superior de la Federación (ASF) encontró que, a las irregularidades
anteriores, se sumó que las dependencias federales no hicieron uso de los
tiempos oficiales en los medios de comunicación, que están a su servicio para
utilizarse en el transcurso del año.
De acuerdo
con la revisión de la Cuenta Pública de 2018, elaborada por la Auditoría
Superior de la Federación, la Segob –entonces al mando del priista Alfonso
Navarrete Prida, quien fue titular del 10 de enero de 2018 al 30 de noviembre
de 2018, luego de cinco años en las manos del también priista Miguel Ángel
Osorio Chong– no se fijó en la justificación de las “contingencias” de las
oficinas de Gobierno y aprobó los aumentos presupuestales.
La ASF encontró
que la Unidad de Comunicación Social de Gobernación debió tener las
justificaciones de las dependencias para comprobar que se trataba de
emergencias, ya que, de no ser estrictamente para eso, debían estar
contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para ser
aprobadas por la Cámara de Diputados.
“Debió
incluirse en el proyecto de PEF 2018 para ser aprobado por la Cámara de
Diputados y no requerirlo bajo un supuesto de carácter ‘contingente’ […] No se
señalaron los criterios en que se basó la valoración para acreditar el
incremento de los recursos presupuestarios con la documentación presentada por
la Unidad de Comunicación Social”, concluyó el documento que hace unos días la ASF entregó a la
Cámara de Diputados.
En las
observaciones descritas se infiere que la Dirección General de Normatividad
de Comunicación (DGNC) de la Segob autorizó incrementos de recursos presupuestarios
en las partidas presupuestales 36101 “Difusión de mensajes sobre programas y
actividades gubernamentales” y 36201 “Difusión de mensajes comerciales para
promover la venta de productos o servicios” en 20 dependencias, sin que se
cumpliera con las especificaciones marcadas en la Ley.
Por tal
razón, el 20 de enero de 2020, la ASF solicitó la intervención a la
Secretaría de la Función Pública (SFP) para que realizara las investigaciones
correspondientes y en su caso, las sanciones administrativas “derivadas de los
actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a los entes públicos
siguientes: Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Servicio Geológico
Mexicano, Fondo de Cultura Económica, Liconsa, Consejo de Promoción Turística
de México, Comisión Reguladora de Energía, Secretaría de Relaciones Exteriores,
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Secretaría de la
Defensa Nacional, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, Secretaría de Marina, Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional
del Agua y Consejo Nacional de Población”, por lo detectado en las
“justificaciones”.
Los
sobreejercicios en el presupuesto del gasto público fueron la constante. En
2013, la variación entre el presupuesto ejercido respecto del aprobado es
superior en casi 50 por ciento, en 2014 fue de 35 por ciento, en 2015 de 80 por
ciento, para 2016 de 133.58 por ciento más y en 2017 se gastó 200 por ciento más,
7 mil 160 millones 622 mil 278 pesos extras.
LAS
“CONTINGENCIAS”
La ASF enlistó
los argumentos para pedir más dinero para la publicidad. Por ejemplo, la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pidió dinero para el Programa de
Protección, Atención y Defensa de los Mexicanos versión pasaportes, lo que
debió incluirse en la propuesta de Presupuesto si es que en realidad se
necesitaba, pero que no significó una contingencia.
Pasó lo
mismo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar),
que dijo que quería más dinero para el “reforzamiento de la difusión del
programa de ahorro voluntario y el programa de atención a trabajadores”.
Lotería
Nacional (Lotenal) pidió dinero a la Segob para la “Difusión de mensajes
comerciales para promover la venta de productos o servicios” porque quería
“generar mayores ingresos”. Segob autorizó a pesar de que no informó cómo
llevaría la difusión de mensajes comerciales ni las líneas de acción de la
estrategia de ventas para generar mayores ingresos.
La
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó la ampliación de
presupuesto las campañas “Difusión de mensajes sobre programas y actividades
gubernamentales” para la campaña “Leales por México”, versiones “Nos preparamos
por ti”, “Siempre cerca de ti”, “Reconstruyendo a México” y “Más allá de
México”.
La
dependencia argumentó que el dinero era para una “contingencia”, dada la
magnitud de los eventos hidrometeorológicos de la temporada y se lo aprobaron,
aun cuando se presentó información de fenómenos naturales pasados y cuya
temporalidad de ocurrencia no se encontraba determinada; por lo tanto, debió
incluirse en el proyecto de PEF 2018 y no requerirlo bajo un supuesto de
carácter “contingente”.
La
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) solicitó ampliación
para la “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”
para las campañas “Desarrollo Productivo del Campo Mexicano”, pero la Segob no
tuvo la “constancia de valoración” y autorizó “sin evidencia justificativa y
comprobatoria de la valoración”.
El Servicio
Geológico Mexicano (SGM) pidió para la “Difusión de mensajes comerciales
para promover la venta de productos o servicios”, cuando el monitoreo sísmico
es su actividad sustantiva. No informó cómo llevaría la difusión de mensajes
comerciales o las líneas de acción de la estrategia de ventas para “generar
mayores ingresos”. Pero el gasto se le autorizó.
El Fondo
de Cultura Económica (FCE) pidió también bajo el argumento de la “Difusión de
mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios”. Tampoco
indicó las formas de cómo lograrlo.
La
Secretaría de Marina (Semar) dijo a la Segob que quería difundir mensajes
sobre programas y actividades gubernamentales para la campaña “La Marina cerca
de ti, versión: en la tierra, en el aire y en el mar” y atender una situación
de carácter “contingente”, citando datos del sismo de 1985 y el tsunami
generado por este, que causaron miles de decesos y daños por varios miles de
millones de dólares. La Segob le autorizó el aumento presupuestal con
antecedentes documentales que datan, justo, de 1985.
La
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) también alzó la mano y
pidió dinero para “Difusión de mensajes sobre programas y actividades
gubernamentales” para la campaña “Prevención de accidentes laborales”.
Argumentó que era una “contingencia para reducir accidentes y enfermedades en
los centros de trabajo”, con estadísticas de años anteriores. Aun así, la Segob
autorizó la ampliación del dinero público a esa dependencia.
La
Semarnat dijo que necesitaba dinero para la campaña “Protección de los
Océanos”, versión “Mares y costas de los océanos”, por “contingencia por la
contaminación de mares y costas, consecuencias de la contaminación marina de
los océanos en México, el cambio climático y el tráfico ilegal de especies”.
Presentó documentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)… pero de
1960.
En este
caso, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que una información de
1960 no significaría contingencia alguna, pero la Secretaría de Gobernación
decidió otorgar ese dinero.
La Comisión
Reguladora de Energía (CRE) pidió más dinero para la campaña “Inversión con
la Reforma Energética”, versión “Reforma Energética”, con vigencia del 12 de
febrero de 2018 al 29 de marzo de 2018, y la campaña “Gas LP”, versión
“AmiGasLP, AmiGasLP Etapa 2”. Esta oficina no sustentó las razones de su
“contingencia” y tampoco hubo necesidad: la Segob le autorizó gastar el dinero
público.
Finalmente, de
la revisión a la documentación proporcionada a la ASF, no se encontró evidencia
de las dependencias que solicitaron acceso a tiempos oficiales para la difusión
de sus campañas, siendo que éstas ejercieron recursos presupuestarios para actividades
de comunicación social en radio y televisión.
En esto
incurrieron el Conapred, Conavim, el INM, la Policía Federal, la entonces
Procuraduría General de la República (PGR), la Sedena, la Semar, la Sedesol, el
Fondo Nacional para las Artesanías y Liconsa.
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