La Fiscalía General de Guatemala
asegura que actuó conforme a la ley al compás de las solicitudes del Gobierno
de México. Javier Duarte de Ochoa no pudo ser detenido antes porque no existía
una solicitud de aprehensión para extradición por parte de la Procuraduría
General de la República (PGR).
Pese a que
Duarte está detenido, la búsqueda de las personas que conformaron su red de
apoyos para mantenerlo incógnito durante siete meses aún es una tarea
pendiente.
Mientras una
serie de ex funcionarios de su Gobierno se hayan detenidos, los más cercanos a Duarte, como su esposa
Karime Macías, su cuñada Mónica Guihan Macías Tubilla, o su concuño Santiago
Rodríguez Macías, no han sido buscados por la PGR.
En Guatemala la familia de Duarte no
ha quebrantado la ley, y el Ministerio Público de ese país aclara que sólo
puede actuar en caso de que la PGR lo solicite. Una petición que no ha llegado, pese a que toda la familia fue
encontrada en un hotel con vista al lago de Atitlán en el turístico municipio
de Panajachel.
En una entrevista concedida a
SinEmbargo, la Fiscal General guatemalteca Thelma Aldana Hernández, habla sobre
Duarte, su detención y su futuro.
— Fiscal, se
ha dicho por autoridades mexicanas y de la policía de Guatemala que hubo
indicios de que Duarte estuvo desde noviembre en Guatemala. ¿Por qué se le
detuvo hasta ahora?
— El Ministerio Público de Guatemala
recibió el 15 de abril una nota verbal canalizada a través de la embajada de
México acreditada en Guatemala. En esa nota el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos nos pedía la aprehensión provisional con miras a una solicitud formal
de extradición, o sea a México, del señor Javier Duarte de Ochoa de
nacionalidad mexicana. De tal manera que antes del 15 de abril el Ministerio
Público de Guatemala no podía actuar en función de extradición porque NO había
una solicitud. No se había recibido esta nota verbal del Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos.
— ¿Y de oficio no podía actuar el
Ministerio Público de Guatemala?
— Recuérdese
que en este caso, alrededor del 14 de octubre del año pasado, el Juez de
Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Sistema de Justicia
Penal Federal de México libró una orden de aprehensión en contra del señor
Duarte de Ochoa. Esta orden de aprehensión tuvo alerta roja a nivel de
Interpol, que incluye a Interpol Guatemala. Por supuesto, de alguna manera
cualquier país podía verificar si se encontraba o no en su territorio esta
persona. Ahora bien, la solicitud de
aprehensión con fines de extradición no se podía hacer antes, sino hasta el
momento que el Ministerio Público de Guatemala, a través de la Cancillería
recibió esta nota verbal de la Embajada de México acreditada en Guatemala.
— ¿Entonces usted dice que hasta que
se supo de la ubicación de Duarte las autoridades mexicanas actuaron y por ende
las guatemaltecas?
— Ese es el mecanismo legal y es una
muestra de la coordinación y comunicación entre las autoridades mexicanas y las
guatemaltecas.
— La familia
de Duarte no cuenta con cargos en su contra. ¿Tiene el Ministerio Público entre
sus atribuciones indagar o vigilar a la familia? Se les ha señalado de ayudarlo
con transportar cantidades de dinero, por ejemplo.
— No, el Ministerio Público no es
ente investigador en este caso. Podemos colaborar con la Procuraduría General
de la República de México si nos lo solicita a través de una asistencia legal;
a través de los mecanismos legales correspondientes.
— O sea, ¿si las autoridades
mexicanas lo solicitan sí podrían?
— Así es. Podríamos de cualquier
solicitud que nos pudiera hacer la PGR a través de asistencia legal.
— ¿Qué tan
común es la colaboración de este tipo de colaboraciones binacionales entre
ambos países?
—
Asistencias legales y colaboraciones tenemos múltiples, constantemente. Con
México, Guatemala, El Salvador, Honduras y el resto de la región. Pero,
solicitudes de extradición con México tenemos pocas.
— ¿Se
encuentra Duarte en condiciones seguras en el destacamento militar?
— El cuartel
de Matamoros es un lugar del Ejército de Guatemala que se ha tenido que
utilizar por el sistema de justicia de Guatemala, y en particular por el
Ministerio de Gobernación, por el Sistema Penitenciario Guatemalteco, como un
centro de privación de libertad, para personas que no han sido condenadas. En
consecuencia es un lugar que ofrece las condiciones de seguridad. Dependiendo
de los casos, al final son los jueces y el Sistema Penitenciario y Ministerio
de Gobernación los que deciden a donde van a enviar a las personas, de quienes
el Ministerio Público ha solicitado la orden de aprehensión.
— Ha sucedido que detenidos se
suicidan. ¿Temen que se pudiera pasar esto a Duarte?
— No hemos pensado en nada de eso.
Hay instituciones que tienen que cumplir su obligación. En este caso, el
Sistema Penitenciario y el Ministerio de Gobernación tienen que cumplir con esa
parte [velar por la integridad del detenido].
— Se ha
informado que la PGR cuenta con 60 días para presentar la solicitud formal de
extradición. ¿Qué sigue entonces?
— Esperamos que las autoridades de
México nos envían la documentación correspondiente, para que el Ministerio
Público de Guatemala comparezca a la audiencia que va a fijar en su momento el
órgano jurisdiccional. La persona a extraditar, en este caso el señor Duarte,
puede allanarse o no a la solicitud de extradición. Si acepta la extradición el
procedimiento será más rápido. De lo contrario, habrá que agotar todo el
trámite ante el Tribunal Quinto de sentencia.
— ¿Si Duarte
se niega mediante amparos en cuánto
tiempo podría tardar la extradición del ex Gobernador?
— Puede durar algunos meses. No le
puedo precisar cuánto porque depende de las incidencias que se den dentro del
proceso contra la resolución definitiva, que dicte el Tribunal de Sentencia.
Cabe un recurso de apelación, el plazo para interponer este recurso es de tres
días. Y en segunda instancia puede durar tres meses, cuatro meses, no hay un
plazo que podamos asegurar contra lo resuelto por la sala de apelaciones, confirmando, modificando, la
resolución de primer grado. Después, puede proceder una acción de amparo ante
la Corte Suprema de Justicia, y conforme lo resuelto puede proceder una
apelación ante la Corte de Constitucionalidad. El trámite del amparo puede
durar ocho meses, un año, o un poco más.
— Hablando de justicia. Desde México hemos
sido testigos de todo lo que pasa en Guatemala y hay grupos civiles que piden
una especie de Comisión contra la Impunidad mexicana. ¿Cuál ha sido en el caso
Guatemalteco la principal aportación de la Comisión Internacional contra la
Impunidad?
La Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG) ha sido un mecanismo, una herramienta valiosa
porque ha apoyado al Ministerio Público en el fortalecimiento institucional, pero
también en la investigación de los diferentes casos. Hemos conformado equipos
de trabajo del Ministerio Público con expertos internacionales de Cicig y hemos
logrado desarticular estructuras incrustadas en el Estado guatemalteco,
particularmente, de corrupción. Trabajamos de la mano, Ministerio Público y la
Cicig, los resultados de esta armonía de trabajo en conjunto están a la vista.
– ¿Hubiera
podido instalarse la Cicig sin el tomar a bien de la sociedad civil?
– No, definitivamente, no se hubiera instalado
la Cicig si la ciudadanía y sociedad civil guatemalteca no participara
activamente. Y es justamente una solicitud de sociedad civil guatemalteca hacia
el Gobierno la que dio lugar a que se creará la Comisión Internacional contra
la Impunidad en Guatemala. El papel de sociedad civil va más allá, hasta abril
del 2015 [inicio de protestas que derrocaron al ex Presidente Otto Pérez Molina
por un caso de corrupción], se ha dado el involucramiento de la ciudadanía
guatemalteca en los casos que investigamos y le dan seguimiento a las
audiencias. Y hay mucho y constante control de la sociedad civil.
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