viernes, 8 de diciembre de 2017

El CCE se queja de la corrupción con Videgaray, y ve “buen inicio” el proyecto económico de AMLO.


El sector privado de México dijo este viernes que la falta de Estado de Derecho y la inseguridad han provocado que los costos por la corrupción lleguen al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en una reunión con Luis Videgaray, Secretario de Relaciones Exteriores.

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que es el mayor sindicato de los hombres del capital en México, explicó que el robo al transporte se ha incrementado de manera importante.

“Las pérdidas de mercancías, las pérdidas de inversiones o desincentivo para las inversiones son inminentes y hay regiones que tienen que ser atendidas urgentemente. El robo al transporte, el daño a los choferes está siendo cada vez mayor. Y es éste el principal problema que debe atender tanto el Gobierno federal como los estatales”, mencionó a medios Castañón después de una reunión con el Canciller Videgaray Caso.

El 88.8 por ciento de los mexicanos considera que la corrupción es una práctica que ocurre de manera muy frecuentemente entre los servidores públicos o empleados del gobierno, quienes son percibidos de abusar de sus funciones para obtener beneficios personales, así lo reveló hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a propósito del Día Internacional contra la Corrupción que se celebra este 9 de diciembre.

Pero al salir del encuentro con Videgaray, Castañón Castañón habló acerca de la propuesta económica del líder de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, que ayer lanzó a los empresarios de México.

El empresario consideró que el planteamiento de López Obrador es “un buen inicio de conversación” que les gustaría profundizar, según difundió el diario Milenio. Castañón agregó que los empresarios participarán en el proceso electoral de 2018 discutiendo y haciendo propuestas a los diferentes abanderados a fin de tener un análisis profundo sobre el modelo económico del país.

De acuerdo con el diario, sólo el empresario Claudio X. González se quejó de AMLO. Volvió a acusarlo de populista.

MEXICANOS, HARTOS DE LA CORRUPCIÓN.

De acuerdo con la información analizada de diferentes proyectos estadísticos del Inegi en 2015, la entidad con más cantidad de eventos de corrupción fue el Estado de México con 62 mil 160 episodios por cada 100 mil habitantes mayores de edad que tuvieron contacto con algún servidor público, seguido por Sinaloa con 58 mil 232 hechos de corrupción.

EMPRESARIOS TAMBIÉN VEN CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO.

En el año 2016 se publicó en México la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), la primera en su tipo que brinda información sobre la percepción, experiencia y satisfacción de las unidades económicas respecto a los trámites y servicios ofrecidos por el Gobierno.

Para el sector privado, la corrupción en el país se encuentra entre los cinco principales obstáculos para el crecimiento de las empresas. De acuerdo a la encuesta, 17.6 por ciento de los establecimientos la ubican entre los tres problemas más importantes que aquejan en la entidad donde radican, después de los problemas como la inseguridad, la delincuencia, el aumento de precios de los insumos o el entorno económico de la entidad.

Similar a lo manifestado por la población, a nivel nacional 82.2 por ciento de las unidades económicas consideraron que la corrupción ocurre con frecuencia o mucha frecuencia entre los empleados de gobierno o servidores públicos.

El 64.6 por ciento de los establecimientos consideraron que se ven orillados a participar en actos de corrupción con el fin de agilizar algún trámite; 39.4 por ciento señaló que otro motivo importante para propiciar un acto de corrupción es para evitar multas o sanciones, y 30.7 por ciento mencionó que el obtener licencias o permisos son también motivo de corrupción.


Por su parte, menos del 15 por ciento de las empresas consideraron que la corrupción se presenta para ganar contratos gubernamentales o para participar en licitaciones.

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