Ante la “devastación actual” generada
por la empresa minera canadiense Almaden Mineral en la región de
Ixtacamaxtitlán, Puebla, un grupo de pobladores viajó hoy a Canadá para
convencer al gobierno y los inversionistas de ese país que detengan el
proyecto, el cual se encuentra en fase de exploración.
Los habitantes de la zona realizarán
una visita de 10 días en Canadá, donde presentarán a funcionarios,
inversionistas y comunidades indígenas un informe sobre las violaciones a los
derechos humanos provocados por el proyecto minero, con el afán de poner fin a
la mina y exigir que el gobierno de Justin Trudeau obligue las empresas a
respetar los derechos humanos “en todas sus operaciones”.
La
organización PODER, que acompaña a las comunidades aledañas a la mina, documentó en abril pasado que Almaden
Minerals mintió tanto a las autoridades ambientales mexicanas como a los
propios inversionistas.
Según la
organización, la empresa omitió informar
a las autoridades ambientales mexicanas que realizó 236 excavaciones más de las
reportadas. Tampoco dijo que en algunas de ellas perforó el subsuelo hasta 700
metros, contra los 160 autorizados por ley.
Además, indicó a los inversionistas que la zona de
operación del proyecto minero está “vacía” o “despejada”, cuando en realidad se
trata de un municipio de 20 mil habitantes.
En los últimos años se multiplicaron
los informes y señalamientos de las afectaciones ambientales y violaciones a
los derechos humanos derivados de las empresas mineras de capital canadiense en
el mundo. Canadá es el hogar de cerca de la mitad de las compañías mineras en
el planeta.
Entre 2000 y
2015, seis proyectos mineros operados en
México por empresas de capital canadiense derivaron en hechos violentos en los
que ocho personas fallecieron, dos desaparecieron, 14 fueron heridas, 35
detenidas y 83 enfrentaron la justicia, como lo señaló el Proyecto para la
Justicia y la Rendición de Cuentas Corporativa (JCAP, por sus siglas en
inglés), una organización de abogados canadienses.
En junio
pasado, al concluir una visita de 10 días en Canadá, el Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos denunció “la criminalización de las protestas pacíficas y el uso del
personal de seguridad y la policía para romper y arrestar a los activistas que
estaban ejerciendo su derecho democrático a protestar contra los proyectos
extractivos dentro y fuera de Canadá”.
Y el año anterior, un grupo de 180
organizaciones no gubernamentales exigió a Trudeau, el primer ministro
canadiense, que obligue las empresas mineras a cumplir con los tratados
internacionales en materia de derechos humanos en las actividades extractivas
en América Latina. En una carta abierta, le pidieron que las empresas respeten
las decisiones de las comunidades opuestas a la instalación de minas en sus
territorios.
Los sucesivos gobiernos mexicanos
otorgaron más de 25 mil concesiones mineras al capital privado, las cuales
amparan 13.5% del territorio nacional, mil 609 de ellas están en Áreas
Naturales Protegidas (ANP).
En estas
concesiones se desarrollan alrededor de mil 327 proyectos, la mayoría de ellos
se encuentran en fase de exploración.
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