Padres y madres de los 43 normalistas
de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 31 meses, instalaron un plantón
indefinido frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR)
para exigir que las investigaciones sigan la ruta que marcó el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y descartar de una vez por
todas la “verdad histórica”.
Mario
González Contreras, padre de César Manuel González, señaló que la decisión de mantener el plantón indefinido se debe a “la
falta de avances en las investigaciones, y a lo que dijo el Roberto Campa (subsecretario
para Derechos Humanos de Gobernación) en la audiencia en Washington (el 17 de
marzo), de revivir la ‘verdad histórica’, echando abajo todo el trabajo de los
expertos”.
González
Contreras explicó que debido a esa
posición del gobierno de Enrique Peña Nieto, no se reunirán con el procurador
general de la República, Raúl Cervantes.
Antes de la
instalación del plantón indefinido, padres y madres, acompañados por decenas de
simpatizantes, marcharon del Antimonumento a los 43, en la esquina de Reforma y
Bucareli, hacia la PGR.
El abogado
de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, explicó
que para que los padres y madres puedan retomar el diálogo con las autoridades
se requieren cuatro condiciones “mínimas”, las cuales se pondrán sobre la mesa
también a la relatora especial para México de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), Esmeralda Arosamena de Troitiño, y al secretario ejecutivo
Paulo Abrao, “para que exijan al gobierno su cumplimiento”.
De acuerdo a
Rosales Sierra, las cuatro exigencias
son iniciar una investigación formal y seria contra elementos del Ejército
adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala; detener a los policías del
municipio de Huitzuco, identificados plenamente desde febrero del año pasado
como responsables de conducir al menos a 25 jóvenes hacia ese municipio, así
como a policías federales que fueron testigos de la detención ilegal.
Los padres y
madres de los 43 estudiantes, demandan
también una investigación contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre
Rivero, y quien fuera el fiscal del estado, Iñaki Blanco Cabrera, a quienes
señalan de cometer irregularidades que permitieron la evasión de altos mandos
policiacos y del grupo criminal Guerreros Unidos, así como la presentación
inmediata de los análisis de telefonía celular, revisadas desde el año pasado,
pero de las que no tienen noticias de qué resultados ha tenido la revisión de
los mensajes, vía Whatsapp o llamadas realizadas.
Rosales
Sierra puntualizó que incluso las
búsquedas con tecnología Lidar “en lo único en que había avanzado la PGR”, y
ahora han sido suspendidas debido a que “dicen que no tienen presupuesto, y que
para ampliar los cuadrantes necesitan 20 millones de pesos”.
El abogado insistió en que si no se da respuesta a las
demandas de los padres, “ya no se puede seguir con un diálogo ficticio, con el
que quieren entretenernos para administrar el conflicto, para que la verdad que
pueda surgir de una verdadera investigación no les afecte en las elecciones del
2018”.
Después del
encuentro con los funcionarios de la PGR, los padres y madres de los 43 se
dirigirán al Centro Prodh, donde sostendrán un encuentro con la comisionada
Arosamena y el secretario ejecutivo de la CIDH.
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