El Movimiento por la Paz logró
recuperar los documentos necesarios para devolver una propiedad, ubicada en San
Miguel Totolapan que fue utilizada como oficina del PRI por el Diputado con
licencia Saúl Beltrán Orozco, a sus legítimos dueños. Además, cerca de 3 mil
vecinos de la misma localidad marcharon este martes por el primer aniversario
del movimiento.
Una propiedad ubicada en el centro de
San Miguel Totolapan que fue utilizada como oficina del PRI y casa de campaña
del diputado con licencia Saúl Beltrán Orozco, le fue quitada a una mujer que
fue secuestrada y ejecutada pero el Movimiento por la Paz
recuperó los documentos para devolverla a sus hijos.
Fuentes del
movimiento informaron que están
contactando a los familiares que tienen en custodia a los dos menores
huérfanos, pues también el padre de familia, que era un policía, fue asesinado.
Estiman que los hijos son
adolescentes y esperan tener acercamiento con ellos, para entregarles los
documentos que los acreditan como legítimos herederos de la propiedad, que
estaba en posesión del diputado con licencia Saúl Beltrán Orozco del PRI.
La casa era de la señora Yuridia, una
activista del PRI que fue secuestrada y ejecutada durante la administración
municipal de Saúl Beltrán, motivo por el cual la familia se fue del pueblo.
La casa fue remodelada y comenzó a
ser utilizada como oficinas del PRI municipal. También tiene los logotipos de
casa de campaña de Saúl Beltrán a la diputación local de 2015.
La casa se ubica en la calle Lerdo de
Tejada, a un costado del auditorio de la casa ejidal de bienes comunales, que
actualmente es utilizada por el Ejército como su base, desde mayo cuando
establecieron de forma permanente en la localidad como parte del Operativo
Relámpago.
La propiedad
está abandonada desde hace más de un año. La
familia huyó del pueblo y no hay priistas activos en la localidad, pues temen
que los relacionen con el diputado.
Actualmente el PRI en San Miguel
Totolapan está desarticulado, no hay aspirantes. Se estima que podrían poner un
candidato que no radique en San Miguel Totolapan para llenar el espacio.
De la vivienda no hay denuncias
formales en ninguna instancia, pues la mayoría de los casos ocurridos en esa
localidad no tienen antecedentes legales porque las familias temían presentar
cargos.
MARCHAN 3
MIL VECINOS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.
Ayer unos 3 mil vecinos marcharon por
las principales calles de San Miguel Totolapan por el primer aniversario del
Movimiento por la Paz, que dio origen a una lucha contra el grupo de la
delincuencia organizada Los Tequileros y en contra de los secuestros y
extorsiones.
Los
manifestantes Exigieron que el gobierno
aplique justicia, la detención del diputado priista Saúl Beltrán Orozco y de
Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
La gente de
San Miguel Totolapan se manifestó por las principales calles haciendo un
circuito hasta llegar a la plaza principal, donde leyeron un pronunciamiento.
Llevaban
cartulinas donde pedían al gobernador
que se reflejara el orden y la paz que prometió en campaña, “Queremos que el
gobernador cumpla su palabra de traer orden y paz”. “Detengan al tequilero”,
expresaban otras. También decían “Detengan al diputado Saúl Beltrán el
verdadero tequilero”, y “Gracias al movimiento por la paz por la seguridad que
trajeron”.
Los
manifestantes iban vestidos de blanco y llevaban globos del mismo color.
Participaron todas las escuelas y maestros, comerciantes, transportistas,
llegaron familias que tenían parientes secuestrados. El grupo fue encabezado
por 12 consejeros del Movimiento por la Paz.
Se informó que el 12 de diciembre el
pueblo se levantó en armas procurando la paz de San Miguel Totolapan, harto de
“los secuestros levantones, extorsiones y homicidios, ante la falta de atención
del gobierno federal y estatal para combatir la banda de Los Tequileros
encabezada por el diputado Saúl Beltrán Orozco y Raybel Jacobo de Almonte”.
Negaron que haya un líder en el
movimiento, “aquí no hay caudillismo ni líderes porque está encabezada por
maestros, trabajadores de la salud, amas de casa, comerciantes, transportistas,
en pocas palabras por todas las fuerzas vivas de San Miguel Totolapan, porque
aquí todos somos hermanos del sufrimiento y del dolor que causaron tantos
delitos, tanta complicidad del gobierno, tanta impunidad”.
Puntualizaron que no hay partidos
políticos detrás del movimiento, quedaron rebasados “por el dolor que
provocaron las muertes de familiares, del dolor de los secuestros, de las
violaciones de mujeres. Aquí el dolor unificó nuestros criterios y los partidos
quedaron rebasados”.
Mencionaron que el Movimiento por la
Paz comenzó tras el secuestro del ingeniero Isauro de Paz Duque, reclamaron que
“el gobierno y sus órganos de impartición de justicia cumplan su tarea y su
responsabilidad, porque no es posible que la denuncia interpuesta por el
ingeniero Isauro de Paz Duque y otras más estén congeladas, y por otra parte, las denuncias en contra del diputado con
licencia Saúl Beltrán Orozco, y las órdenes de aprehensión contra Raybel Jacobo
de Almonte, Mauro González, El Vago, y demás integrantes de Los Tequileros
continúen sin efecto”.
Demandaron “autorizar más plazas para maestros, más
médicos, enfermeras, profesores de todos los niveles educativos para San Miguel
Totolapan, para que nuestros hijos jóvenes, mujeres, hombres y adultos se
eduquen y trabajen la riqueza de nuestra tierra, pero también que enjuicien a
los delincuentes”.
En su
comunicado hicieron un reconocimiento al
“Ejército, a la Marina, a la Policía Estatal y Ministerial, a la Procuraduría
General de la República, su trabajo para preservar la seguridad de nuestras
familias y desde aquí les decimos gracias”.
El movimiento reconoció la fuerza del
magisterio, puntualiza que “no somos comunitarios, no somos autodefensas, sino
un movimiento social surgido del pueblo, todos somos el movimiento por la paz
que busca justicia, paz y tranquilidad, y les decimos que este movimiento se
mantiene de pie y con más fuerza que nunca”.
El movimiento que comenzó el 12 de
diciembre del 2016 terminó por mover al gobernador Héctor Astudillo Flores, a
500 soldados, a 500 policías, a grupos antisecuestro a medios de comunicación
nacionales y extranjeros para escuchar al pueblo de San Miguel Totolapan, que
demandó no más secuestros, y que dejó sin un diputado en el Congreso local al
PRI.
Transportistas, comerciantes, maestros,
médicos y diferentes sectores sociales participaron en un principio de forma
muy activa, quienes se enfadaron del olvido de las autoridades ante la ola de
secuestros y extorsiones y se levantaron en armas.
“Que obra
quieren, pónganse de acuerdo y díganme”, fue la voz del gobernador Héctor
Astudillo Flores en el encuentro que sostuvo con la autodefensa en febrero de
este año, pero la respuesta fue clara y
contundente: “la única obra que queremos es la detención de Raybel Jacobo de
Aalmonte y el desafuero de su jefe, el diputado Saúl Beltrán Orozco”.
El
levantamiento ocurrió el 12 de diciembre de 2016. El pueblo se unió para combatir los secuestros y las extorsiones y
exigir la atención del gobierno del Estado y del federal.
LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
Durante casi un año San Miguel
Totolapan no tenía transporte público y no entraba ningún tipo de comercio de
distribución para las tiendas por temor a los saqueos. Un día después de que
comenzó el movimiento regresó el transporte y se reactivó el comercio.
La medida provocó el regreso de por
lo menos 10 familias de comerciantes que tenían tiendas grandes en la
localidad, y quienes huyeron después de ser secuestrados.
Se restablecieron algunas fiestas
religiosas empañadas en años anteriores por hechos de violencia.
El movimiento logró sacudir al
estado. Después de ser un municipio sin atención, el gobierno de Héctor
Astudillo Flores concluyó varias obras pendientes. Mandó policías y militares.
Pero sobre todo logró el repliegue hacia
la sierra de El Tequilero, aunque el movimiento lo quería detenido y procesado
las autoridades sólo hicieron un intento por atraparlo.
Además, lograron que el diputado Saúl Beltrán
Orozco se separara del cargo. La vinculación entre el diputado y El Tequilero
fue ampliamente exhibida y aceptada por el propio fiscal Javier Olea, gracias a
la aportación de pruebas del mismo movimiento.
Además, los vecinos soportaron el embate del
gobierno que con mil efectivos intentaron dispersarlos, pero ahora mantienen la
seguridad en la parte rural y se coordinan con los cuerpos policiacos y
militares.
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