Nadie podrá negar que el período de
gobierno de Enrique Peña Nieto es prolongación y acumulación de la violencia,
inseguridad e injusticia que el pasado lunes cumplió 11 años desde la
declaratoria de “guerra” al narco, que quiso Felipe Calderón -tan necesitado
entonces de autoafirmarse- decretar como primer manotazo autoritario y que hoy
tiende a profundizarse si, como se espera, en el Senado aprueben en estos días
la Ley de Seguridad Interior.
El otro rasgo sexenal es la
corrupción -así, de manera genérica porque todo lo abarca- y que por momentos
parece enviar a segundo plano los casos de escándalo de Peña Nieto y su
entorno, al descargar embestidas contra gobernadores -y motivos han dado para
eso- que, en los hechos, resultarán previsiblemente más mediáticas y
coyunturales que efectivos actos de justicia.
El binomio cuadrado, corrupción e
impunidad, ha encontrado en estos años las coartadas perfectas en el faccioso y
acomodaticio Congreso de la Unión, devenido a vil oficialía de partes del Poder
Ejecutivo, pletórica
de mercaderes de la representación del pueblo.
A Peña Nieto el Congreso le aprobó
todo de manera sumisa, complaciente, efectiva. Fue por eso que llegamos al
momento de legalizar la militarización del país contra toda lógica garantista,
evadiendo las responsabilidades de procurar justicia que, como han documentado
los estudiosos y recomiendan los organismos internacionales, es fundamental
para disminuir la incidencia delictiva, como lo es la materia penal y
administrativa. Es decir, sancionar delitos, incluidos los de corrupción, es
más efectivo que tener a las tropas disparando.
En mayo se
cumplirán seis años desde que Peña Nieto, perturbado por el surgimiento del
Movimiento #yosoy132, ofreció aquel Manifiesto por una Presidencia Democrática,
cuyos puntos vitales fueron retomados en el período transicional consciente,
como estaban él y su camarilla, de que la transparencia y rendición de cuentas
eran prioridad.
En el Pacto
por México lo refrendó y, al menos el apartado de justicia fue retomado
ofreciendo algunas concesiones en la Reforma Política, tales como la aprobación
de autonomía a la Fiscalía General y la consolidación de la de Delitos
Electorales, cuyas letras chiquitas servirían luego para que hiciera crisis la
transformación que nos mantiene desde hace dos meses sin procurador y sin
fiscal electoral.
Una vez conseguidas las reformas de
naturaleza económica que ansiaba, en agosto de 2014, Peña Nieto cerró lo que
dio en llamar “el periodo reformador”, no sin timorata propuesta del entonces
dirigente del PAN, Gustavo Madero, que pedía discutir una Ley Anticorrupción.
El planteamiento, contenido de origen
en el Pacto, no sería discutido hasta que el enlodado el presidente y sus
cercanos, aceptó una reforma que empresas, sociedad civil, académicos y
partidos festinaron a mediados de 2016.
Esa celebración anticipada fue vergonzosa
porque evidenció cuando menos ingenuidad. Facilongas, las elites académicas,
empresariales y las que se arrogan la representación de la sociedad civil
(todas siempre las mismas), son también responsables de los “tortuguismos”
legislativos y los previsibles “albazos”.
Claro es que las élites siempre
supieron la emergencia y siempre, por natural conveniencia, la aplazaron. Así,
este país llega a la sucesión presidencial sin los fiscales general, electoral
y anticorrupción y sin titular de la Auditoría Superior de la Federación.
Y también
llega presto a legalizar la militarización -viejo, ilegal e impune aparato
especializado en la represión política- como única salida al periodo cruento,
renunciando a la institucionalidad civil que corresponde a un estado de
derecho. Perverso.
El binomio corrupción-impunidad, es
cada vez más perfecto.
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