La corrupción es una práctica que
ocurre de manera frecuente o muy frecuentemente entre los servidores públicos o
empleados del gobierno, quienes son percibidos de abusar de sus funciones para
obtener beneficios personales, considera 88.8% de la población mexicana.
Así lo deja
ver el reporte “Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la
Corrupción” –que se conmemora el 9 de diciembre–, realizado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Según el
análisis, durante el 2015, en el país
hubo 12 mil 590 personas involucradas en algún evento de corrupción al
solicitar cierto trámite o servicio público por cada 100 mil habitantes de 18
años y más que tuvo contacto con algún servidor público.
A escala
nacional, se llevaron a cabo 30 mil
actos de corrupción por cada 100 mil habitantes de 18 años y más, lo que indica
que, en el país, cada víctima de corrupción experimentó alrededor de 2.4 actos
de esta situación.
Las tasas de prevalencia de
corrupción más altas se encontraron en los estados de Morelos con 20 mil 92
víctimas por cada 100 mil habitantes que tuvieron contacto con algún servidor
público. En Sinaloa hubo 18 mil 144; en Chihuahua, 17 mil 621; en Michoacán, 16
mil 321 y en la Ciudad de México se registraron 16 mil 167 víctimas de
corrupción.
Según el
organismo de estadística, la corrupción puede definirse como un acto que
deviene de una serie de desvíos de acuerdos y valores relativamente aceptados
dentro de una sociedad o grupo de individuos, en el cual se toma ventaja
inapropiadamente de una determinada posición en ese conjunto de relaciones.
Desde el ámbito de las instituciones
públicas, es un fenómeno social que involucra un entramado de relaciones de
poder entre diferentes actores para desviar los fines del poder público hacia
la obtención de beneficios particulares.
“La corrupción amenaza el desarrollo
sostenible de los países, distorsionando los mercados e inhibiendo las
decisiones de inversión, además de que es violatoria de los derechos
humanos. La corrupción está presente
tanto en países desarrollados como en países en desarrollo y no está
restringido al sector público, sino que también se manifiesta en ámbitos
privados”, explicó el Inegi.
El panorama
de las empresas.
Para las empresas de todo tamaño, la
corrupción en México se encuentra entre los cinco principales obstáculos para
su desarrollo.
Según la
encuesta, 17.6% de los establecimientos
la ubican entre los tres problemas más importantes que aquejan en la entidad
donde radican, después de la inseguridad, la delincuencia, el aumento de
precios de los insumos o el entorno económico de la entidad.
De hecho, 64.6% de los establecimientos consideraron
que se ven orillados a participar en actos de corrupción con el fin de agilizar
algún trámite; 39.4% señaló que otro motivo importante para propiciar un acto
de corrupción es evitar multas o sanciones, y 30.7% mencionó que obtener
licencias o permisos son también motivo de corrupción.
Por su
parte, menos de 15% de las empresas
consideraron que la corrupción se presenta para ganar contratos gubernamentales
o para participar en licitaciones.
En el 2016, la tasa de prevalencia de corrupción en el
sector privado alcanzó los mil 93 establecimientos partícipes de al menos un
acto de corrupción por cada 10 mil unidades económicas que realizaron al menos
un trámite o fueron sujetas a una inspección, sin incluir a las unidades
económicas de tamaño micro.
Por entidad federativa, Quintana Roo,
Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Puebla, Nayarit y la Ciudad de México
fueron los estados que presentaron las mayores prevalencias de eventos de
corrupción en la interacción de las empresas con el gobierno, con tasas de más
de mil 500 establecimientos por cada 10 mil.
Al analizar la prevalencia de
corrupción por sector de las empresas, se encontró que las empresas del sector
industrial tuvieron la tasa de corrupción más alta con respecto a los
establecimientos de los sectores de comercio y de servicios, con 755 unidades
económicas víctimas de corrupción por cada 10 mil empresas.
Las
situaciones que derivan en corrupción.
De los 8.3 millones de trámites,
pagos y solicitudes de servicios que realizaron las empresas en México durante
el 2016, en 3.8% de ellos las empresas fueron víctimas de algún acto de
corrupción.
Al analizar
la desagregación por la naturaleza o tema del trámite se encontró que, del total de trámites realizados ante
autoridades de seguridad pública o de procuración de justicia para el inicio o
seguimiento de una averiguación previa, fue donde se observaron los mayores
actos de corrupción con 44.5% y 30.6%, respectivamente.
Los procesos y juicios laborales y
mercantiles también presentaron altas prevalencias de corrupción con 24.9% de
los trámites.
“Para que
las empresas puedan funcionar, tienen que cumplir con una serie de reglas y
normas que son establecidas por el Estado con el fin de regular diversos aspectos
del funcionamiento de las empresas. Entre estos se encuentran los bienes y
servicios públicos que requieren las empresas para llevar a cabo sus
actividades, ya sea por ejemplo la obtención de un permiso o licencia para
operar, trámites para el pago de impuestos, o realizar gestiones para la
resolución de controversias ante una instancia judicial”, explicó el Inegi.
Los costos.
De acuerdo con el Inegi, entre las
consecuencias que la corrupción trae consigo son los costos monetarios directos
o indirectos que afectan a las personas y a las empresas que se ven
involucradas en este tipo de actos, y a la sociedad en general.
Entre los costos directos se
encuentra el dinero que los ciudadanos y las empresas deben destinar a pagos de
sobornos o para la entrega de regalos o favores que les son solicitados por los
servidores públicos o intermediarios para agilizar, aprobar o evitar trámites,
pagos, solicitudes o inspecciones.
Los costos
indirectos, por su parte, pueden ser
monetarios o no monetarios, los cuales se manifiestan de diferentes formas. Por
ejemplo, una disminución en la inversión extranjera a causa de un entorno que
dificulta la libre competencia; una mayor desigualdad en la distribución de los
recursos; o en una erosión de la legitimidad y confianza en las instituciones,
entre otros.
Según el
Inegi, el costo promedio de un acto de
corrupción fue de dos mil 799 pesos por adulto víctima de corrupción en 2015,
mientras que el costo promedio por empresa víctima de corrupción fue de 12 mil
243 pesos en 2016.
El organismo
de estadística aseguró que la existencia de medidas contra la corrupción en las
entidades federativas se encontró que 50% de las entidades federativas
implementaron un plan o programa anticorrupción en 2015.
Destacan
Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán,
Sonora y Zacatecas como las entidades que reportaron haber cumplido con el
total de sus metas planteadas en dichos planes o programas.
Por su
parte, Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero estaban en proceso de
integrar un plan o programa anticorrupción, mientras que Baja California Sur,
Coahuila, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo
no contaban con un plan o programa de este tipo.
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