Por Mathieu
Tourliere.
El fallecimiento de Gerardo Ruiz Esparza,
secretario de Comunicaciones y Transportes de Enrique Peña Nieto en el gobierno
del Estado de México (2005-2011) y en el gobierno federal (2012-2018), no exime
a la Fiscalía General de la República (FGR) de seguir las carpetas de
investigación sobre las irregularidades multimillonarias perpetradas durante
sus gestiones, sobre todo porque varias de ellas abarcan al propio Peña Nieto y
a su círculo de confianza, como Alfredo Del Mazo Maza, el actual gobernador
mexiquense.
Esto
opinan el senador Emilio Álvarez Icaza y Paulo Díez Gargari, dos hombres que en
los últimos cinco años interpusieron 10 denuncias contra Ruiz Esparza y quien
resulte responsable ante la FGR.
En el
sexenio pasado, el nombre de Ruiz Esparza estuvo vinculado con sonados casos
de corrupción, llámese OHL, la cancelación del tren México-Querétaro –a su vez
relacionada con la Casa Blanca de Peña Nieto y su exesposa Angélica Rivera-, el
Tren México-Toluca, el Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca, el Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la Estafa Maestra y otros miles de
millones de pesos en irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de
la Federación (ASF).
Ruiz Esparza
siempre negó las acusaciones y, si bien las irregularidades persistieron, nunca
enfrentó sus consecuencias
Sin embargo,
en los últimos seis años la Fiscalía General de la República (FGR) –y su
antecesora, la Procuraduría General de la República (PGR)– recibieron al menos
nueve denuncias penales que derivaron en carpetas de investigación.
El
abogado Paulo Díez Gargari, quien lleva media década en batallas legales contra los negocios
multimillonarios del llamado “Grupo Atlacomulco” –al que pertenece Peña Nieto–
y OHL –ahora Aleática–, interpuso cinco de ellas; otras cinco fueron
interpuestas el 29 de noviembre de 2018 y agosto de 2019 por un grupo de
legisladores independientes, encabezado por Álvarez Icaza y la diputada Lucía
Riojas.
En una de
ellas, los legisladores denunciaron que la SCT federal envió 3 mil 600
millones de pesos al Estado de México a través del Sistema de Autopistas,
Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (Saascaem) para, supuestamente,
financiar la campaña de Alfredo Del Mazo Maza.
Del Mazo es
primo de Peña Nieto y fue cercano a Ruiz Esparza, quien en los años 80 fue
subsecretario general del gobierno mexiquense de Alfredo Del Mazo González,
padre del actual gobernador, y en 1997 coordinó su fracasada campaña para
dirigir el gobierno del entonces Distrito Federal.
Estas
denuncias, según Álvarez Icaza, “siguen vigentes”, pues se interpusieron en
contra de Ruiz Esparza y de “quien resulte responsable”.
“En
nuestra opinión hay elementos para proceder en contra del primer círculo de Enrique
Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, y luego en el gobierno
federal”, dice el
senador a Proceso.
Y abunda: “interpretamos
que estas averiguaciones previas tienen que seguir investigándose”.
Los
legisladores también interpusieron una denuncia por presuntos sobornos a
partidos políticos de España –con dinero desviado de los negocios mexicanos de
OHL– y a exfuncionarios mexicanos, entre ellos Ruiz Esparza, otros dos
referentes a obras con OHL.
CONSPIRACIÓN
DE ESTADO.
Entre las
denuncias que Diez Gargari interpuso por “hechos con apariencia de delito”
cometidos por Ruiz Esparza “y otros” destacan los casos de la concesión
carretera de la Amozoc-Perote, del Viaducto Bicentenario, del Circuito Exterior
Mexiquense o de la carretera Atizapán-Atlacomulco.
En todos
estos casos, Ruiz Esparza tuvo un papel, ya sea como titular de la SCT
mexiquense –otorgando concesiones o autorizaciones para incrementar las cuotas
de peaje– y de la federal.
El abogado
no se limitó en el entonces titular de la SCT. Sus denuncias también
mencionan al propio Peña Nieto y su brazo derecho, Luis Videgaray Caso, así
como Eruviel Ávila Villegas –sucesor de Peña Nieto en el gobierno del Estado de
México–, Del Mazo Maza, a los exdirectivos de OHL, y al empresario mexiquense
Ricardo Arturo San Román Dunne, hermano del compadre de Peña Nieto.
Las
denuncias derivaron en las carpetas de investigación
FED/SEIDF/UNAI-MEX/02002/2016, FED/SEIDF/UNAI-VER/1827/2016,
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/035/2017, FED/SEIDF/CGI-CDMX/1617/2017 y
FED/SEIDF/CGI-CDMX/01643/2017.
Díez Gargari
dijo a Proceso que, durante la administración de Peña Nieto, la PGR nunca le
reconoció el carácter de víctima, por lo que no tuvo acceso a los expedientes.
Con la
llegada al poder del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el letrado tocó las
puertas de la FGR y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
para actualizar sus denuncias y aportar nuevos elementos.
Aparte,
el abogado interpuso una nueva denuncia el pasado 18 de febrero, en la que
documentó “hechos con apariencias de delito cometidos por Gerardo Ruiz Esparza,
Enrique Peña Nieto y otros”, en particular, una supuesta “conspiración de
Estado” para favorecer a OHL mediante esquemas de concesión carretera y fondos
federales.
Y, apenas el
pasado 10 de marzo, aportó a la FGR un documento, firmado de puño y letra de
Ruiz Esparza en 2011, el cual evidencia que desde hace una década, OHL cobra
peajes de manera ilegal en el Viaducto Bicentenario, pues el título de
concesión con el que la empresa española opera –y que le otorgó Ruiz Esparza en
2008– es apócrifo.
Bajo la lupa
de la 4T.
Aparte de
las denuncias de los privados, dependencias del gobierno de la
autodenominada Cuarta Transformación estaban investigando a Ruiz Esparza por su
cuenta, ante las irregularidades que dejó en su paso por la administración
pública.
Así, el 12
de septiembre de 2019, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), indicó que Ruiz Esparza y su equipo “no dejaron
piedra sin labrar” en la SCT.
En noviembre
del mismo año reconoció que la UIF investigaba formalmente al exfuncionario, e
indicó que la dependencia interpuso dos denuncias ante la FGR contra Ruiz
Esparza y OHL por “corrupción”.
El pasado
jueves 2, el periodista Salvador García Soto planteó, en una columna publicada
en El Universal, que previo a morir, Ruiz Esparza cedió su patrimonio
–bienes, cuentas bancarias e inversiones- a su esposa y su hijo, lo cual impide
a la UIF seguir la ruta del dinero, “incluso recursos que pudieron haber salido
de fideicomisos públicos”.
Apenas hace
un año, el 21 de marzo de 2019, María del Rocío Dosal Noriega y Gerardo Ruiz
Dosal –su esposa e hijo, respectivamente–, crearon la empresa constructora
Rudosa, S.A. de C.V. en Toluca –en la misma dirección que un restaurante
ubicado en la calle Ignacio Comonfort, número 105–, según el acta constitutiva
de dicha empresa, consultada por Proceso en el Registro Público del Comercio (RPC).
En paralelo,
la gestión de Ruiz Esparza al frente de la SCT estaba en la mira de la
Secretaría de la Función Pública (SFP).
En su
informe de fiscalización 2019, la dependencia a cargo de Irma Eréndira
Sandoval Ballesteros dio a conocer los resultados de 50 auditorías y visitas de
supervisión a la SCT, referentes a la gestión de Ruiz Esparza; en estos
documentos, se registraron un sinfín de irregularidades, sobrecostos y pagos en
exceso.
Un ejemplo: en
la auditoría UCAOP-AO-022-2019, un documento de 45 cuartillas relativo a la
extensión de la concesión del tramo carretero Amozoc-Perote y Libramiento
Perote a una filial de OHL, la SFP denunció las dos ampliaciones fraudulentas
del plazo de la concesión, que correría hasta 2063 y, en una decisión inédita,
la SFP incluso pidió a la SCT que cancele el título de concesión de la
carretera.
Entre sus
observaciones a grandes obras, como el Tren México-Toluca, la SFP observó
montos por aclarar de 616 millones de pesos, y en el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM) –el megaproyecto que impulsó Ruiz Esparza,
aunque lo operó formalmente Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)–,
las irregularidades detectadas ascendieron a 18 mil millones de pesos.
Aparte, la
SCT de Ruiz Esparza recibió reiteradas observaciones y señalamientos por
parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que al concluir el
sexenio de Peña Nieto había emitido 482 observaciones por obras de la
dependencia, y exigido aclaraciones sobre el destino de más de 16 mil 500
millones de pesos.
Entre estas
observaciones, destacó esquemas de desvío de recursos públicos a través de
convenios con universidades estatales –en este caso, la Autónoma de Nuevo
León–, mejor conocidos como Estafa Maestra.
PACTO DE
IMPUNIDAD.
Si bien
el nombre de Ruiz Esparza salió en los principales escándalos que mancharon el
sexenio de Peña Nieto, su poder era tal que el exmandatario nunca lo sustituyó.
Así, Ruiz
Esparza permaneció en su puesto a pesar de que provocó un diferendo diplomático
y comercial con China en noviembre de 2014, cuando canceló el contrato de 50
mil millones del Tren México-Querétaro, una semana antes que explotara el
escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto.
En el
consorcio ganador del contrato, encabezado por la China Railway Construction
Company, participaba la empresa Constructora Teya, de Juan Armando Hinojosa
Cantú.
Peña
Nieto tampoco pidió la renuncia de Ruiz Esparza en 2015 y 2016, cuando se
filtraron llamadas telefónicas que lo involucraban en presuntos actos de
corrupción con OHL, como lo mostró un audio filtrado en septiembre de 2015, en
el que el exfuncionario dijo a Pablo Wallentin Crawford que “he tenido que
tragar tantita caca” para apagar el escándalo del Circuito Exterior Mexiquense.
Conversaciones
telefónicas interceptadas y publicadas en internet evidenciaron gestiones de
Ruiz Esparza y Peña Nieto –y Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex–
para favorecer a OHL.
También mostraron
que OHL buscó pagar las vacaciones de Ruiz Esparza en su complejo turístico
Mayakobá, en la Riviera Maya.
Ruiz Esparza
también se mantuvo en su cargo a pesar de su pésima gestión del socavón que se
abrió en el Paso Exprés de la México-Cuernavaca en julio de 2017 -apenas tres
meses después de ser inaugurado-, en el que fallecieron dos personas. El
funcionario lo calificó como un “mal rato”.
Posteriormente,
auditorías revelaron que las obras estuvieron plagadas con al menos 22
irregularidades y sobrecostos de hasta 300 millones de pesos.
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