Adrián López
Ortiz.
La Ley de
Seguridad Interior (LSI) fue aprobada por el congreso a pesar de las críticas
de sociedad civil, expertos y organismos internacionales como la ONU y la CIDH.
Como les dijera en su cara el académico
Alejandro Madrazo: nuestros legisladores siguen creyendo que somos tontos y no
entendemos lo que sucede.
El argumento
de parte de los promotores de la ley es que era necesario regular lo que ya
sucede. Necesario tal vez, pero no así. Quienes
hemos sido críticos de la LSI creemos que con ella dimos un paso más hacia la
militarización y que las consecuencias serán graves y difíciles de revertir en
el futuro.
La pregunta de mucha gente es qué
pasará ahora. ¿Cómo será México cuando la nueva LSI se instale? Yo le puedo
decir cómo: en materia de seguridad, México será como Sinaloa. O al menos algo
parecido. Y tristemente no lo digo como algo bueno.
¿Por qué? Bien sencillo, aquí en Sinaloa el modelo
que propone la LSI se viene construyendo desde hace muchos años. Pero con el
gobierno de Quirino Ordaz dio pasos acelerados.
Me explico. De acuerdo con el colectivo
#SeguridadSinGuerra, la nueva LSI ofrece graves amenazas, enumeraré y explicaré
las más relevantes para el “Caso Sinaloa”:
1. Da a las
fuerzas armadas facultades de policía.
En Sinaloa usted puede ver militares
arriba de las patrullas de la policía: patrullan, arrestan, ponen retenes.
Desde el arranque del este gobierno, cerca de dos mil efectivos militares se
encargan de las tareas de seguridad. Y tan solo en 2017 ya tenemos más muertos
que en 2016.
2. No genera
controles para verificar el respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, desde que el ejército se apropió de las calles en Sinaloa, es
la institución que concentra la mayor parte de las quejas principalmente por
abusos de autoridad, ingresos a domicilios sin órdenes de cateo, y maltrato. Si
ya cojeaban de esa pata, ahora les damos permiso.
3. Permite a
fuerzas federales (y militares) intervenir en protestas sociales.
En 2014 se realizaron en Culiacán
marchas para protestar contra el arresto y la extradición de Joaquín Guzmán,
entonces el gobernador Mario López Valdez envió a la policía ministerial a
disolver la segunda marcha: dispararon al aire en medio del caos absoluto,
golpearon a un reportero nuestro e hicieron arrestos masivos e ilegales. De
milagro no pasó a mayores. Ahora esa tarea le tocará al ejército.
4. Toda la
información sobre seguridad interior será confidencial.
También en 2014, el Congreso Local
aprobó en unanimidad el artículo 51 Bis, en lo que se llamó coloquialmente la
“Ley Mordaza”. El artículo prohibía tratar asuntos de seguridad. A punta de
protesta, pudimos derogarlo, pero la tentación del silencio ahora se
materializa: no vamos a saber nada sobre acciones, recursos y decisiones. El
argumento será impecable: “confidencial por seguridad interior”.
5. No impone
límites de tiempo a afectaciones de seguridad interior.
¿Cuánto debe durar el ejército en una
región o estado? Lo que sea necesario. En Sinaloa el ejército asumió las tareas
de seguridad civil desde 40 años en la zona serrana y ahora lo hace también en
zonas urbanas. No es porque van ganando, sino porque cada vez la policía puede
menos y los criminales más.
6. No obliga
a que estados y municipios fortalezcan policías.
Sinaloa tiene un gran déficit de
policías y de la que existe, más de la mitad está reprobada. Tanto el
gobernador como el Secretario de Seguridad, Genaro Robles, han insistido en que
la presencia militar es temporal, pero todo indica lo contrario: el proyecto de
reconstrucción policial no se ve y se planea instalar una base militar enorme y
permanente en el centro del estado.
7. Fomenta
intervención militar en inteligencia civil.
En Sinaloa todos los mandos
importantes en materia de seguridad son ocupados por militares. Y otra de las
grandes acciones promovidas por el gobernador Ordaz Coppel es la inversión en
tecnología, en ella destaca la compra de dos drones para patrullaje y
vigilancia con valor de 3.5 MDD. ¿Adivine quien los operará?
8.
Definiciones imprecisas permiten que todo quepa en “seguridad interior”.
Dado que Sinaloa carga con el estigma
narco y todo delito de alto impacto es etiquetado de inmediato como “crimen
organizado”, el nuevo concepto de “seguridad interior” nos viene perfecto: acá
prácticamente la “seguridad civil” no existe, todo será materia de las Fuerzas
Armadas porque “todo es crimen organizado”.
¿Pero entonces que hacemos con el
argumento del “último recurso”? Porque tampoco podemos ser románticos cuando
sabemos que, en amplias zonas del país, solo el ejército puede contener a
ciertos grupos criminales.
De acuerdo,
pero el error está en confundir lo último con lo único. Como señala Michael
Ignatieff: la decisión ética debe ser
prudencial; tomarse sobre la base de demostrar que las fuerzas armadas son la
última opción; y siempre con un enfoque temporal.
Por favor señores diputados y
senadores, volteen a Sinaloa para que vean que 40 años de usar al ejército como
único recurso termina mal.
40 años de ejército no han impedido
que seamos unos de los estados más violentos del país y que la marca “Sinaloa”
no se entienda sin el prefijo “cártel”.
Acumulamos 30 mil homicidios desde la
Operación Cóndor y el Gobierno de los Estados Unidos recomienda no viajar a
nuestro estado. Esos son los saldos de la “guerra” que ahora perpetuamos. No
somos los únicos, Tamaulipas y Chihuahua pueden incluirse también. Lleve eso a escala nacional.
En fin, la
nueva LSI es peligrosa por muchas razones, pero
sobre todo por una: nos dice que no hay de otra. Que el ejército es el ÚNICO
CAMINO. Aun cuando la experiencia internacional nos enseña que no es así. Una
experiencia que nuestra clase política no ha querido escuchar.
¿Exagero? No. Si no me cree, venga a
Sinaloa. Verá al ejército en las calles, y aun así notará que vivimos con
miedo.
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