Jenaro Villamil.
En el inicio
del periodo más delicado de la sucesión presidencial, los escenarios para el
2018 se le descomponen al primer mandatario. Todo parece indicar que al primer y último presidente del Grupo
Atlacomulco le interesa más definir quién le garantizará la protección
transexenal y no quién podrá mantener al PRI en la presidencia de la República.
Para lograrlo, está dispuesto lo
mismo a sacrificar a su propio partido que a establecer una alianza con su
antecesor Felipe Calderón o con quien le garantice lo mismo que él hizo con
Arturo Montiel: la impunidad real.
La crisis derivada por la designación
de un Fiscal General de la República transexenal sólo revela lo profundo de las
divisiones y fracturas al interior del bloque peñista, de sus ex aliados
(incluyendo a los empresarios y organizaciones que siguen a Claudio X.
González), de los panistas que habían apoyado a Peña Nieto en el Pacto por
México y de los perredistas que enfrentan con poca dignidad el desfondamiento
de su partido ante la imparable “cargada” hacia Morena y hacia Andrés Manuel
López Obrador, como se demostró este domingo 3 de septiembre.
El nombre de la crisis no es Raúl
Cervantes Andrade. El actual procurador general de la República ya era una
pieza intercambiable como fiscal general transexenal desde que el escándalo
Odebrecht demostró lo profundo de la corrupción entre los gobiernos de Felipe
Calderón y de Enrique Peña Nieto, ambos involucrados en esta red trasnacional
de sobornos, así como otros expedientes que entrelazan a ambos mandatarios.
El nombre de la crisis es el “pase
automático” hacia la construcción de un Fiscal General controlado por el
peñismo. Ni los
organismos empresariales, ni las organizaciones civiles firmantes del
desplegado #PorUnaFiscalíaQueSirva, ni la corriente articulada en torno al
lópezobradorismo aceptarán ningún pase automático. En otras palabras, están vetando una propuesta que surja de Los Pinos
sin el consenso de otras fuerzas.
El último
golpe mediático contra Raúl Cervantes se lo dio Mexicanos Contra la Corrupción
y la Impunidad. La revelación del domicilio falso para documentar la propiedad
de un Ferrari demostró las mañas y las manías propias de un abogado que debiera
ser un auténtico cazador de corruptelas grandes y pequeñas y no parte de las
sospechas. Cervantes forma parte,
además, de un triángulo de poder familiar que no cuenta con el respaldo de los
otros grupos priistas: el formado por sus primos Humberto Castillejos
Cervantes, exconsejero jurídico de Los Pinos, y por Alfredo Castillo Cervantes.
Lo difícil
en estos momentos de fracturas parlamentarias es lograr la mayoría calificada
(dos terceras partes) para realizar la última reforma constitucional necesaria
del sexenio: eliminar el transitorio décimo sexto del artículo 102
constitucional (el “pase automático”), así como redactar la ley de la fiscalía
general que deberá aterrizar sus funciones y los alcances de sus dos fiscalías:
la de delitos electorales (FEPADE) y la de Anticorrupción.
Paradójicamente, Peña Nieto quiso
lograr lo que Javier Duarte consiguió antes de salir prófugo del país: nombrar
un fiscal a modo que le cubra las espaldas, y las consecuencias en ambos están
a la vista.
La paranoia
peñista ha generado una profunda crisis coyuntural. El dirigente panista Ricardo Anaya capitalizó la incertidumbre y
decidió encarecer su apoyo al gobierno federal, después de las crisis
poselectorales del Estado de México y de Coahuila, para relanzar su
candidatura.
El PRI y Peña Nieto decidieron
endurecerse y las consecuencias se vivieron en estos últimos días: se fracturó
el PAN en el Senado y la elección de Ernesto Cordero como presidente de la Mesa
Directiva ha degenerado en una crisis constitucional en la Cámara de Diputados
que no han podido instalar su Mesa Directiva.
La alianza
de facto que el peñismo ha decidido emprender con el calderonismo provocará una
peligrosa polarización no sólo en el PAN sino en el propio PRI. Si el nombre
del “protector” transexenal es José Antonio Meade –apoyado por Roberto Gil
Zuarth y Ernesto Cordero, los mismos calderonistas que crearon la fractura en
el Senado- las consecuencias serán muy graves en el partido gobernante.
Al no tener claro quién será el
candidato del PRI en el 2018, la incertidumbre se ha trasladado a los dos
partidos que acompañaron al peñismo en el Pacto por México: el PRD y el PAN.
Esta situación ha beneficiado más al único personaje que tiene hasta ahora el
veto político de Peña Nieto para ser su sucesor en el 2018: el exjefe de
Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.
Este martes 5 de septiembre, en
conferencia realizada en Washington, el dirigente y candidato presidencial
Andrés Manuel López Obrador dejó muy claro que sí Peña Nieto impone al actual
procurador general como fiscal transexenal, él pedirá al Congreso cambiar la
ley para removerlo.
“Si se impone, esto va a ser motivo
para llamar a que se tenga mayoría en el Congreso, modificar la ley y remover
al fiscal”, afirmó López Obrador. Y “destapó” a Tatiana Clouthier, exdiputada
federal del PAN e hija del excandidato presidencial blanquiazul de 1988, como
su propuesta para fiscal general porque “es honesta, íntegra e independiente”.
Una vez más,
López Obrador podría marcar la agenda en este tema, mientras el PRI en el
Senado no toma una posición clara respecto al tema del fiscal, los cinco
senadores panistas también se desmarcan del “Fiscal carnal” y Peña Nieto aún
pretende deshojar una margarita para definir quién será su sucesor.
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