La Fiscalía General de Guerrero
vinculó a proceso a 25 sujetos presuntamente responsables de los hechos de
violencia registrados en La Concepción, Acapulco, Guerrero que dejaron un saldo
de 11 muertos.
La violencia se desató luego de que
policías comunitarios capturaran a Iván Soriano Leal, un exmilitar vinculado a
la venta ilegal de armas. Un grupo armado junto con policías estatales y
soldados irrumpieron en el poblado de la zona rural de Acapulco, donde se
enfrentaron con los comunitarios, dejando un saldo de 11 muertos y 38
detenidos.
El gobierno
de Héctor Astudillo rescató al presunto
delincuente y detuvo solo a miembros de la autodefensa, entre ellos el líder de
la guardia comunitaria de San Pedro Cacahuatepec y opositor al proyecto
hidroeléctrico de La Parota, Marco Antonio Suástegui.
En un
comunicado, la Fiscalía de Guerrero
informó que el Juez de Control vinculó a proceso a Marco Suastegui, Vicente
Suastegui, Javier “N”, Maximino “N” y 21 imputados más como presuntos
responsables en el homicidio calificado cometido en agravio de habitantes de La
Concepción el pasado 7 de enero.
Así mismo, el Juez señaló un plazo de seis meses de
investigación complementaria el cual concluye el 14 de julio del presente año.
En tanto el juez dictó la medida
cautelar de prisión preventiva por el tiempo que duré el proceso en contra de
los procesados.
Los
enfrentamientos armados se registraron en dos momentos el pasado 7 de enero en
el poblado de La Concepción, municipio de Acapulco.
El primero
ocurrió la madrugada de ese día, cuando ingresó un comando a la ranchería y los
policías comunitarios se enfrentaron con los hombres armados. En la balacera
murieron ocho personas (cinco del grupo armado y tres comunitarios).
Horas
después, cerca del mediodía, más de un centenar de policías estatales,
federales y soldados irrumpieron en el lugar donde se registró un segundo
enfrentamiento con un saldo de tres comunitarios asesinados, uno de ellos había
sido sometido y quedó tirado boca abajo con las manos cubriendo la cabeza,
indicaron testigos.
De las 11 víctimas mortales, cinco
forman parte del grupo armado y seis eran guardias comunitarios, según reportes
oficiales.
Además, siete reporteros fueron golpeados y
despojados de su equipo de trabajo, entre ellos el fotógrafo Bernardino
Hernández, para impedir que documentaran el violento operativo encabezado por
el titular de la Secretaria de Seguridad Pública estatal (SSP), el general en
activo Pedro Almazán Cervantes.
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