La administración de Enrique Peña
Nieto ha resultado la más letal para los defensores del territorio y el medio
ambiente, destaca una investigación de campo de la organización internacional
Global Witness, que ha documentado al menos 44 ejecuciones desde 2010, ocho de
ellas cometidas durante los primeros meses de 2017.
Coordinada
por Ben Leather y bajo el auspicio de Brigadas Internacional de Paz (PBI), la investigación revela que México se
encuentra entre los países más peligrosos del mundo para los defensores del
medio ambiente.
Global
Witness, documentó 200 asesinatos de ambientalistas cometidos en varios países
en 2016, puntualizó que en México el
incremento de la violencia contra los defensores se ha agudizado desde que el
gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, pero
además ha sido alentada por la impunidad en la que permanecen los ataques.
La organización ha documentado 33 asesinatos de defensores
de 2010 a 2015, y otros 11 entre 2016 y 2017, ocho de ellos en los primeros
cinco meses del año que acaba de concluir.
Al retomar
reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ubican a los estados de Chihuahua, Guerrero
y Oaxaca como los más peligrosos para los defensores desde 2011, la
organización internacional señala que “las amenazas y los ataques contra la
integridad física y psicológica continúan siendo los ataques más frecuentes
contra las personas defensoras”.
Por su
parte, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, Todos los Derechos
para Todos (Red TDT), documentó 302
agresiones contra defensores, que van desde amenazas hasta ejecuciones
extrajudiciales, entre 2012 y 2016.
Agrega que “entre junio de 2016 y mayo de 2017 se
registraron 11 ejecuciones extrajudiciales de defensores de la tierra, y que
las organizaciones de derechos humanos registran un alarmante “incremento de
esta grave violación a los derechos humanos en la actual administración
política”.
Durante el gobierno de Peña Nieto,
puntualiza el documento, “la criminalización se consolida igualmente afectando
especialmente a este grupo de defensores y defensoras (ambientales), desde el
uso indebido del derecho penal hasta otras formas de criminalización como las
difamaciones, el hostigamiento o la vigilancia”.
El informe,
de 72 fojas, resalta que, pese a la reforma constitucional de 2011, que ubica
el respeto a los derechos humanos en el primer artículo de la Carta Magna, así
como la creación de instancias como el Mecanismo de Protección de Personas
Defensoras y Periodistas, éstas son sólo
“medidas reactivas, sin abordar la problemática de la impunidad de los
ataques”.
El documento
de Global Witness considera los impactos
de los proyectos económicos sobre el tejido social como orígenes de los abusos
a defensores de la tierra, el territorio y el ambiente.
Entre los proyectos económicos que
mayores impactos sociales han causado en las comunidades indígenas y rurales en
México, destacan los relacionados con minería, con la generación de energía
(hidroeléctricas, eólicas, gasoductos y minería de carbón), así como de
infraestructura y turísticos.
El reporte advierte asimismo sobre la discriminación
ancestral de los pueblos originarios y la falta de consulta con ellos sobre los
impactos de los proyectos económicos sobre su desarrollo cultural.
Global
Witness recuerda que en 2016 el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos
Humanos de la ONU vino al país y, en su informe, recomendó al Estado mexicano
que protegiera mejor a los defensores de derechos humanos y los periodistas,
“en vista de la generalización de las agresiones y los casos de intimidación
contra las personas que defienden sus derechos”.
Destacó que
ese mismo año el relator especial de la ONU para defensores de derechos humanos
calificó el trabajo de los ambientalistas y defensores de la tierra una “valiosa
labor”, por contribuir al respeto a los derechos humanos, incluidas las
consecuencias de “la negativa a reconocer el derecho de los pueblos a la libre
determinación y el derecho de todos los pueblos a ejercer plena soberanía sobre
su riqueza y sus recursos naturales”.
El mismo
relator de la ONU reconoció en 2017 que los “defensores que trabajan en el
ámbito de empresas y derechos humanos sufren cada vez más ataques”.
Para evidenciar los riesgos a que se
enfrentan los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente, el
informe de Global Witness expone casos de resistencia en la Sierra Tarahumara,
en Pasta de Conchos, en Guerrero, Xochicuautla y en el Istmo de Tehuantepec.
Además,
Global Witness y PBI formula una serie
de recomendaciones al gobierno mexicano a fin de que “tome medidas para
prevenir los ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos y
atienda el problema de la impunidad de agravios” en su contra.
Entre las
sugerencias destacan la firma y
ratificación del Protocolo Opcional del Convenio sobre derechos económicos,
sociales y culturales; promover una campaña de reconocimiento de personas
defensoras de derechos humanos y su labor; instalar fiscalías o unidades
especializadas para perseguir los delitos cometidos contra personas defensoras
y sancionar a funcionarios públicos que desacrediten y deslegitimen a
defensores.
De igual
forma, recomendó fortalecer el Mecanismo
de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, así como de garantizar la
consulta y consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado a
los pueblos y comunidades indígenas, entre otras medidas.
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