Salvador Camarena.
Dejemos para
luego la definición de lo que México padece en términos de violencia. No le
llamamos guerra contra el narco, para empezar, porque todo mundo terminó harto
del calderonismo y su guerra contra el narcotráfico, o contra el crimen
organizado, da igual.
Así que no
nos detengamos a discutir si lo que atestiguamos corresponde a una guerra de
delincuentes contra el Estado, de delincuentes contra delincuentes, del Estado
contra los delincuentes (no parece la tónica en el peñismo), de delincuentes en
contra de civiles (¿guerra civil?), de civiles contra delincuentes (en su
momento Michoacán, pero hoy traducido en
un reguero de linchamientos), de civiles contra civiles, que en un clima de
impunidad aprovechan y no pocas veces arreglan sus disputas mediante la
violencia (por propia mano o contratando a delincuentes; en este rubro no sólo
deben ser considerados los homicidios sino amenazas y extorsión como vía para
imponerse unos a otros), en fin.
Reitero, ya
luego nos ponemos de acuerdo sobre cómo nombrar a la violencia. Por hoy
revisemos algunas características de los fenómenos violentos y de su contexto.
La semana
pasada circularon imágenes de un ataque en contra de instalaciones policíacas
en Coroneo, Guanajuato. El atentado fue llevado a cabo con armas de grueso
calibre y a plena luz del día por un numeroso comando. Igual que ocurrió días
antes, cuando varios policías y despachadores fueron asesinados en una
gasolinera de Apaseo el Grande, también en Guanajuato.
Nos michoacanizamos, me dice una
fuente guanajuatense. Hay una disputa en Guanajuato por el huachicol, a no
dudar uno de los motivos de los choques entre delincuentes, pero hay más bien
una lucha por el control de la plaza.
A fuerza de
ver las cosas a nivel estatal, regional cuando mucho, quizá no hemos caído en cuenta de que la plaza se llama México, que la
lucha es por todo el territorio y que lo visto en Guanajuato no es excepción
sino regla.
En ese conflicto (guerra, guerra
civil, revolución sin ideología, puramente mercenaria, etcétera), están dadas
las condiciones para que la batalla continúe.
Porque tendríamos que revisar qué
tanto del mercado de las armas (estadounidense y de otras partes) tiene hoy en
nuestro país un cliente –formal (gobiernos) e informal– de lujo. Ayer Reforma
publicó que en 2018 aumentará 17 por ciento el presupuesto a las Fuerzas
Armadas.
A pesar de lo anterior, tenemos un
Estado muy débil, con policías fallidas y juicios de trapo.
En ese mismo
rubro hay que apuntar las complicidades que llega a comprar el dinero negro: en
las campañas, luego de las elecciones (video del alcalde de Mazatepec,
Morelos), en los juzgados, y en los penales.
Los rebeldes de este conflicto son
(principalmente) las víctimas, única voz que de manera eventual amenaza el
silencio que han logrado instalar en diversas regiones los delincuentes. Por
eso las matan, porque con su valentía y persistencia hacen visible algo que a
la luz resulta insoportable: el modelo de justicia produce delincuentes sin
castigo. Callado el reclamo, a todos nos resulta menos costoso voltear a otro
lado.
Por último,
algo sobre el contexto. La violencia
ocurre en una sociedad más que resignada, cómplice de: rapacidad empresarial;
modelo productivo sin efectiva seguridad social y generador de desigualdad;
corrupción; gobiernos omisos ante delitos, fraudes y abusos…
Real o tácito, el único pacto que
perdura desde el arranque del sexenio es el que hizo que medios de comunicación
y políticos desdeñaran la urgencia de atender el baño de sangre. Aquí estamos
cinco años después, sin definición de la violencia, con problemas agravados y
sin ruta.
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