Entre los pasados 23 y 31 de
diciembre, siete jóvenes fueron reportados como desaparecidos tras ser
detenidos por policías de Chilpancingo. Dos de ellos aparecieron muertos, tres
denunciaron torturas por parte de los uniformados y dos siguen sin ser
localizados.
El pasado 3 de enero, tres jóvenes
fueron localizados atrás de una tienda Soriana y a un costado del Palacio
Municipal de Chilpancingo. Estaban semidesnudos, atados de las manos y con
signos de tortura, pero con vida.
De acuerdo
con familiares de los tres jóvenes, policías
de Chilpancingo los detuvieron el pasado 27 de diciembre y posteriormente
entregados a un grupo de la Policía Ministerial de Acapulco, que los mantuvo
incomunicados durante siete días para después ser abandonados en el centro
comercial de la capital guerrerense.
Los tres jóvenes, de 15, 16 y 20 años,
se salvaron gracias a que uno de ellos anotó el número telefónico de su novia
en un jabón y pidió a una persona que le llamaran para informarle en dónde los
tenían. Al día siguiente de la llamada fue cuando los liberaron.
La defensora de derechos humanos de
Acapulco Julia Alonso Carvajal dijo que posiblemente la intención de la Policía
Ministerial era desaparecerlos o asesinarlos, como a Abel Aguilar García y Efraín
Patrón Ramos– quienes siguen sin ser localizados–, y Jorge Arturo Vázquez
Campos y Marcos Catalán Cabrera– hallados muertos el 3 de enero, también en
Chilpancingo–.
Jorge Arturo Vázquez Campos tenía de
30 años y Marco Catalán Cabrera, 34. Efraín Patrón Ramos tiene 25 años y Abel
Aguilar García, 18.
Los siete
jóvenes fueron detenidos durante los últimos días de 2017 bajo diferentes
circunstancias.
Virgilio
Marcelo, padre de Héctor Josué, el menor de 15 años contó que su hijo fue
detenido cerca de las 15:00 horas del 27 de diciembre por la Policía Municipal
en la calle Eusebio Mendoza, de la colonia Jardines del Sur, en Chilpancingo.
Dijo que
desde ese día no supieron de su paradero y que los policías no lo llevaron a la
delegación de Barandilla, “o si lo llevaron nadie nos quiso informar”. No
tuvieron noticas de su hijo desde ese día hasta el 3 de enero, cuando fue encontrado
junto a los otros jóvenes dos al sur de la ciudad.
Tras el hallazgo, Héctor Josué logró
escapar. Su padre no explicó cómo, pero los otros dos jóvenes en vez de ser
entregados a sus familiares quedaron detenidos acusados de robo.
Julia Alonso denunció que se violaron
flagrantemente los derechos humanos de los tres jóvenes y el debido proceso,
pues estuvieron privados de su libertad, incomunicados y siendo torturados
durante siete días, y ahora dos de ellos no han sido puestos a disposición de ninguna
autoridad cuando, de acuerdo con el nuevo Sistema de Justicia Penal, los
detenidos deben ser puestos a disposición de la autoridad en las dos horas
posteriores a su detención.
La defensora
de derechos humanos dijo que el caso demuestra que, en la detención ilegal,
desaparición y tortura no solamente está implicada la Policía de Chilpancingo,
sino también la Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con Alonso Carvajal, el
adolescente relató que después ser detenidos por la Policía Municipal el 27 de
diciembre, fueron trasladados a una casa de seguridad cerca de Chilpancingo, en
donde escucharon que había otros detenidos.
En ese lugar comenzó la tortura y no
saben en qué momento fueron entregados a la Policía Ministerial de la Agencia
del Ministerio Público sector central de Acapulco y al mando de un comandante a
quien le decían “Tino”, agregó la defensora de los derechos humanos.
“Están vivos de milagro, porque la
intención era desaparecerlos o asesinarlos como ocurrió con los otros jóvenes”, dijo Julia Alonso.
El domingo
pasado, el Fiscal del estado, Javier
Olea, declaró que “algunos medios de comunicación de Chilpancingo han difundido
información sobre otros cuatro jóvenes desaparecidos”. Agregó que tres jóvenes
están vinculados a proceso por robo en casa habitación y violación, y que el
cuarto “está prófugo”.
Julia Alonso
ha exigido a las corporaciones de
Acapulco y Chilpancingo los videos de las cámaras de seguridad de sus
instalaciones para comprobar la manera en la que fueron procedieron contra los
jóvenes, sin embargo, estas han sido negadas.
Asimismo,
exigió a la Fiscalía de Guerrero que investigue el caso o, de lo contrario, acudirá
a otras instancias, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
para descubrir los vínculos de las policías Municipal y Ministerial con,
posiblemente, el crimen organizado.
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