El Ferrari de Duarte.

Raymundo Riva Palacio.

     

La captura de Javier Duarte es un enigma por cuanto a qué significa realmente para el presidente Enrique Peña Nieto. Se desconoce qué tanto deseaba en su fuero interno esta captura, pero funcionarios federales afirman que todos los días de los últimos seis meses preguntaba al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, si ya lo habían localizado. Su presión era enorme. “Ni con El Chapo Guzmán preguntaba tanto como con Duarte”, agregó el funcionario. La ansiedad, que iba acompañada por el descrédito creciente que acumulaba lo evasivo que probaba ser Duarte, no tiene una paternidad clara.

Después de todo, parecía que lo habían dejado escapar cuando se liberó la orden de aprehensión dos días después de pedir licencia como gobernador de Veracruz, hace seis meses. Semanas antes, el Cisen lo vigilaba, revelaron funcionarios federales, pero los ojos se cerraron poco antes de que, en la víspera de dejar el gobierno, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo forzara a tomar esa decisión durante una áspera reunión. La PGR, se quejan en Bucareli, tampoco tomó la previsión de vigilarlo para estar lista a detenerlo cuando saliera la orden de aprehensión.

Duarte no esperaba que saliera jamás esa orden de aprehensión. Sabedor de algunos de los secretos de la familia priista, alardeaba que a él no le sucedería lo mismo que a otros exgobernadores priistas en desgracia. “Yo estoy bien amarrado”, parloteaba Duarte, quien decía que el propio presidente le había dicho que no se preocupara por todo lo que aparecía en la prensa sobre él, que según Peña Nieto, comentaba el entonces gobernador, era sólo un problema de medios que pasaría. El diagnóstico estaba equivocado y se abrió una investigación federal.

Duarte se ufanaba que había ayudado en la elección presidencial –en este espacio se reveló que, según él, aportó a la campaña de Peña Nieto dos mil 500 millones de pesos– y en estatales. La de Veracruz fue una de ellas. De acuerdo con Duarte, inyectó mil millones de pesos a la campaña del candidato del PRI, Héctor Yunes, a quien decía se los había dado en partes, la primera por 250 millones de pesos que el propio aspirante al gobierno guardó en la cajuela de un automóvil. Esta afirmación la niega el excandidato.

También presumía que había suspendido pagos a la burocracia y a proveedores para financiar elecciones, a petición de importantes funcionarios federales. Otro estado donde metió recursos fue Chiapas, donde entregó 40 millones de pesos en efectivo al gobernador Manuel Velasco, para la nómina del órgano electoral estatal. Veracruz, como ningún otro estado, incluido el Estado de México, produce mucha riqueza y tuvo la capacidad durante el gobierno de Duarte de ser la caja chica de decenas de priistas en todo el país.

El dinero político distribuido subrepticiamente provocó un hoyo financiero en el estado, que llevó al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a pedir al presidente que le permitiera intervenir. El presidente nunca le autorizó tomar acción en contra de Duarte, quien fue el gobernador que, rompiendo todas las reglas establecidas dentro del PRI en 2011, destapó a Peña Nieto como candidato a la presidencia. Pocas semanas después de que Duarte solicitara licencia y se convirtiera en un prófugo de la justicia, el presidente se mostraba asombrado de todas las revelaciones en la prensa sobre las fortunas de Duarte, que decía desconocer, admitiendo que sólo del desastre financiero en Veracruz se encontraba al tanto.

Extrañó que a Peña Nieto le extrañaran las extravagancias, pues según el propio Duarte, en conversaciones privadas –donde solía decir las cosas más extraordinarias–, cuando el mexiquense ganó la elección presidencial le hizo un regalo sin par: un Ferrari. Para ello viajó a Austin, la capital de Texas, con su amigo de la universidad y principal socio en sus multimillonarios negocios, Moisés Mansur Reynoso, para comprar el icono italiano de la industria automotriz. Nunca aclaró Duarte si el Ferrari lo adquirió en la única distribuidora que hay en Austin, o si sólo ahí lo recogió. Tampoco qué modelo escogió, aunque para los más económicos los precios comienzan en los 200 mil dólares, que serían al tipo de cambio de 2012 cerca de los tres millones de pesos.

Duarte asegura que sí entregó el Ferrari al entonces presidente electo y que, por razones obvias, lo guardó. Nunca se ha visto un Ferrari en manos de familiar alguno o cercano al presidente, ni tampoco han existido versiones de que un vehículo de esa naturaleza se encuentre estacionado en algunas de las propiedades de Peña Nieto. Fuera de su dicho, no hay manera de confirmar que lo que aseguró en la primavera del año pasado, como forma de presumir sus estrechos vínculos con Peña Nieto, sea cierto. Pero locuaz en privado, como demostró varias veces ser, la especie, cierta o no, es como un dardo envenenado.

¿Qué tanto de todo esto saldrá a la luz durante el proceso? Es difícil saberlo. Como hipótesis de trabajo, los detalles de todas estas operaciones secretas a favor del PRI y el gobierno son la mejor baza que pudo haber tenido para una negociación que llevara a su captura o, en la misma línea de pensamiento, su entrega pactada en Guatemala. Que esté en la cárcel no aclara si la angustia que sentía el presidente por la fuga de Duarte acabe. ¿Qué significa su detención para el presidente? El tiempo y el proceso en tribunales irán respondiendo la pregunta.