Por Veneranda
Mendoza.
Por
unanimidad, la Legislatura mexiquense aprobó pedir a la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) informes sobre el estatus de la revisión 852-DS-GF/2015
que fiscalizó recursos de los “Programas y Fondos Federales en el Estado de
México” utilizados para construir el Auditorio Metropolitano de Tecámac, y
sobre las demandas y juicios que se entablaron contra los resultados.
El diputado
morenista Faustino de la Cruz, promotor del punto de acuerdo, recordó que el
10 de marzo de 2017, Enrique Peña como presidente de la República y Eruviel
Ávila como gobernador inauguraron este auditorio; en él, se realizaron una
docena de eventos políticos y musicales, pero inexplicablemente fue cerrado al
público en noviembre de ese año, a tan sólo 8 meses de su apertura. Aunque el
gobierno estatal no ha detallado las razones, trascendió que presenta fallas
estructurales.
Luego de
varias solicitudes ciudadanas para conocer el estatus de la obra, el Comité
de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura aprobó, el 16 de mayo del
2017 mediante el ACUERDO CT-SNIF-SE-43-2017/157, la clasificación del
expediente como información reservada por un periodo de cinco años.
Empero,
la revisión al contrato de obra pública OP-15-0194 realizada por la ASF reveló
que el monto de inversión se elevó en 169 millones de pesos, al pasar de 430 a
600 millones, lo que significó un incremento de 39.5%, mientras el plazo de ejecución
se amplió en 246 días naturales, pasando de 307 a 553 días.
El
exhorto además se dirige al secretario de la Contraloría estatal para que
informe sobre las acciones para atender el oficio 15-B-15000-04-0852-08-002 en
que la ASF exige iniciar procedimiento administrativo por actos y omisiones de
los servidores públicos que autorizaron el inicio de las obras sin contar con
los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y
el programa de ejecución totalmente terminados.
Al gobierno
del Estado de México, los diputados demandaron la desclasificación de la
información relativa a la obra, informar el motivo del cierre y precisar cuándo
reanudarán las actividades de este inmueble.
“No
encubriremos actos gubernamentales de esta o anteriores administraciones que
pudieran resultar constitutivos de responsabilidades administrativas o
penales”, advirtió
De la Cruz Pérez, al presentar su propuesta ante el pleno.
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