Está por cumplirse un año de que se
hiciera pública la red de corrupción que desplegó la empresa Odebrecht en 12
países, de América y África. A lo largo de ese periodo, cada uno de los países
inició investigaciones al respecto que han derivado en la detención de
funcionarios de altas cúpulas, en incautación de dinero, multas, allanamientos
de oficinas públicas y privadas, en investigaciones a ex funcionarios y hasta a
una Primera Dama.
SÓLO DOS PAÍSES NO ENTRARON A ESA
TENDENCIA: MÉXICO Y VENEZUELA. ADEMÁS, GUARDAN OTRA SIMILITUD: LOS CASOS
ALCANZARÍAN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DE LOS DOS PRESIDENTES.
En el caso concreto de México, el ex
director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ha sido el único nombre que ha salido
a la luz, aunque en la declaratoria de la empresa ante los tribunales
estadounidenses se habló de cinco funcionarios inmiscuidos con la constructora.
A lo largo
de 2017, Lozoya Austin fue sólo en una ocasión a la Procuraduría General de la República
(PGR), pero a pesar del número de medios que se dieron cita para registrar su
llegada al edificio de Reforma, al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex)
no se le vio entrar, ni tampoco se le vio partir.
Ese mismo
día ofreció una conferencia de prensa, en la que negó las acusaciones de
sobornos y anunció demandas por daño moral.
Al respecto,
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señala que, si hay un
reto para la PGR, ese es Odebrecht.
El caso está
por cumplir un año con una sentencia dictada en Estados Unidos contra Odebrecht
por los casos de corrupción ocurridos en varios países de América Latina y también
en México.
“Este es un asunto juzgado ya y
sancionado en otros países, mientras que en nuestro país no ha habido, cuando
menos claridad de hacia dónde van las investigaciones y cómo pueden encontrarse
responsables las personas que ya son responsables en Estados Unidos […]
Sorprende cómo un asunto que ya fue juzgado y solucionado en los Estados
Unidos, no lo pueda hacer el Estado mexicano”, comentó en entrevista con
SinEmbargo.
Aclaró que
el caso Odebrecht tiene dos vertientes.
Por un lado, están las revelaciones que han salido sobre Emilio Lozoya, que son
del ex directivo de la empresa en México, Luis Alberto de Meneses Weyll,
algunas en audiencias en Brasil y otras de un audio y las que están en el
expediente y en la sentencia de un juez que habla de la existencia de cinco
funcionarios mexicanos.
En este
sentido, la PGR dijo que solicitó a las autoridades brasileñas la información
del caso y que no la había entregado porque estaba clasificada bajo la ley de
transparencia de Brasil. Lo que no quedó
claro, según Bohórquez, es si la PGR hizo lo mismo con el Departamento de
Justicia de Estados Unidos.
Y agregó,
que lo que tampoco ha hecho la PGR, es
llegar a sus propias conclusiones con sus propias pesquisas, con los nombres de
quiénes podrían ser las personas involucradas en el tema. Además, tampoco se
sabe si la investigación que actualmente realiza tiene implicaciones sobre los
mecanismos de financiamiento de las campañas electorales, en particular la de
2012 y si los sobornos se hicieron a servidores públicos en activo del sector
energético, que es la información vertida en los documentos del Departamento de
Justicia de Estados Unidos.
“Hay que aclarar eso y, además, si la
PGR conduce investigaciones propias en paralelo, independientemente de lo que
digan los otros dos países, y en qué estado se encuentran. Que digan, por qué
después de un año, siendo este un asunto juzgado por otras autoridades y que
encontró sanción, porque aquí no ha pasado nada”.
MÉXICO
Cero
detenidos.
1 ex
funcionario citado a declarar.
Son cinco los funcionarios implicados
en el caso, pero hasta el momento, por otras declaraciones emitidas en Brasil,
sólo ha surgido el nombre de Emilio Lozoya Austin, según las primeras
declaraciones realizadas en Estados Unidos.
De acuerdo
con las declaraciones de Luis Alberto de Meneses Weyll -cuyos videos fueron
difundidos por Quinto Elemento Lab-, Emilio
Lozoya recibió 4 millones de dólares que habrían tenido como destino la campaña
de Enrique Peña Nieto, para luego, obtener ayuda con contratos con Pemex.
De acuerdo
con la declaración, Lozoya planteó a
Odebrecht, que sería “muy importante” si pudieran contribuir con algo cuando él
los había apoyado desde 2009.
El reconocimiento pedido era de 5
millones de dólares, pero le dieron 4 millones. Luego, ya al frente de Pemex,
recibió otros 6 millones de dólares.
Lozoya, según la empresa, tenía
potencial en el gobierno y eso ameritaba una relación “más estrecha y de
confianza” con él.
La
declaración de Meneses es expresa: en
2012, Emilio Lozoya recibió 4 millones de dólares como miembro del comité de
campaña. En 2013 y 2014, ya como director de Pemex, recibió 6 millones de
pesos” y agregó que, de “tener éxito”, habría más compensaciones.
Hasta el
momento se sabe que también, una filial
de Odebrecht, Braksem, intervino en la campaña de Peña Nieto con transferencias
por 1.5 millones de pesos, que fueron transferidos a Latin América Asia
Capital, empresa que ha sido relacionada por testigos protegidos, con Lozoya
Austin.
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