Human Rights Watch es una
organización más que se suma al rechazo a la ley de seguridad interior, por lo
que pide al Senado no aprobarla.
“Durante más de una década, México ha
empleado con frecuencia a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia
organizada y los resultados han sido catastróficos”, destacó Daniel Wilkinson, director
adjunto para las Américas de Human Rights Watch.
“Aunque el país necesita urgentemente
mejorar su respuesta ante los problemas de seguridad pública, delegar esta
tarea a las Fuerzas Armadas, que tienen nefastos antecedentes de derechos
humanos, no es la solución”, agregó de acuerdo con un comunicado.
“Es necesario que haya un debate
mucho más serio sobre temas de seguridad en México”, opinó Wilkinson.
“Es notable que, tras más de 10 años
de resultados nefastos y catastróficos, el Congreso mexicano pretenda reforzar
una estrategia de seguridad pública militarizada que ya ha demostrado ser
errada y costosa”.
La ONG recordó que, entre 2006 y 2016, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos recibió casi 10 mil denuncias de abusos
cometidos por militares, incluidas más de 2 mil recibidas durante el actual
gobierno.
Expuso que el proyecto de ley otorga
a las Fuerzas Armadas mexicanas amplias facultades para intervenir en
actividades de “seguridad interior”, entre otras cosas, para recabar datos de
inteligencia haciendo “uso de cualquier método lícito de recolección de
información”.
El proyecto de ley no incluye medidas
para fortalecer las instituciones policiales, ni tampoco una estrategia para
poner fin al uso de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública. La
ley tampoco incluye medidas para garantizar que las operaciones militares
tengan un control y una supervisión a cargo de una autoridad civil
independiente, ni para asegurar que las autoridades de la justicia penal
ordinaria investiguen y juzguen abusos militares, subrayó.
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