Los escándalos de corrupción que
salpicaron a “altos funcionarios” del PRI, los intentos de espionaje
gubernamental contra periodistas y activistas, el disparo en el número de
asesinatos, y la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Interior marcaron
el año 2017 y colocaron a México en la lista de los países “parcialmente
libres”, de acuerdo
con el informe anual de la organización Freedom House.
En su
apartado sobre México, la organización subrayó
que, a partir de 2014, los escándalos de corrupción y los abusos contra los
derechos “socavaron” la narrativa modernizadora que el gobierno de Enrique Peña
Nieto empleó desde que asumió el poder, en 2012, y que en 2017 existieron
“dudas crecientes sobre la voluntad del gobierno en combatir los escándalos de
corrupción que implican a funcionarios de alto rango del PRI”.
Con 12 periodistas asesinados en
2017, Freedom House aseveró que México tiene una prensa “NO libre”, mientras que, en lo general, estimó que “la violencia perpetrada por
organizaciones criminales, la corrupción entre funcionarios, los abusos contra
los derechos humanos por actores estatales y no estatales, y la impunidad
rampante forman parte de los numerosos desafíos más visibles en la gobernanza
de México”.
Respecto al escándalo que involucró
el uso del programa espía Pegasus contra periodistas y activistas, mejor
conocido como #GobiernoEspía, Freedom House deploró que “el gobierno reconoció
la compra del spyware, pero rechazó los abusos específicos, y se negó a
transparentar los contratos sobre su compra”.
La organización observó que, a lo
largo del año, los legisladores fueron “lentos” en implementar el nuevo Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA), que entró en vigor en julio pasado y todavía no tiene quién
lo encabece.
“El
(ex)procurador Raúl Cervantes –un aliado del gobierno—renunció en octubre, en
medio de acusaciones de la oposición y de grupos de la sociedad civil de que no
era imparcial”, subrayó la organización, financiada en mayor parte por el
gobierno de Estados Unidos.
Y recordó que, semanas después de la
renuncia de Cervantes, fue destituido Santiago Nieto al frente de la Fiscalía
Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), después de
denunciar presiones por parte de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex
señalado por ex directivos de la empresa brasileña Odebrecht por cobrar
sobornos millonarios.
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