Pruebas dudosas, fallas de fiscales y
un plazo a modo: victorias de Duarte en su tercera audiencia
La tercera audiencia del caso de la
Procuraduría General de la República (PGR) en contra del exgobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por lavado de dinero y delincuencia
organizada dejó victorias clave para su defensa.
Sus abogados lograron que el juez
Gerardo Moreno, no avalara – como lo pedía la PGR – la obtención de datos
bancarios que ya están en el expediente del caso, una situación que abre la
puerta para que al llegar al juicio se pueda solicitar su anulación.
También consiguieron un plazo extra para hablar con
testigos colaboradores y reunir pruebas a su favor.
A continuación,
Animal Político te explica las tres ‘victorias’ que obtuvo la defensa del
exgobernador de Veracruz:
Evidencia
bancaria en duda.
El primer objetivo de la reciente
audiencia era resolver una solicitud hecha al juez por los fiscales de la PGR,
para que avalara una serie de datos bancarios obtenidos en la investigación de
caso. Se trataba, según lo que los fiscales expusieron en la audiencia, de
movimientos de cuentas de personas y empresas pertenecientes a la presunta red
de lavado de dinero que encabezaba el exgobernador.
Pero cuando
el abogado Marco del Toro tomó la palabra para fijar la posición de la defensa
en torno a dicha solicitud (con el apoyo
de 10 diapositivas proyectadas en un monitor de la sala) logró evidenciar que,
los datos que la PGR pretendía obtener con aval del juez ya estaban en el
expediente. Sostuvo que lo que en realidad quería la Procuraduría era corregir
un error al haber obtenido dicha información sin una autorización judicial, lo
que violó entre otras cosas los derechos de intimidad, privacidad y secreto
bancario del exgobernador de Veracruz.
Del Toro
explicó que, en noviembre pasado, la Corte resolvió algo que ya se sabía desde
que se redactó el Código Nacional de Procedimientos Penales y está estipulado
en su artículo 252: que la obtención de pruebas que puedan afectar los derechos
fundamentales de una persona requiere la autorización previa de un juez.
“Lo que ocurre en este caso es que el
Ministerio público obtuvo esos datos sin haber solicitado dicha autorización, por lo que lo que pretende ahora es
sanear este tema. Y el Ministerio
Público pretende disfrazar un saneamiento haciéndolo ver como si fuera una
nueva técnica de investigación judicial faltando al principio de lealtad, porque
además no dice que quiere recabar lo que
ya hizo previamente”, argumentó el abogado.
En respuesta, los fiscales de la PGR
reconocieron que la defensa tenía razón y que eran datos que ya estaban en el
expediente, pero
subrayaron que era necesario “armonizarlos” con la determinación de la Corte.
Insistieron en rechazar que eran datos ilegítimos pues se obtuvieron al amparo
del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito que contempla una
excepción para que el Procurador solicite datos a la CNBV aunque se rompa el
secreto bancario.
Tras escuchar a ambas partes el juez
concluyó que la defensa tenía razón y que no tenía sentido avalar la obtención
de datos que ya estaban en el expediente. “Este es un asunto demasiado
sencillo. Si esos datos ya están en la indagatoria no puedo acceder a que se
investigue lo que ya se investigó” dijo.
El juez reconoció que, en efecto, es necesario
debatir si estas pruebas bancarias fueron obtenidas ilegalmente por la PGR como
sostiene la defensa, pero señaló que eso será materia de la fase del juicio
oral y adelantó que sería “un debate interesante”.
En un último
intento de obtener el visto bueno del juez sobre las pruebas bancarias, uno de los fiscales de la Procuraduría
quiso interponer un “recurso de revocación” para que el juez, en plena
audiencia, cambiara su determinación con el argumento de que se causaba un
grave daño a la sociedad.
Antes de que
pudiera concluir con su exposición, Marco del Toro advirtió que lo que estaba pidiendo la PGR no tenía sentido, pues el
recurso de revocación procede solo contra resoluciones de trámite y no temas de
fondo discutidos en audiencia.
El juez avaló lo anterior y desechó
por ser “notoriamente improcedente” el recurso solicitado por la Procuraduría por que los datos
bancarios del caso Duarte se quedaron en el expediente del caso sin aval
judicial. Las consecuencias de esto y el
impacto que pueda tener en el caso se conocerán en el juicio que se lleve a
cabo en próximos meses.
Un plazo a
modo para la defensa.
El pasado 22
de enero concluyó el plazo de seis meses de investigación complementaria que el
juez otorgó a la PGR y a la defensa para preparar sus casos. Tres días antes de que concluyera el plazo,
los abogados de Javier Duarte solicitaron por escrito que dicho plazo se
ampliara hasta por seis meses más.
De Toro argumentó que la necesidad de
ampliar dicho periodo obedece a que a la defensa le interesa entrevistarse con
cuatro personas que hoy son testigos colaboradores de la PGR en el caso.
Al hacer uso
de la palabra los fiscales de la PGR dijeron no tener objeción en que se amplíe
el caso, pero le pidieron al juez que también se le concediera dicha ampliación
al Ministerio Público, el cual tiene aún temas pendientes por desahogar. Ante esto los abogados de Duarte
insistieron en que la PGR ya había agotado su tiempo y que dicho plazo solo
debería beneficiar a la defensa.
El juez
Gerardo Moreno decidió conceder a la defensa la ampliación que solicitaba pese
a que con ello se excediera el plazo de seis meses que estipula el Código
Nacional de Procedimientos Penales. Argumentó que el principio de la debida
defensa se interpone a cualquier regla escrita.
El juez además avaló, con oposición de la defensa,
que la PGR realice investigaciones en ese periodo. Sin embargo, les “advirtió”
a los fiscales que se trata de un periodo concedido a la defensa y si esta
decide terminarlo anticipadamente en una semana, o en tres meses, puede hacerlo
y la Procuraduría tendrá que atenerse a ello.
“Este es un término de 6 meses para
la defensa, que puede usarlo hasta el momento en que el considere. Para el
Ministerio Público es solo un plazo que puede aprovechar pero que terminará en
el momento en que la defensa decida”, explicó.
Por ese motivo no se fijó de momento
una nueva fecha para la audiencia del caso, y solo se acordó que el plazo
inicia el 1 de febrero y concluye el 31 de julio.
Las fallas
de los fiscales.
No habían pasado ni cinco minutos de
la audiencia, cuando el juez pronunció el primer llamado de atención a Nelly
Nabor Alvarado, una de las fiscales de la PGR, por haber usado la palabra para
intentar argumentar algo que no se le había solicitado en ese momento. Este fue
el primero de varios ejemplos que los fiscales exhibieron fallas al tratar de
responder peticiones del juez o de la defensa.
Otro
ejemplo: Antes de que concluyera la primera media hora de audiencia el juez le preguntó a Nabor Alvarado la
fecha en la que habían solicitado al gobierno de Suiza que entregara datos
bancarios sobre el caso, pero la fiscal no pudo precisar una fecha aproximada.
Luego el juez le preguntó si ya habían logrado conseguir esos datos, a lo que
la fiscal respondió que aún no lograban que Suiza entregara la información.
En respuesta
el juez Gerardo Moreno dijo que conocía
que las solicitudes de asistencia jurídica internacional pueden ser tardadas,
pero también advirtió a los fiscales que es común que estas no soliciten las
cosas de inmediato y dejen pasar tiempo muerto.
“Yo no tengo idea del motivo por el
cual no me han dicho qué gestiones han hecho para obtener esa prueba y que
pasará sino la obtienen porque en teoría su periodo de investigación ya
terminó. Estamos en
una situación donde la defensa ha pedido una prórroga del plazo, pero si no fuera el caso y tuviéramos ya
que pasar a la audiencia me pregunto si ustedes estarían listos…”, cuestionó
el juez.
En otro
momento, el juez impidió que otro de los
representantes de la Procuraduría leyera la solicitud del aval de las cuentas
bancarias que habían solicitado, pues se trataba de un documento de 40 páginas.
Las resoluciones del juez a lo largo
de la audiencia evidenciaron que los argumentos de los fiscales no eran
suficientes para convencerlo prácticamente de nada.
Lo más claro
fue cuando al PGR quiso invocar un recurso en contra de la determinación que
acababa de tomar el juez, quien calificó como “notoriamente improcedente” lo
que la PGR estaba solicitando.
“Llama la atención que un órgano
técnico como es el Ministerio Público este tan… por decirlo de alguna manera…
desinformado”,
remató el abogado Del Toro.
Breves
intervenciones de Duarte.
Duarte
reapareció en la sala de audiencias con un pantalón y una sudadera de color
caqui. Lucía una barba tupida y el cabello corto, portaba sus tradicionales lentes,
aunque esta vez con un armazón de color café, distinto al rojo y al negro de
ocasiones anteriores.
Aunque en
este periodo de seis meses se sometió a una huelga de hambre en la que se dijo
que perdió varios kilos, en la audiencia se le vio con el mismo sobrepeso con
el que llegó extraditado a México.
A lo largo
de las tres horas de audiencia, el exgobernador permaneció con un semblante
serio, con los brazos sobre el escritorio y los dedos cruzados. En algunos
momentos intercambio palabras con Del Toro u algún otro abogado, pero en
general, callado.
Tuvo cuatro
intervenciones en la audiencia únicamente. La primera para señalar que se
llamaba Javier Duarte de Ochoa y que pedía que sus datos se mantuvieran en
reserva, y las otras tres para rechazar hacer algún comentario extra. Incluso,
cuando las resoluciones fueron favorables a su defensa, el exgobernador de
Veracruz no mostró mayor gesto de aprobación.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.