Jenaro
Villamil.
El aspirante presidencial del PRI,
Verde y Nueva Alianza, José Antonio Meade, anunció este 24 de enero una
iniciativa de ley para enfrentar “el inaceptable flagelo de la corrupción”. Lo
hace en el momento más difícil de su precampaña: los escándalos de peculado,
transferencia ilegal de recursos y lavado de dinero que se incrementan y se
orientan, sobre todo, a los exgobernadores del partido que lo postula.
De los 19 gobernadores priistas que
acompañaron a Enrique Peña Nieto en su toma de posesión, en diciembre de 2012, 11
SE ENFRENTAN A CARGOS POR CORRUPCIÓN. TAN SÓLO EN EL CASO DE JAVIER DUARTE,
EXMANDATARIO DE VERACRUZ, LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN HA CALCULADO
IRREGULARIDADES EN 36 MIL MILLONES DE PESOS DEL PRESUPUESTO.
En
Chihuahua, el exmandatario prófugo César Duarte dejó al menos mil 200 millones
de pesos de desvío de fondos. Y el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge,
es acusado por un presunto quebranto que asciende a 900 millones de pesos, sólo
por la compra-venta ilegal de terrenos, sin incorporar los 2 mil 700 millones
de pesos de desvíos de recursos que documentó el Congreso.
El mismo día que Meade presentó sus
medidas anticorrupción, el fiscal general de Nayarit anunció que abrieron 400
averiguaciones previas y carpetas de investigación contra el exgobernador
priista Roberto Sandoval, mientras que en Estados Unidos continúan las demandas
de extradición en contra de los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y
Eugenio Hernández, ambos detenidos.
Según la
propuesta de Meade, para combatir la corrupción se requieren tres elementos
centrales: recuperar el dinero, propiedades y todos los bienes de los acusados
de corrupción para canalizarlos a un fondo nacional para becas para niños,
niñas y mujeres; aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos, y
hacer obligatoria la certificación patrimonial de altos funcionarios y
legisladores.
Según Meade, su iniciativa no tiene
precedentes, y para dar una muestra clara de que habla en serio, dijo, “no voy
a esperar a que termine la elección para trabajar en una iniciativa formal que
acabe de una vez por todas con la corrupción; en vez de prometer hay que
ponernos a trabajar, eso es lo que esperan de nosotros los ciudadanos”.
El texto de
la iniciativa aún no se conoce a detalle,
pero el contexto de su iniciativa anticorrupción es muy claro: Meade está en el
ojo del huracán de una cleptocracia que hará todo lo posible para aferrarse al
poder y encubrir unos a otros.
Meade propone, pero no problematiza.
Promete, pero no actúa. Enuncia, pero no concreta. Al contrario, su iniciativa
parece un gran acto escapista frente al menos a 10 problemas candentes
relacionados con la corrupción y ante los que no se ha pronunciado:
1. En primer lugar, el escándalo Odebrecht que
involucra, al menos, a las dos últimas administraciones para las que trabajó:
la de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto.
2. El papel de la Secretaría de Hacienda –de
la que fue titular en los dos sexenios- en el desvío de fondos públicos para
las campañas electorales del PRI en varios estados. La investigación del
gobierno de Javier Corral sobre la “Operación Zafiro” en Chihuahua involucra a
no menos de cuatro gobiernos estatales y a la propia dependencia que heredó de
Luis Videgaray.
3. El principal problema de la corrupción
desde 2000 a la fecha radica en el encarecimiento de los procesos electorales y
las estrategias de los partidos políticos y funcionarios para desviar recursos
públicos en la compra del voto, en la inhibición del sufragio y en pagar a
través de monederos electrónicos. De esto no dice nada la iniciativa de Meade.
4. Nada menciona tampoco de la llamada Estafa
Maestra, un escándalo de triangulación de recursos públicos que involucra a la
Sedesol –que encabezó también Meade– y a varias universidades públicas
estatales. Por el contario, el vocero del aspirante priista envió mensajes
intimidatorios a portales informativos como Animal Político que han seguido con
esta investigación.
5. Nada menciona Meade del papel de la iniciativa
privada y de las grandes empresas que se han prestado a los enjuagues de
corrupción, sobreprecios en licitaciones y contratos de obra pública para
desviar recursos. Ahí están los escándalos de OHL o de Grupo HIGA, por
mencionar los más conocidos.
6. Para Meade es inexistente el Sistema
Nacional Anticorrupción creado en este sexenio y que ha quedado incompleto ante
la ausencia de un fiscal anticorrupción y el desastre del modelo de Fiscalía
General.
7. El presidente Enrique Peña Nieto anunció
hace más de dos años, al calor del escándalo de la Casa Blanca, un decálogo de
corrupción, pero Meade ni lo menciona ni lo valora, como si todo surgiera de la
nada.
8. Durante todo un sexenio, la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda prácticamente ignoró los
grandes casos de lavado de dinero. Su extitular Alberto Bazbaz ahora dirige el
CISEN, y bajo las órdenes de Meade prácticamente no hizo nada.
9. En Bansefi, institución dirigida por su
amigo Virgilio Andrade, clonaron tarjetas electrónicas con los recursos
destinados para ayudar a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017.
Al menos 68 millones de pesos han “desaparecido”. De esto no ha dicho nada
Meade.
10. Si existiera un mínimo de compromiso para
enfrentar la corrupción, el aspirante priista podría anunciar que su coalición
renunciará al reparto de tarjetas electrónicas que en los comicios estatales
del Estado de México y de Coahuila demostraron ser la pista más grave del
fraude y la corrupción.
Este
decálogo elemental, Meade lo ignoró. Quizá porque está más enredado por una
cleptocracia de lo que él mismo está dispuesto a aceptar.
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