Entre enero de 2015 y septiembre de
2017, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) registró que se han
pagado, con recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, 115
millones 77 mil 809 pesos en compensaciones por violaciones a los derechos
humanos que cometieron autoridades federales.
Los responsables de los 39 casos que
se reportaron en este periodo, y en los que se atendió a 216 personas
afectadas, son la Secretaría de Marina (Semar), la Procuraduría General de la
República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión
Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (CNS), el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), la presidencia municipal de Apatzingán y los
gobiernos de Jalisco, Baja California, Michoacán y del Estado de México.
En el
documento que la CEAV entregó como respuesta a una solicitud de información,
vía Transparencia, se destacó que en
2015 hubo 62 víctimas beneficiadas; un año más tarde fueron 105 y en lo que va
de este año se contabilizaron 49.
Entre las violaciones a los derechos
humanos que se resaltaron en el listado están al debido proceso, a la libertad
personal, a la integridad, a la impartición de justicia, al acceso a los
derechos que les corresponden a las víctimas y ofendidos del delito, a la vida,
a la legalidad y la seguridad jurídica, a la verdad y a la debida procuración
de justicia, a la protección de datos personales, a la vida privada y a la
presunción de inocencia.
Sin embargo, también se acentuaron otras por detención
y ejecución arbitraria, desaparición forzada, retención ilegal, tortura y
tratos crueles, atentados contra la libertad sexual y privación ilegal de la
libertad. No se proporcionaron detalles de cada hecho, pues lo prohíbe la Ley
General de Víctimas.
Los montos
otorgados son muy variables. Por
ejemplo, en la segunda compensación de 2015 se entregaron cinco millones 655
mil 530 pesos para una víctima directa y siete indirectas por privación de la
vida. Sin embargo, en la segunda de 2016, la misma cantidad de afectados
recibieron, también por asesinato, seis millones 908 mil 587 pesos. En ambos la
autoridad responsable fue la Sedena.
El 9 de
noviembre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 54/2017, dirigida
al general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena, por cateo ilegal,
detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y violencia sexual en
agravio de tres víctimas, así como la ejecución arbitraria de dos personas más
en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Los hechos ocurrieron a principios de 2016.
Para Jorge
Tejada Montaño, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO), con la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Interior, que
busca regular la actuación de los militares en las calles, existe el riesgo de que este tipo de acciones se incrementen, pues
consolidaría y alargaría su presencia en el espacio público.
“El Ejército, cuando sale a las
calles, tiene una misión. Se le entrena no para usar su criterio (como a las
policías preventivas), sino para seguir órdenes, y todos sus operativos son
para aplastar al enemigo”.
Tejada
Montaño explicó que si bien la
iniciativa tiene lógica, pues los soldados no quieren ser juzgados por
tribunales locales e internacionales debido a sus actos, es necesario que el
Senado la rechace. Pero si es aprobada, resaltó que se tendría que aclarar la
temporalidad del estado de emergencia o de excepción que le permite al
presidente mandar a los militares a la vía pública y detallar las justificaciones
de la declaratoria y las facultades de investigación que se le dan al Ejército.
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