Las bombas de Chihuahua.

Raymundo Riva Palacio.

El caso abierto en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, es la explosión en las Torres Gemelas de Nueva York en cámara lenta. Comenzó hace 13 meses con una acusación contra él por un desvío de poco más de 14 millones de pesos para campañas electorales del PRI y se fue incrementando, en recursos para el partido en el poder y para personas de poder.

El último gallo tricolor en ser desplumado fue Alejandro Gutiérrez, quien era alto funcionario del PRI y responsable en 2015 y 2016 del Proyecto Zafiro, utilizado por el entonces líder Manlio Fabio Beltrones para diseñar la estrategia electoral en las elecciones de aquel año. La Policía Federal lo detuvo en Saltillo en diciembre, por petición del gobierno de Chihuahua, como parte del proceso contra Duarte. La detención le pegó a Beltrones, y al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Pero esta nueva novela de altos vuelos que tanto prometía, a los pocos días se apagó.

Beltrones declaró que era una infamia la acusación y tendrían que probar que Gutiérrez realmente había hecho lo que dijeron que hizo. Hacienda también negó que se dedicara a distribuir dinero presupuestal a campañas políticas. No se podía esperar nada distinto, pero ante una defensa tan débil y un beligerante e intrépido gobernador de Chihuahua como Javier Corral, ¿por qué todo paró en seco? Si la convicción en el entorno cercano de Duarte es que el aliado de Corral en todo esto es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ahí se podría encontrar, al menos como hipótesis de trabajo, la razón sobre la súbita parálisis. ¿Se estaba comenzando a salir de control?

Las acusaciones que ha formulado la Fiscalía contra Duarte tienen un patrón criminal: el exgobernador ordenaba al exsecretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, que dinero presupuestal fuera trasladado al PRI para ser utilizado en campañas electorales, y que se disfrazara bajo rubros distintos en diferentes dependencias. El caso escaló en diciembre con la captura de Gutiérrez, señalado de ser el ingeniero financiero del desvío de 250 millones de pesos en 2015, y que llevó todo a las más altas instancias del partido y el gobierno federal.

El tema dejó de ser local y pasó a ser federal. En la declaración ampliada de Herrera Corral señala que “Gutiérrez (le) comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que, a través de tres estados, siendo éstos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priistas y requerían recursos”.

La afirmación del exfuncionario chihuahuense refuerza los dichos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, sobre dos mil 500 millones de pesos que le habían dado dentro del presupuesto, destinados a campañas electorales –que decía haber usado para el PRI y Morena–, pero dejaba abierto el mecanismo que presuntamente utilizaron desde el partido en el poder y el gobierno mismo.

Pero el caso se detuvo en Gutiérrez, la más alta figura priista involucrada en un tema de presunto financiamiento ilegal de campañas, como si en ese momento se hubieran dado cuenta de que el elefante en la sala podría empezar a ser visto. Para poder entender la trama, hay que observar cómo funcionaba el sistema de recaudación de fondos dentro del PRI, en el entendido de que el partido no se maneja de manera independiente a lo que se le indica en Los Pinos. Cada vez que el presidente en turno es priista, el partido juega más como una secretaría de acción electoral.

En ese sentido, Gutiérrez no era responsable único o final del dinero dentro del partido. Quien lo es, Luis Vega, había sido colocado en la Secretaría de Finanzas y Administración desde antes iniciar el gobierno del presidente Peña Nieto, por el entonces gobernador del Estado de México. Nava llegó al PRI en 2011, directo del PRI mexiquense, donde hacía una función similar. Hombre de absoluta confianza de Peña Nieto, durante años ha sido el responsable de recibir y administrar los dineros y las aportaciones –legales y aquellas que no fueran registradas–, para redirigirse hacia donde le indicaran. Ese nombramiento fue parte de los ajustes que realizó Peña Nieto pensando en el futuro. Otro movimiento estratégico fue el de Videgaray, a quien envió al Congreso para presidir la Comisión de Presupuesto, donde se encuentra el origen de algunas de las ampliaciones presupuestales a estados cuyos gobernadores han sido acusados de desviarlos a campañas priistas.

Si la acusación contra Gutiérrez es probada, será sólo un eslabón que conduzca a Nava Aguilar y al corazón del peñismo. Si esto continúa, salpicará también a Nuvia Mayorga, directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que también ha sido uno de los conductos por donde llegan al PRI recursos para campañas, y es incondicional de Osorio Chong.

Cercanos a Duarte comentaron que si Osorio Chong quiere saldar cuentas con el exgobernador y los tecnócratas que le quitaron la candidatura presidencial, está acotado porque el financiamiento irregular al PRI también lo mancha.

Corral tiene en sus manos una bomba para hacer explotar la candidatura presidencial del PRI y romper el blindaje que hasta hoy tiene Peña Nieto. La pregunta es si Corral es real, si actúa por convicciones más allá de sus fobias personales, o si sus supuestos compromisos con Osorio Chong lo limitarán.

Si no fuera así, el proceso contra Duarte puede ser, de comprobarse las acusaciones, el final histórico del PRI.