Por Efrén Flores.
Al margen
de los presuntos actos de corrupción entre OHL (hoy Aleatica) y el Gobierno del
exgobernador mexiquense (2005-2011) Enrique Peña Nieto, de que Aleatica no
tiene derecho de explotar el Viaducto Bicentenario y que la concesión que
mantiene desde 2008 –hasta el año 2038– debería ser revocada por la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) de la 4T, existe una incapacidad
financiera por parte de la empresa para cubrir la deuda bancaria derivada de la
construcción de la vía sobre uso de suelo federal.
De
acuerdo con el abogado Paulo Díez Gargari, quien mantiene un proceso legal en contra de Aleatica
desde hace más de una década, los problemas relacionados con los créditos
del Viaducto Bicentenario implican conflictos de interés y corrupción desde el
Gobierno del Estado de México, además de mentiras al mercado financiero y
esquemas de fraude por parte de la empresa, que continúan al amparo de
autoridades locales y federales.
“Todo
conecta y todo da la vuelta. Son las mismas personas que andan en un lado y en
el otro, siempre con ésta falsa apariencia de pulcritud, de legalidad y de
corrección”, explicó
en conferencia de prensa, para dar a entender que la puerta giratoria del
peñanietismo permitió la extensión de créditos a sabiendas del riesgo de
impago.
Por un lado,
el banco de inversión Vace Partners, fundado en 2009 por Alfredo Vara
Alonso, quien fuera director general de Banobras entre abril de 2017 y
diciembre de 2018, actuó como asesor financiero para la elaboración del
financiamiento crediticio del Viaducto Bicentenario en 2009-2010.
Por otra parte,
está Alonso García Tamés, quien fuera director del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos (Banobras) (2007-2011) en la época (2010) en que fueron
otorgados los créditos del Viaducto Bicentenario y quien actualmente se
desempeña como director general y representante en México del fondo de
inversión canadiense CDPQ, que “es dueña del 45 por ciento del Circuito Exterior
Mexiquense”.
Además de
los posibles conflictos de interés y del amañe para conceder los créditos a
Aleatica, están las consecuencias financieras del impago.
“Ni
siquiera asumiendo que ellos tuvieran un derecho válido para explotar esa
autopista, Aleatica está en posibilidad de pagar a su vencimiento, que es en el
2024, los créditos bancarios obtenidos” en su mayoría, a través de Banobras y
del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), comentó Díez Gargari.
Lo
importante del caso, en
la opinión del litigante, “es identificar que no estamos frente a actos de
corrupción aislados, sino que son actos ejecutados por una red muy sofisticada
de corrupción que estaba encabezada por Enrique Peña Nieto, y de ahí para abajo,
y que tenía como uno de sus principales socios y aliados a Aleatica, en cuyo
Consejo de Administración estaba, entre otros, Emilio Lozoya Austin”. Una red
desde la cual “se financiaron no sólo las campañas políticas del PRI en el
Estado de México y la presidencial del 2012, sino con la que también se pagaron
sobornos a servidores públicos en España por la adjudicación de aquél proyecto
ferroviario del Tren Móstoles-Navalcarnero, e incluso, para hacer pagos
ilegales al Partido Popular “.
EL
ENDEUDAMIENTO.
Las cifras
recabadas por Paulo Díez Gargari arrojan que la subsidiaria de Aleatica,
Viaducto Bicentenario S.A. de C.V., tenía una deuda registrada de 5 mil 891
millones de pesos al 31 de diciembre de 2019. De dicha cantidad, 4 mil 469
millones pertenecen a créditos de Banobras (1 mil 422 mdp) y del Fonadin (3 mil
47 mdp).
“El
crédito del Fonadin es subordinado. […] Es decir que se paga después de que se hayan pagado los
créditos de los otros acreedores. De modo que hoy está clarísimo, no es una
suposición, no es una expectativa… Hoy sabemos con certeza, que por lo menos
ese crédito del Fonadin no se va a pagar a su vencimiento. Y es muy probable que
los otros dos tampoco puedan pagarse en su totalidad”, aseguró Díez
Gargari.
La falta
de posibilidades de pago y de cumplimiento es grave porque el monto a cargo de
crédito genera intereses que no son baratos, debido a las elevadas tasas de
pago. Sólo en 2019, según lo que registró Aleatica en sus estados financieros,
el costo de los intereses fue de 700 millones de pesos.
“Haciendo
un cálculo […] con base en el saldo insoluto de lo que hoy se debe y los
intereses que generan estos créditos, el monto aproximado de intereses […] que
estos señores tendrían que pagar en el periodo 2020-2024 es como de 2 mil 700
millones de pesos”,
explicó Díez Gargari.
El adeudo
con intereses (5 mil 891 mdp) al corte del 31 de diciembre de 2019, más el
adeudo que generará (2 mil 700 mdp) en los siguientes años hasta 2024, da un
total aproximado a pagar de 8 mil 591 millones de pesos. En ese sentido, el
abogado señaló que el problema es que los ingresos generados por Aleatica, a
través del pago de cuotas de peaje, no es ni será suficiente para cubrir sus
deudas con la banca de desarrollo de México. Al respecto dio cifras.
En 2019, Aleatica
reportó ingresos por 1 mil 38 millones de pesos en cuotas de peaje. Y durante
el primer semestre de este año, los ingresos reportados por dicho concepto
ascendieron a 271 millones de pesos.
La crisis
por la pandemia de COVID-19 golpeó el flujo de ingresos de la compañía por lo
que, de acuerdo con los cálculos de Díez Gargari, “si bien les va, en un
escenario muy optimista, en todo 2020 podrán llegar a tener ingresos como de
600 millones de pesos”.
Si
consideramos que a partir de 2021 Aleatica recuperará su nivel de ingresos por
peaje previo a la crisis sanitaria a nivel nacional, explicó el litigante, la
compañía podría juntar ingresos máximos por 5 mil 500 millones de pesos de aquí
a 2024, año en que vencen los plazos de pago de los créditos contratados en
2010.
A ese
dinero habría que restarle la contraprestación que Aleatica le tiene que pagar
al Gobierno del Estado de México y que es equivalente al 0.5 por ciento de los
ingresos (o a 27.5 mdp). Además están el pago de impuestos, los gastos
operativos y de mantenimiento menor y mayor de la infraestructura vial.
“Lo que
nos quede, que no van a ser 5 mil 500 millones de pesos, sino un monto
sustancialmente inferior, probablemente 4 mil millones de pesos, habrá que
aplicarlo a una deuda que para entonces va a sumar 8 mil 591millones de pesos,
que es la suma de los 5 mil 891 millones de pesos que tienen de saldo, más los
2 mil 700 millones de pesos de intereses”, indicó Gargari.
De no
pagarse el monto debido, considerando que el Gobierno del Estado de México no
tiene obligaciones legales con Aleatica, el riesgo de la compañía en el
proyecto “es el riesgo de la demanda: que si no hay suficiente tráfico, pues
entonces lo único que procedería es una ampliación de la concesión, pero que si
llegado el vencimiento de la concesión y de sus prórrogas no se hubiera
recuperado, pues tendrían que devolver la concesión”.
Para Díez
Gargari, la primera irregularidad en esta situación es que Aleatica, pese a
su incapacidad de pago, “no le informa nada al mercado” sobre la necesidad de
reestructurar la deuda. En ese sentido, dijo que la otra opción de la compañía
es solicitar al Gobierno mexiquense la ampliación de la concesión y una
autorización para aumentar el precio de las tarifas de peaje.
Sin embargo,
el abogado mencionó que esto último –la ampliación y el aumento– no es
factible porque, para empezar, no hay concesión federal, y segundo, si la
Administración de Alfredo del Mazo Maza lo hiciera, “va a terminar en la cárcel
antes de que termine su periodo como Gobernador del Estado de México. Por eso,
si ustedes se dan cuenta, en ésta autopista no se ha autorizado ningún aumento
de tarifa. […] Ni siquiera se le autorizó el incremento en función de la
inflación de éste año, porque nadie está dispuesto, mientras esto no se
resuelva, y esto será judicializado pronto por la Fiscalía General de la
República, […] a meterle mano”.
AVANCES Y
RIESGOS.
Paulo Díez
Gargari asegura que “lo más que han hecho hasta ahora las autoridades, en
una actitud indolente de la SCT federal, pues es, con su inactividad y su
silencio, permitir que estos señores sigan percibiendo un ingreso que no tienen
derecho a cobrar”.
En la
actualidad, Aleatica está en proceso de constitución de una Fibra E, que es
un mecanismo financiero para atraer inversión pública o privada, para impulsar
su proyecto de la Autopista Urbana Norte que conecta con el Viaducto
Bicentenario, pero en territorio capitalino.
La
preocupación de Díez Gargari al respecto es que, aunque Aleatica no tiene
derecho de cobro ante el Gobierno de la Ciudad de México, “sin embargo,
en sus estados financieros, registran un pasivo a cargo de la Ciudad de México
como por 14 mil millones de pesos”.
El riesgo
de dicha situación es grande, ya que si Aleatica constituye su Fibra E, podría
tratar de “vender certificados a nuestras Afores, involucrar y emboletar allí a
los trabajadores, blindar el proyecto y complicar que se les pueda aplicar la
ley”.
No
obstante, así como hay piedras en el camino, existen elementos para decir que
las denuncias públicas han surtido efecto.
De
acuerdo con el Diputado local morenista Faustino De La Cruz, el trabajo
legislativo en torno al caso del Viaducto Bicentenario fue acotar las
prerrogativas de concesión de Aleatica, que obtenía beneficios a través de
negociaciones “en lo oscurito para tener canonjías”.
El
legislador dijo a SinEmbargo que hubo modificaciones al “Artículo 17 del
Código Financiero para que se acote el tiempo de la concesión y pueda ya
determinarse de que, una vez que la empresa ha recuperado su inversión, pues el
Gobierno pueda decidir convertirla en una vía estatal o concesionarla a otra
empresa”.
El
problema, dijo, es que “no hay voluntad del Gobernador de transparentar el
manejo y acuerdo de éstas concesiones”. Además, falta que otras instancias, como el Poder
Judicial, la SCT o las unidades de inteligencia financiera, trabajen en
conjunto para evitar que éste tipo de abusos tengan lugar.
En ese
sentido, De La Cruz refirió que Aleatica “violenta los derechos” de la
ciudadanía porque no tiene los derechos de vía y “en consecuencia, en términos
generales, están explotando un bien público federal, están obteniendo una
ganancia económica, pero en detrimento de un derecho que corresponde a todos
los mexicanos”.
Para el
legislador por Ecatepec, los problemas relacionados con el Circuito Exterior
Mexiquense, el Viaducto Bicentenario y la Autopista Amozoc-Perote fueron
orquestados por Enrique Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza y Luis Videgaray Caso
para “perpetuarse en el poder”.
Por su
parte, el abogado Díez Gargari mencionó que hubo avances en varios frentes.
“Hemos
logrado sacar varios de estos asuntos de la competencia de la Subrocuraduría
Especializada en Investigación de Delitos Federales, que es un área de la
Fiscalía que sigue siendo propiedad de los peñanietistas desde donde protegen a
estos señores, y varios de esos asuntos los hemos logrado enviar a la Fiscalía
Anticorrupción, cuya competencia aparece mucho más natural y directa que la
otra, y esos han empezado a avanzar”, explicó a SinEmbargo.
Más allá
de los avances y los cambios de legislación, el Diputado De La Cruz dijo que
“para que no sucedan casos como estos hay que aplicar la ley. Segundo, que la
Unidad de Inteligencia [Financiera federal] siga investigando a fondo y ponga
al descubierto ante la opinión pública éstos enormes fraudes, ésta enorme
corrupción” y que, también en éste caso, las auditorías superiores de
fiscalización estatal y federal hagan lo propio.
Lo otro,
abundó, es que “necesitamos los ciudadanos intervenir en la vida pública a
través de la decisión en la urna, el ir quitando los gobiernos. […] Los
mexicanos tenemos que exigir, pero también demandar a través de nuestro voto
razonado. Y hoy creo que los mexiquenses tenemos y tienen la oportunidad de que
en el 2023 acabemos con el Grupo Atlacomulco; y desde luego, llegando a ello,
no por persecución, […] abrir los archivos […] porque allí está lo más
putrefacto de la corrupción, de las complicidades para imponer gobiernos”.
De
probarse las irregularidades y actos de corrupción ligados a casos como el del
Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario, la Autopista
Amozoc-Perote y la planta Etileno XXI que involucra indirectamente a Aleatica,
no sólo existe la posibilidad de revocar las concesiones, sino además, la
posibilidad de que Aleatica pierda las obras e instalaciones en beneficio de la
Nación sin reparación alguna, además de una pena de hasta 12 años de prisión
para los responsables, concluyó Díez Gargari.
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