El error de López Obrador.

Raymundo Riva Palacio.

Si quería captar la atención de la respetable opinión pública y la sociedad política, Andrés Manuel López Obrador lo logró con creces, aunque negativamente, por su declaración de que analizaría darle amnistía a los líderes de los cárteles de las drogas a cambio de regresar la paz a las calles mexicanas. No ha habido nadie con autoridad moral o representatividad, salvo la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, que haya salido a defender o explicar las razones de López Obrador. Tampoco él tuvo los reflejos para enfrentar y salir de la avalancha que le cayó encima. En su propio portal no se registró la declaración que hizo el sábado en Guerrero, donde adelantó la propuesta que tanto daño le está causando. La errata comenzó a ser reconocida en casa, pero orgulloso, no la admite todavía.

Si quería López Obrador confrontarse con todos, comenzar a ser criticado por el simplismo de su propuesta y mofa en las redes sociales –donde circuló desde el lunes al mediodía un meme de Joaquín El Chapo Guzmán con la leyenda de campaña, “estaría mejor con López Obrador”–, este fue el mejor camino. Si quería seguir agraviando a las Fuerzas Armadas, fue el atajo más rápido. El gobierno no puede pactar con la delincuencia organizada, dijo el secretario de la Marina, el almirante Vidal Soberón, porque sería convertir al Estado en parte de la delincuencia organizada. ¿Habrá pensado López Obrador que su propuesta convertiría a su eventual gobierno en un delincuente?

López Obrador necesita corregir rápidamente su dicho y rechazar esa propuesta. Su autoridad moral como líder depende de ello y no puede refugiarse en su base electoral, que es incondicional y a la que no le importa estar dentro de la ley o en la ilegalidad, o que sus dichos y ocurrencias le causen daño político a aspiraciones presidenciales, o lo descalifiquen como un aventurero que no entiende la complejidad de los temas de fondo. No puede jugar con su gradería que, en dos elecciones presidenciales, ha mostrado ser insuficiente para llegar al poder.

Desde el lunes, varios analistas han mostrado lo inútil que ha sido esta medida en experiencias internacionales. Tiene una doméstica, emprendida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en Michoacán, donde, en 2013, con la finalidad de liquidar a Los Caballeros Templarios, armó grupos paramilitares, denominados grupos de autodefensa civil, con protección del Ejército y la Policía Federal, inspirados e infiltrados por los cárteles Jalisco Nueva Generación y de los hermanos Beltrán Leyva. Esas acciones representan el elemento más vulnerable que tiene el presidente Peña Nieto para que pueda ser llevado a cortes internacionales acusado de genocidio. ¿Qué nadie le explicó a López Obrador aquel episodio que consideraría repetir, a nivel nacional, de ser presidente?

Una línea de discusión en los medios comenzó, en cambio, a socializarse. Si López Obrador plantea la amnistía para los líderes de los cárteles de las drogas, ¿no está buscando también financiamiento del narcotráfico para su campaña presidencial? Cercanos a López Obrador aseguran que es un disparate, pero al igual que las técnicas que él maneja, las percepciones se van construyendo hasta convertirlas en realidad. Para que una percepción cobre legitimidad –que no es lo mismo que legalidad o certeza–, debe haber elementos que la alimenten. López Obrador los tiene. Recientemente en Guerrero, donde hizo esa declaración, nombró como su coordinador de campaña al exalcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, de quien se escribió en este espacio en febrero de 2007:

“¿Qué tanto se metió el alcalde de Acapulco con los cárteles de las drogas? No hay acusaciones contra él a nivel federal, ni averiguación previa en marcha. Sí se tiene indicios en el gobierno federal de que hubo dinero del narco en la campaña de Salgado Macedonio, de los dos cárteles que se disputan Acapulco, el de Sinaloa y el del Golfo, que encabezan los hermanos Beltrán Leyva y su socio Joaquín El Chapo Guzmán, y el recientemente extraditado a Estados Unidos, Osiel Cárdenas”.

Los nexos oscuros de López Obrador en Guerrero no le ayudan en absoluto. En 2006, Salgado Macedonio acumulaba 20 amenazas de muerte y había bajado cerca de 30 kilos de peso por las angustias. Salvó su vida por la protección federal y porque los cárteles comenzaron su guerra de unos contra otros. Otro asociado a López Obrador en Guerrero es Lázaro Mazón, que fue secretario de Salud en el gobierno de Ángel Heladio Aguirre, quien lo separó (del cargo) después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa por su relación con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien presentó a López Obrador para que lo apoyara en su carrera política. Abarca está preso por aquél crimen, y se han ido recopilando evidencias que lo vinculan directamente con aquella desaparición y el asesinado de varios de esos estudiantes.

López Obrador va a seguir abriendo espacios para que lo critiquen o denuesten si no lo frena. Las analogías se van a trazar rápidamente con Venezuela, donde ya lo han estado equiparando con el finado Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, que han tenido conexiones con los cárteles de las drogas y crearon un incipiente narco-estado. Es claro lo que tiene que hacer el precandidato presidencial aquí: rectificar y establecer una postura contundente contra los criminales, sin matices. O está a favor, o está en contra de los cárteles de las drogas. No hay más para dónde hacerse. Como es su comportamiento público, está entre el todo o el nada, sin nada en medio.