El consorcio conformado por las empresas
Construcciones Aldesem y Epccor –ambas de origen español y beneficiadas por
contratos multimillonarios en México– fue el responsable de la construcción del
“Paso Exprés” en la autopista México-Cuernavaca, una obra defectuosa por la
cual el gobierno federal le otorgó un contrato por mil 45 millones de pesos en
2014.
Pese a los señalamientos de daños
patrimoniales durante la fase de construcción y a la oposición de los vecinos, Enrique
Peña Nieto inauguró esta ampliación del libramiento de la autopista el pasado 5
de abril, y anoche –apenas tres meses después– se abrió un socavón en la
carretera, en el que cayó un automóvil con dos o tres personas a bordo. Su
suerte sigue desconocida.
Sin
sorpresa, Gerardo Ruiz Esparza, titular
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) –dependencia a cargo del
proyecto de infraestructura– no mencionó las evidencias de corrupción que
rodearon la obra desde el principio.
El funcionario echó la responsabilidad
de la tragedia a las “lluvias totalmente atípicas” que cayeron en los últimos días:
aseveró que las intemperies provocaron el desbordamiento de un riachuelo, que
trajo consigo “la basura que encontró en el camino”, la cual a su vez “taponeó
un drenaje que está debajo de la carretera”.
Poco tiempo
después de la adjudicación del contrato multimillonario al consorcio de
empresas españolas –la cual se concretó en noviembre de 2014–, la agencia Reuters señaló los vínculos
familiares entre los fundadores de Epccor y la empresa Gutsa Infraestructura,
la cual había sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP)
en 2011 por incumplimientos, entre otros en la construcción de la polémica
Estela de Luz.
Entre 2014 y 2016, la SCT otorgó
nueve contratos en torno al “Paso Exprés”, por un monto de mil 152 millones de
pesos, de acuerdo con consultas realizadas al portal de registro de los
contratos federales Compranet y al Portal de Obligaciones de Transparencia
(POT).
Aparte de la
construcción, la dependencia a cargo de Ruiz Esparza contrató a la empresa Sacc
Ingeniería SA de CV para “coordinar” el proyecto de ampliación –por un monto de
38 millones de pesos–, y otorgó un contrato de 42 millones pesos a la empresa
Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología SA de CV para supervisar las obras.
El reportero
Arturo Rodríguez indicó, en la edición 2112 de la revista Proceso, que el “Paso
Exprés” destacó como uno de los casos más graves de daños patrimoniales entre
las obras inauguradas en 2017 por Peña Nieto.
Según el
reportaje, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) detectó que “más de la mitad del presupuesto asignado a la
obra en 2015 tuvo un destino opaco, irregular y sin comprobación, cuya
principal causa fue la autorización de pagos por 257.4 millones de pesos por
mano de obra, materiales y equipos de manera injustificada”.
“La lista de irregularidades sigue en
montos más discretos hasta sumar los 270 millones de pesos, entre los que
destacan sobrepagos a contratistas, modificaciones de precios irregulares y
pago de materiales que no correspondían con lo que necesitaba la obra”, abundó.
Contratistas
españolas.
Tanto Epccor como Construcciones
Aldesem crecieron en México mediante multimillonarios contratos de obra
pública, otorgados por los gobiernos federal y estatales.
Los dueños
de Epccor son los hermanos Juan Diego, José Miguel e Ignacio Gutiérrez Sainz,
hijos de Juan Diego Gutiérrez Cortina, el fundador de Gusta Infraestructura.
Epccor forma parte del grupo español
Sacyr Construcciones, y ambas ganaron un contrato de obra pública de mil 400
millones de pesos para instalar la losa de cimentación del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Para
realizar las obras del megaproyecto más importante de la administración de Peña
Nieto, Epccor y Sacyr incorporaron una
empresa el pasado 4 de enero, llamada Sacyr Epccor NAICM, SAPI de C., cuyo
consejo de administración está incorporado por Enrique Alonso Zuñiga, Pablo
Manuel Gutiérrez Ramírez y Juan Diego Gutiérrez Sainz.
De acuerdo
con su página de Internet, Grupo Aldesa –matriz de Construcciones Aldesem–
lleva ocho años operando en México, periodo en el que se colocó entre los
principales grupos constructores del país, gracias entre otros a los numerosos
contratos de obra pública que obtuvo de los gobiernos federal y estatales.
Entre las obras adjudicadas destacan
el Túnel Emisor Poniente II, en el Estado de México, proyectos carreteros
–entre ellos la autopista Durango-Mazatlán o Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de
Las Casas–, la construcción de la planta de la empresa automotriz Audi en
Puebla, o proyectos energéticos.
Aldesem también obtuvo el contrato de
construcción de la torre de control del NAICM, en consorcio con la empresa
mexicana Jaguar Ingenieros, por un monto de mil 242 millones de pesos.
En Perú,
Grupo Aldesa se asoció con la empresa OHL, también de origen española, para la
construcción del Museo Nacional de Arqueología, por un monto de cien millones
de euros, equivalentes a dos mil millones de pesos mexicanos.
Además de tener directivos
estrechamente vinculados con el PRI, la empresa OHL fue señalada en múltiples
casos corrupción en la operación de obras de infraestructura en México, y
particularmente en el Estado de México.
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