De acuerdo
con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF),
la política de seguridad pública en el país es responsabilidad del Secretario
de Gobernación (Segob) desde el 2 enero de 2013, cuando se asignaron a esta
dependencia las tareas que antes tenía la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP).
“A la Secretaría de Gobernación
corresponde (…) formular y ejecutar las políticas, programas y acciones
tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes;
proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen
la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública
Federal”, dice la fracción XII del artículo 27 de la LOAPF.
También,
según la misma fracción, “coadyuvar a la
prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a
la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los
derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los
derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz
públicos”.
El titular de Gobernación se
convirtió en responsable de la política de seguridad pública a partir de este
sexenio, cuando la
citada reforma a la LOAPF le asignó las tareas que durante los sexenios
panistas realizó la Secretaría de Seguridad Pública, extinta con la misma
modificación legal.
Transformación
que, de acuerdo con Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio
Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, amplió no sólo las tareas del Secretario de Gobernación, sino el
espacio de “confusión” sobre qué toca a cada institución en materia de combate
a la delincuencia.
“Lo hemos dicho en otras ocasiones:
la decisión de pasar la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de
Gobernación no fue la mejor decisión”, dijo Rivas Rodríguez en entrevista.
“Creemos que
la Secretaría de Seguridad Pública, por sus mismas características, debía
permanecer como una institución autónoma; esto, porque genera confusión
alrededor de quién tenga el control de qué; en ocasiones, parece que se
desdibuja la figura del Comisionado Nacional respecto a la posibilidad que
tienen de actuar el comisionado de la Policía Federal o el Secretario de
Gobernación con los gobernadores, por tanto se han generado incluso situaciones
de duplicidades y de un debilitamiento de la función del Comisionado Nacional.
Paralelamente, la Segob debe atender muchos temas”, agregó Rivas.
El traslado de actividades de la SSP
a la Segob fue parte de la “transformación institucional” anunciada por Peña
Nieto desde el primer mes de su Gobierno, cuando también anunció que su “nueva”
estrategia de seguridad estaba basada en la “prevención” y la “planeación” y
que ya no sería “reactiva”, en alusión al “combate frontal” decretado el sexenio del Presidente
panista Felipe Calderón.
“Vamos a
planear la política y los cambios institucionales de mediano y largo plazo,
pero, también, cada decisión estratégica y operativo específico. La política de
seguridad y de justicia no pretende ser reactiva”, dijo Peña Nieto el 17 de
diciembre de 2012, en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de
Seguridad Pública.
Entre esos
cambios se concretó, en agosto de 2014,
la creación de la División de la Gendarmería de la Policía Federal, dependiente
de la SEGOB y a la cual, de acuerdo con el decreto oficial que le dio vida, se
le encargó “generar condiciones de seguridad pública ante la presencia de la
delincuencia organizada o el alto índice delictivo”.
Dos años después, sin embargo, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que a la nueva corporación
le falta evidencia de su eficacia y funcionamiento.
“El número de delitos registrados en
las entidades federativas disminuyó o aumentó invariablemente con o sin la
participación de la Gendarmería”, reportó este año la ASF.
“Implementó 75 operativos (de 10 mil)
sin disponer del análisis del comportamiento de la criminalidad (…), por lo que
realizó acciones de manera inercial y careció de los resultados obtenidos con
su intervención”,
agrega el dictamen.
LA
SUPERSECRETARÍA.
Entre 2000 y
hasta 2013, a lo largo de los dos sexenios de presidencias panistas, la
responsabilidad de “proponer la política criminal en el ámbito federal”,
“presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública” y, en general,
“salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la
comisión de delitos del orden federal, así como preservar la libertad, el orden
y la paz públicos”, fueron responsabilidad de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP).
El 2 de enero de 2013, sin embargo,
todas esas atribuciones fueron transferidas a la Secretaría de Gobernación
encabezada desde el inicio de sexenio por el ex Gobernador priísta de Hidalgo,
Miguel Ángel Osorio Chong.
En ese
inicio de sexenio, Osorio Chong acababa
de participar en la gestión del “Pacto por México” que le permitió al hoy
Presidente la aprobación del paquete de Reformas Constitucionales, como la
Educativa y la Energética, que le ganaron los únicos halagos de la prensa
internacional a su Gobierno.
Las atribuciones de Osorio Chong se
ampliaron entonces no sólo en materia de seguridad pública, sino que, en el
mismo decreto que le delegó la “política criminal”, Peña Nieto le dejó también
una responsabilidad que, desde que se redactó la actual Ley Orgánica de la
Administración Pública, en 1976, no había tenido ningún otro titular de
Gobernación: la de “coordinar” al resto de los integrantes del gabinete.
Tal
atribución quedó establecida en el Artículo 10 de dicha Ley, que por casi
cuatro décadas ordenó que “las secretarías de Estado tendrán igual rango y
entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna”.
El decreto
del 2 de enero de 2013, sin embargo, ordenó que, “sin perjuicio de lo anterior,
por acuerdo del Presidente de la República, la Secretaría de Gobernación
coordinará las acciones de la Administración Pública Federal para cumplir sus
acuerdos y órdenes”.
Tal aumento de atribuciones –más de
60, de acuerdo con el artículo 27 de la LOAPF– fue considerada entonces como
una marcha atrás en la búsqueda de contrapesos institucionales que, desde 2000,
se habían previsto al descargar a la Segob de las responsabilidades de mantener
la seguridad pública.
Pero se dio también, planteó el abogado
constitucionalista Ulises Corona Ramírez, como
un intento de fortalecer a la institución y después las “crisis de capacidad de
Gobierno” que se registraron durante los sexenios panistas, periodo al que se atribuye el crecimiento
tanto del crimen organizado como de los abusos de los Gobernadores.
“En el sexenio pasado hubo una crisis de
gobernabilidad, una crisis de capacidad de Gobierno, y esa crisis de capacidad
de Gobierno la veíamos donde el Presidente de la República no podía tomar decisiones,
aunque quisiera”, explicó Corona Ramírez, académico de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Por ello fue la presencia de
factores reales de poder como sindicatos, como Elba Esther Gordillo [ex
dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, presa desde
2013]; como la delincuencia organizada, como los gobernadores que tenían el
poder político en sus estados”, agregó Corona.
Cuatro años
después, sin embargo, los indicadores mensuales de homicidios se encuentran en
cifras similares a las registradas en el último año del calderonismo (mil 941
casos en enero y mil 838 en febrero pasado, además de 20 mil 792 casos en 2016,
l más alta del sexenio) y el crimen organizado, pese a la detención de Joaquín
Guzmán Loera, “El Chapo”, sigue presente; ahora bajo el nombre de Cartel
Jalisco Nueva Generación, entre otras organizaciones.
“Hay una
serie de índices sobre los asesinatos y la violencia, además de información
oficial de organismos internacionales que han mostrado que los problemas de
violencia y de inseguridad pública se mantienen, y que además hay una severa
crisis de derechos humanos”, dijo desde el año pasado el analista Alberto Azis
Nassif, académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS).
“Indicadores
que nos pueden decir que los resultados han sido negativos en términos de
aplicar una política pública distinta para la inseguridad, que no ha resultado,
porque se ha profundizado el problema”, agregó entonces el investigador.
“LO RECIBI
UN DIA ANTES”
En comparación con lo que ordena la
LOAPF, el aumento de la violencia y los problemas de seguridad pública no son la
única responsabilidad incumplida por el Secretario de Gobernación.
La huida del
Chapo (después recapturado), el crecimiento del Cartel Jalisco Nueva Generación
y aun la resistencia de una parte del magisterio para aceptar la Reforma
Educativa son hechos, de acuerdo con el artículo 27 de la LOAPF, atribuibles al
titular de la Segob.
Y es que las
responsabilidades que se le dieron en este sexenio al Secretario de Gobernación
son tantas que, de acuerdo con la fracción XI del Artículo 27 de la LOAPF, al
mismo Osorio Chong le corresponde “vigilar el cumplimiento de los preceptos
constitucionales por parte de las autoridades del país”.
En los últimos cuatro años, sin
embargo, Osorio Chong no sólo no tomó medidas en contra de los actos de
probable enriquecimiento ilícito de diferentes ex mandatarios, varios
compañeros de su partido, sino que, en el caso del veracruzano Javier Duarte de
Ochoa, tampoco hizo algo para evitar la fuga.
“Yo lo recibí un día antes, cuando me dijo que
habría de dejar la Gubernatura, cuando yo le dije que era muy difícil trabajar
este Gobierno con alguien tan cuestionado, que estaba lleno de problemas su
estado y que estaba, entre otros, el de seguridad, a mí preocupándome mucho, y
que el Presidente me había dado
instrucción de volver a apoyar y respaldar al estado, pero que en una
circunstancia como la de él, nos era muy difícil, y esto fue junto con pegado
que me dijo que abandonaría el… Gobierno”, narró Osorio Chong el 24 de octubre
pasado.
“Obviamente,
te imaginarás que me dijo que no tenía nada que ver en todo lo que señalaban y
yo le que le dije que eso tendría que enfrentarlo ante la justicia. Él me dijo
que, por supuesto, que lo iba a hacer, porque no tenía nada que esconder; esto
es algo que no había yo comentado, y al otro día renuncia. Se da en
coincidencia de un proceso que ya estaba anunciado el que el juez ya libera la
orden de aprehensión”, agregó Osorio Chong en la entrevista radiofónica.
Un día después de ese encuentro en
Gobernación, Duarte de Ochoa inició un periodo de más de seis meses de evasión
de la justicia.
El
Secretario de Gobernación no ha develado públicamente tener intención de buscar
la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la
República, que se disputará en 2018.
Aspiración
para la que Osorio Chong, consideró Corona Ramírez, se ve “débil”, sino es que
fuera de la competencia. A menos, agregó el académico, de que mostrara
“contundencia” en su trabajo de velar por la legalidad.
“Tiene que hacer señalamientos
contundentes; como, por ejemplo, decir ‘en la Cámara de Diputados está el
diputado Tarek Abdala (ex Tesorero de Duarte de Ochoa entre 2012 y 2015), exijo
al Congreso que declare el juicio de procedencia para que se enfrente a las
autoridades. Así de concreto, así de textual”, planteó el académico.
La oficina
de Comunicación Social de la Segob no respondió una petición de información
para este informe.
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