Por Veneranda
Mendoza.
Decenas de familiares de internos en diversos
penales del Estado de México se apostaron a las afueras del Poder Judicial
estatal en demanda de la libertad de 13 mil 500 internos que han cumplido con
los requisitos de ley para acceder a ella, y de una Ley de Amnistía que sirva
para excarcelar a los falsos culpables.
Los
inconformes, aglutinados en la organización Presunción de Inocencia y Derechos
Humanos A.C., entregaron a Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de
Justicia (TSJEM), una misiva en que además le piden auditar la
administración de su antecesor, Sergio Medida Peñaloza, y participar en el
debate de la Ley de Amnistía del Estado de México pues, a decir del activista
José Humbertus Pérez, sus jueces han sido parte de la fabricación de carpetas,
de tal manera que en las cárceles mexiquense hay muchos inocentes.
También le
solicitan revisar la actuación de los jueces, por considerar que se han
prestado a la construcción de delitos, mientras que los de ejecución de
sentencias se niegan a hacer efectivos los beneficios alcanzados por las
Personas Privadas de su Libertad (PPL).
Una
comisión de inconformes fue recibida por Sodi Cuéllar, quien les informó que,
en lo que va de la pandemia, se ha concretado la preliberación de mil 200
internos.
Pérez
Espinoza indicó que en el encuentro además se comprometió a instalar mesas
de trabajo para revisar la semana próxima otros mil 86 casos en los que las PPL
ya cumplieron los requisitos para acceder a la libertad anticipada o
condicional, y para analizar la actuación de los jueces, pues admite que
existen injusticias.
Ley de
Amnistía.
En tanto, este
lunes comenzó la revisión de las cuatro iniciativas de Ley de Amnistía para la
entidad (promovidas por Morena, PRD, PT y por José Humbertus Pérez Espinoza,
respectivamente). Los diputados acordaron su análisis en parlamento abierto
para que participen en su construcción todos los involucrados.
En este
marco, el Partido Acción Nacional (PAN) consideró que la implementación de esta
figura permitirá liberar a quienes delinquieron, afecta la reparación del daño,
favorece la impunidad y viola la Ley de Víctimas de la entidad.
El diputado
José Antonio García indicó que la amnistía es innecesaria, pues la Ley Nacional
de Ejecución Penal ya contempla figuras como la liberación anticipada y la
condicional que resultan más viables a la reinserción social. La amnistía,
consideró, no ofrece garantías de no repetición.
La también
panista Ingrid Schemelensky aseguró que ninguna de las propuestas prevé el
seguimiento de los beneficiarios, considera las consecuencias de liberar a
delincuentes o el impacto presupuestal.
Para el
priísta Juan Maccise, con la amnistía se corre el riesgo de anular la
responsabilidad e impedir el enjuiciamiento de una conducta criminal, mientras
la pevemista María Luisa Mendoza coincidió en que ésta figura podría violar la
Ley de Víctimas.
Falsos
culpables.
Por su
parte, el morenista Max Correa confió en que una Ley de Amnistía estatal
permitirá hacer justicia a los falsos culpables y a las víctimas, porque crear
un culpable tampoco es justo.
Aclaró que
la iniciativa de su bancada deja subsistente la responsabilidad civil y a salvo
los derechos de quienes puedan exigirla, garantiza los derechos de las víctimas
y plantea el acompañamiento a los beneficiarios para verificar su reinserción
social.
La norma,
destacó, es necesaria para una entidad en la que “las verdades históricas son
el pan nuestro de cada día”; permitirá la reconciliación de la sociedad con sus
instituciones de procuración y administración de justicia, ayudará a construir
paz y despoblar las cárceles, permitirá atender las recomendaciones de los
organismos en derechos humanos y revisar la actuación de la Fiscalía (FGJEM),
del Poder Judicial, y las políticas de reinserción social.
Su
correligionario Julio Hernández, presidente de la Comisión parlamentaria de
Derechos Humanos, aseguró que con la amnistía no se pretende liberar
delincuentes, sino a víctimas a las que fue fabricado el delito. La también
morenista Mariana Uribe precisó que la norma va dirigida a las PLL con
violaciones al debido proceso, muchos en situación vulnerable y de pobreza.
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