Salvador Camarena.
El gobierno de Enrique
Peña Nieto encargó al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
(Bansefi) la distribución de las tarjetas para los apoyos a damnificados por
los sismos de septiembre.
El 16 de noviembre, en
paralelo al surgimiento de denuncias de que algunas tarjetas habían llegado a
los damnificados sin los fondos prometidos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
inició una investigación a Bansefi por los repartos de plásticos en Oaxaca y
Chiapas.
El 29 de noviembre en este espacio reporté que, según lo hizo
saber a través del oficio 122-2/4208/2017, la CNBV investigaría la “base de
datos del total de tarjetas emitidas para el programa Fonden”, el “detalle de
transacciones realizadas por cada una de las tarjetas” y el “detalle de
aplicación a cuentas de tarjetahabientes de dispersión del programa Fonden y
operaciones de compra y retiros de efectivo”.
La primera etapa de esa
visita de investigación concluyó el 20 de diciembre, fecha en que la autoridad
bancaria emitió un documento de 90 páginas con múltiples observaciones sobre
irregularidades encontradas.
En la observación número cinco, la CNBV reporta que Bansefi
fondeó cuatro mil 574 tarjetas de débito para mil 495 beneficiarios. Es decir, tres mil 79 plásticos de más. Y
que en esas tarjetas se depositaron 68.8 millones de pesos.
“El monto de apoyo en efectivo al que pueden tener derecho
los beneficiarios va de 15 mil a 25 mil pesos. En el caso de que a los mil 495
beneficiarios sólo les hubiera correspondido la primera cifra, Bansefi debió
dispersar 22.4 millones de pesos, cuando en realidad dispersó 68.8 millones de
pesos, es decir 46.4 millones de más. En el caso de que a los mil 495
beneficiarios sólo les hubiera correspondido la segunda cifra (25 mil pesos), Bansefi debió dispersar 37.4 millones de
pesos, cuando en realidad dispersó 68.8 millones de pesos, es decir 31.4
millones de más”, destaca el documento de la CNBV.
En todo caso, dice la autoridad bancaria, Bansefi “dispersó recursos en exceso
respecto de lo que en realidad correspondía. Esta situación también habría
estado asociada a la falta de control, por no contar con un listado de
dispersión a nivel beneficiario”.
En esa misma observación, la CNBV incluye un cuadro con los nombres del top once de beneficiarios
a cuyo nombre se emitieron, y fondearon, más tarjetas: a nombre de solo un
beneficiario se expidieron 34 tarjetas, al de otro 26, al de otro 22, al de
otra 20, una más con 18, otro con 17, otro con 16, otra con 14, otra con 12,
otras dos beneficiarias con 10 plásticos. Y, finalmente, la autoridad bancaria
reportó que había encontrado mil 484 damnificados “con dos y hasta ocho
tarjetas fondeadas”.
En la primera semana de este año, las reporteras Thelma
Gómez, Miriam Castillo y Lucía Vergara, de Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI), dieron en Chiapas con
cinco de los once beneficiarios que aparecen con el mayor número de tarjetas a
su nombre. Dos de ellos no habían recibido ni una sola tarjeta. ¿Cuántos más
estarán en esa circunstancia, con apoyos “en el papel”, pero no en la realidad?
¿Dónde quedaron esas tarjetas duplicadas? ¿Por qué se
fondearon indebidamente? Ya sabíamos que son fácilmente clonables (por la
decisión de Bansefi de usar banda magnética), ahora sabemos que hay miles duplicadas. ¿Qué está pasando en el banco
que dirige Virgilio Andrade?
Bansefi tiene hasta el 2 de febrero para contestar a las
observaciones de CNBV, pero hay una realidad: a cuatro meses de los sismos, la
ayuda oportuna y efectiva a los damnificados sigue siendo un gran pendiente
para el gobierno.
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