El
gobernador panista Miguel Márquez Márquez salió a los medios a confirmar la
adquisición de un predio que se usará para la construcción de un nuevo estadio
de fútbol para el equipo León “para dejar resuelto el problema”, pero se negó a informar a quién se le
compró con 280 millones de pesos del erario, y todavía pidió a los reporteros
“ser muy cuidadosos del tema” por la situación de inseguridad que prevalece.
Incluso, el Secretario de Finanzas Juan Ignacio
Martín Solís y el coordinador de Comunicación social Enrique Avilés insistieron
a los reporteros “ser muy reservados con el tema, porque fue incluso una solicitud
de los vendedores” cuya identidad en todo momento se negaron a revelar, a pesar
de tratarse de una adquisición con recursos públicos.
Márquez definió así su prioridad
públicamente con la población de esta ciudad, asolada por crímenes violentos como todo el territorio estatal, con
ataques a familias enteras y mandos policiacos que el año pasado dejaron mil
435 víctimas de homicidios dolosos y una tendencia al alza en esta incidencia
en los primeros días del año.
Desde
octubre el gobierno adquirió un predio rústico de poco más de 12 hectáreas por
el que se pagaron 280 millones de pesos; una parte de este sería destinado al
nuevo estadio.
El
gobernador convocó a una conferencia de prensa exclusivamente para hablar del
tema del estadio, después de que la
Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia que en todas las instancias
judiciales previas ordenó al gobierno municipal de León devolver la propiedad
del estadio de fútbol Noucamp a los empresarios Roberto Zermeño y Héctor
Hernández Hernández, en un pleito legal que se llevó años, derivado de un
fideicomiso constituido por autoridades municipales que no garantizó la
devolución de la propiedad del estadio.
“Fue una injusticia la resolución de
la Suprema Corte…apegada a la legalidad, pero prevaleció más el interés de dos
personas que el interés de un pueblo y una afición”, sostuvo el gobernador.
En
principio, el alcalde panista Héctor López Santillana dijo que los procesos
legales con respecto al estadio no han concluido porque dueños de palcos y
plateas están emprendiendo algunas acciones en esta materia, aunque de manera
particular. Y luego informó que según el contrato de arrendamiento que tiene el
Municipio, el equipo León tiene garantizado jugar en ese inmueble hasta el año
2022.
Sobre la responsabilidad de
funcionarios como el actual secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús Gómez,
en los acuerdos entre el Municipio y los empresarios que habrían impedido la
devolución del estadio, el alcalde apenas esbozó que “hay intención de
investigar”.
Luego, Miguel Márquez dijo que además de la
disponibilidad del predio adquirido, el gobierno estatal contempla la
posibilidad de expropiar el actual estadio a los empresarios.
Aclaró que la inversión para la
construcción del nuevo estadio deberá de ser privada, no del estado, “cuando hay tantas necesidades de
orden social que tenemos que atender como gobierno (sic)” y comentó que habrá un acercamiento con los actuales dueños del equipo
Esmeralda –del Grupo Pachuca- para hablar sobre el proyecto.
Con esto, presumió Márquez, “dejamos resuelto el
problema para bien de los leoneses, de la afición. Yo lo dije de manera clara,
mi compromiso es que León siempre siga jugando aquí”.
Nada más que
al concluir la conferencia, al gobernador se le cuestionó sobre la imparable
acometida de asesinatos en el estado.
El panista insistió en que Guanajuato
vive esta situación como parte de “un panorama nacional” y aseguró: “Yo ya hice
y ya he hecho lo que me ha tocado” en el combate a la delincuencia y la
inseguridad.
“Es una crisis nacional de
inseguridad”, insistió
el gobernador, quien suele remitir las preguntas sobre este rubro al procurador
Carlos Zamarripa.
En los primeros 23 días del año se
han cometido un promedio superior a seis homicidios dolosos cada día.
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