La Secretaría de Desarrollo Social,
entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones
de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para
difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia recién creada por el
gobierno para combatir la pobreza extrema.
Los apoyos
debían llegar a las familias con pobreza alimentaria que, desde abril de 2013,
se unirían a la Cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11
estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.
Sin embargo, la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) confirmó que solo se entregó el 7% de las despensas que
supuestamente se habían comprado. Tampoco hay constancia de que los programas y
beneficios restantes hayan llegado a los más pobres.
Únicamente hay pruebas de que la
Sedesol pagó por los servicios.
Este desvío se concretó gracias a la
firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de
Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias.
En la Cuenta
Pública de 2013 y 2014 se reportaron diez convenios con esas dos universidades
por un monto de 2 mil 224 millones, que debían destinarse a ampliar la
cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas
del país o combatir la pobreza.
Las universidades, que no dieron
ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación, “solo” se quedaron
con una comisión de 215 millones 446 mil pesos.
Pero el resto del dinero, poco más de dos mil
millones de pesos, se lo entregaron a 20 empresas, 19 de ellas con un ramillete
de irregularidades por las que deberían estar inhabilitadas para recibir
contratos públicos, según lo que marca la ley.
Durante varios meses, Animal Político
y MCCI se dieron a la tarea de visitar las oficinas de esas empresas en seis
estados, buscaron a los socios en las direcciones registradas y recabaron
información oficial del SAT y la Secretaría de Economía.
La investigación arrojó que los
recursos se entregaron a tres empresas fantasma, catalogadas así por el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2015; a otras tres que están
bajo investigación del mismo SAT por presuntas operaciones irregulares; a seis
que no cumplen con un requisito indispensable para operar —el registro ante la
Secretaría de Economía—; a una cuya oficina fue desmantelada apenas se recibió
el dinero; a otra que no fue localizada por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) —que reportó como domicilio para sus operaciones uno que no
corresponde a su sede—; a una que tiene una oficina virtual de la que no existe
registro de que pueda realizar servicios; a otra que es un despacho contable
sin personal o infraestructura, y a tres más que tienen un objeto social que es
completamente distinto al servicio que debían dar.
Solo una es
legal.
La Sedesol, sin embargo, se declaró
“satisfecha” con los servicios recibidos a cambio de 2 mil 224 millones de
pesos y no consideró irregular el sobreprecio que implicó el cobro de más de
220 millones por parte de las universidades a cambio de nada.
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