El Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) impuso una sanción total por 191 millones 686 mil 394
pesos a cinco partidos, luego de resolver el origen y destino de los recursos
utilizados en las campañas electorales de 2012.
De acuerdo
con el consejero Enrique Andrade, presidente de la Comisión de Fiscalización, la medida derivó del acatamiento de
diversas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), ordenadas el 16 de agosto del año pasado.
En ese sentido, el Consejo General
impuso al PRI una sanción de 78 millones 950 mil pesos; al PVEM, 19 millones
520 mil 153; al PRD, 46 millones, 603 mil 684 pesos; a Movimiento Ciudadano
(MC), 22 millones 369 mil 592 pesos, y al PT, 24 millones 233 mil 870 pesos.
A propuesta de Andrade, dichas
sanciones empezarán a cobrarse hasta después del día de la jornada electoral
del 1 de julio de 2018.
Por otra
parte, se informó que el Consejo General recibió siete informes sobre el
desarrollo de los procesos electorales locales 2016-2017 celebrados en
Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, que dan cuenta de diversos
aspectos que el INE deberá mejorar para los próximos procesos electorales.
Entre dichos
informes destacan temas como el registro de representantes generales y ante
casilla, la instalación y funcionamiento de las casillas en la jornada
electoral 2017, y el seguimiento y operación de los Organismos Públicos Locales
en el desarrollo e implementación de los Programas de Resultados Electorales
Preliminares.
Este martes,
al desahogar el orden del día, el pleno del Consejo aprobó los criterios del
Registro Federal de Electores en materia de verificación de apoyo ciudadano
para las peticiones de consulta popular.
Al respecto,
el consejero Benito Nacif afirmó que los criterios aprobados en materia de
verificación del apoyo ciudadano servirán de base para brindar certeza y
claridad a los procedimientos y resultados en el ejercicio de este derecho
ciudadano de participar en la vida democrática del país.
“Estos criterios
van a permitir al Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, llevar a cabo las actividades
referentes a la verificación de los registros de aquellos ciudadanos que apoyan
la consulta popular y la comprobación de la autenticidad de las firmas, con la
finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la obligación que, en materia
de consultas populares, le confiere la Constitución y la ley”, añadió.
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