Emilio Gamboa Patrón, líder del PRI
en el Senado de la República, afirmó que la detención de Javier Duarte de Ochoa
no afectará a ese partido en los comicios del Estado de México, Coahuila y
Nayarit.
Entrevistado
en la Cámara alta, el legislador priista manifestó
que en este caso no habrá impunidad, pero subrayó que tampoco se trata de una
“cacería de brujas” por parte del gobierno federal.
“No va a
haber impunidad para nadie. Quien haya hecho algo que venga y se defienda ante
las autoridades correspondientes. Yo creo que lo de Duarte va a ser rápido, y
va a tener que venir (a México) a defenderse si es que tiene los elementos para
hacerle frente a la justicia”, enfatizó.
Guatemala
aplicaría extinción de dominio a propiedades de Duarte.
El canciller de Guatemala, Carlos Raúl
Morales, ofreció la colaboración de su gobierno para agilizar la extradición
del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, mientras evalúa aplicar la Ley de
Extinción de Dominio en favor del Estado mexicano.
El ministro
de Relaciones Exteriores aseguró que se mantiene una estrecha colaboración con
autoridades mexicanas, lo que permitió la localización y captura de Duarte el
sábado pasado, cuando se ocultaba en un hotel del municipio de Panajachel,
departamento occidental de Sololá.
Subrayó que
el Gobierno guatemalteco está listo para colaborar con su contraparte mexicana
con el objetivo de agilizar el proceso y concretar en los tiempos y términos de
la ley la extradición del detenido.
Morales consideró que se podría
aplicar la Ley de Extinción de Dominio en favor del Estado mexicano, si se
comprueba que el exgobernador adquirió propiedades en Guatemala.
Desde su
vigencia, hace unos ocho años, el Estado
guatemalteco ha recuperado por medio de juzgados específicos bienes,
propiedades y recursos financieros significativos, que fueron obtenidos de
manera ilícita por el crimen organizado y funcionarios corruptos.
Por la Ley de Extinción de Dominio se
arrebataron fondos y bienes al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y a
la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, detenidos por corrupción en septiembre y
agosto de 2015, de manera respectiva, cuando su mandato concluiría el 14 de
enero de 2016.
El general retirado Pérez Molina y
Baldetti están en prisión provisional desde entonces, acusados de encabezar una
red criminal dedicada al contrabando y defraudación fiscal, que les generó
cuantiosas ganancias y que en parte han pasado a poder del Estado.
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