La cabeza de la hidra.

Raymundo Riva Palacio.

El presidente Enrique Peña Nieto lanzó un grito al desierto. Este jueves, en la clausura de la reunión del Consejo de Seguridad Pública, abogó vehementemente por el mando único para enfrentar a la delincuencia y por el control de confianza de las policías. Pidió a los gobernadores del país combatir a los criminales, en uno de sus últimos llamados para restaurar la seguridad en la nación. Se apoyó en un diagnóstico dramático, que subraya su gravedad porque es el mismo que el presidente Felipe Calderón tenía hace ocho años. ¿Cómo es posible que en lugar de avanzar nos hemos quedado estancados, que significa un retroceso? La tasa delincuencial es mayor a la que se registró en la administración anterior, y de acuerdo con un alto funcionario federal, va a empeorar. ¿Qué sucedió? Hay que regresar a 2009.

El 29 de septiembre de aquel año, en la glosa del Tercer Informe de Gobierno, el titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, explicó en el Congreso el Mando Único que impulsaba Calderón para combatir a la delincuencia, mediante el fortalecimiento institucional de las policías estatales y municipales, al tiempo de proporcionar un blindaje a los alcaldes. La situación era dramática. El 4.0 por ciento de los municipios no tenía policía y alrededor de 22 por ciento no tenía turnos suficientes para cubrir los horarios que se requerían. Sólo una tercera parte de los estados los tenían completos. Las deficiencias estructurales tenían que ver con baja escolaridad, paupérrimos ingresos de no más de cuatro mil pesos, y ausencia de controles de confianza.

En su discurso en el Consejo de Seguridad Pública, Peña Nieto señaló: “Las entidades, en muchos casos, no cuentan con cuerpos policiacos suficientemente sólidos y confiables. En el caso de los municipios, muchos ni siquiera han desarrollado sus propias corporaciones. Únicamente 14 de las 32 entidades tienen cuerpos policiales en todos sus municipios; y en la gran mayoría de donde sí las hay, el número no rebasa los 100 elementos. No sólo se trata de tener un mayor número de policías, sino de que sean más confiables y cercanos a la ciudadanía y que, además, estén debidamente profesionalizados. Se requiere de policías mejor preparados. En la actualidad, 70 por ciento tiene una escolaridad de secundaria o menos y, desde luego, falta avanzar en lograr una mejor remuneración. Aproximadamente 40 por ciento de los policías municipales percibe un sueldo base mensual inferior a cuatro mil 600 pesos”.

Es decir, los problemas de 2017 son los mismos de 2009. En 2010, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Conago, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, asumió como propia la iniciativa de Calderón y García Luna y la presentó al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Marcelo Ebrard, presidente en turno de la Conago, la presentó formalmente ante los gobernadores. El gobernador del Estado de México, Peña Nieto, la apoyó. Pero en el tema del control de confianza, Peña Nieto se opuso a lo planteado por Calderón, señalando que quería utilizarlo como presión política, y como otros mandatarios estatales, lo sabotearon. Incluso, al presentar su reforma judicial en diciembre de 2014, recordó que el proceso de depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos impulsado por Calderón había fracasado.

En 2009, Calderón, que el año anterior había intentado sin éxito que avanzara una ley contra el crimen organizado que incluía provisiones extra constitucionales, como aprehensiones y cateos sin órdenes judiciales, buscó una nueva salida y respaldó la propuesta de varias organizaciones civiles, encabezadas por SOS, de Alejandro Martí, para un nuevo sistema penal acusatorio. Lo que resultó de esa ley fue un adefesio aprobado en el Congreso. Por ejemplo, votaron el artículo 123, Apartado B, fracción 13, que establece la remoción de su empleo a policías, fiscales y peritos conforme a la ley vigente al momento de la remoción. Es decir, la convirtió en la única ley en el mundo que se puede aplicar con retroactividad, una especie de ley en perjuicio. Ese artículo maltrata a quienes, en el artículo 21, se les mandata para investigar delitos. La contradicción nunca fue resuelta.

El examen de ingreso y permanencia de policías, fiscales y peritos se basa en el artículo 123, por lo que, en la actualidad en la vida real, si por ejemplo un detenido argumenta que fue torturado y en la captura sufrió algún jalón o golpe porque, digamos, se oponía a la aprehensión, el juez puede determinar que sí fue torturado y se le inicia una averiguación previa que lo inhabilita para permanecer en la dependencia donde trabaja. En suma, el sistema acusatorio pleno de garantías, que aprobaron los diputados bajo la dirección de varios de quienes hoy desde el gobierno federal ven sus fallas, permite utilizar un sistema inquisitivo contra quienes persiguen a delincuentes. Lo que se construyó en todo este tiempo, contra los buenos deseos de sus impulsores, creó incentivos inversos.

El resultado directo fue el incremento de los delitos del fuero común, subrayado por el presidente Peña Nieto. “Ante los retos que implica el combate a la delincuencia, no podemos bajar la guardia, ni retroceder un sólo paso”, expresó. Su declaración tiene una buena intención, pero no irá más allá. El reto es modificar las leyes, pero ante la proximidad del año electoral, no hay ni habrá voluntad política para hacerlo. Por tanto, si las cosas están mal, se pondrán peor. No es un silogismo. Los delitos seguirán incrementándose. Las muertes también. El final del sexenio ya tiene definido su color: rojo será.