En los 700 mil procedimientos de
compras públicas federales realizadas de 2012 a la fecha, en las que se
invirtieron 2.3 billones de pesos, se detectaron anomalías, prácticas poco transparentes
y falta de competencia, lo que genera graves riesgos de corrupción.
De acuerdo
con el estudio “El Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” realizado por
el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 2 mil 512 proveedores, que son el 1.9 por ciento de los 129 mil 411
proveedores, concentraron el 80 por ciento del monto total destinado a compras
públicas.
El 71 por ciento de los contratos
fueron otorgados por adjudicación directa, cuando la licitación pública es lo que debe ser la
regla. La causa: tres años en que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no
tuvo titular y porque las unidades de vigilancia dejaron de vigilar, resulta
más fácil una adjudicación directa que un concurso público y no hay nadie que
castigue esa irregularidad.
El 36 por ciento de las empresas en
las que se concentró el gasto, han ganado el 50 por ciento de los
procedimientos, ganan 2 de cada 3 concursos.
Otro dato
que sobresale es que las 73 empresas con mayores montos adjudicados en 2016, EN 2012 tenían sólo el 2 por ciento del
monto total adjudicado.
Tras la llegada de Enrique Peña
Nieto, tienen ya el 32 por ciento, es decir, contratos por 127 mil millones de
pesos.
Mientras que
las empresas que concentraban el gasto
en 2016, su participación se redujo un 96 por ciento.
Esto refleja un comportamiento “poco
normal” porque el cambio, sostiene el estudio, no debería ser tan drástico.
De las que
empresas que hoy son más beneficiadas, las
dependencias que más las han contratado, son la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM),Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSTE), Servicio de Acción Tributaria (SAT), Caminos y
puentes federales (Capufe), Diconsa y Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Mientras que
en 2012 esas empresas recibieron el 53 por ciento de los contratos por
adjudicación directa, el porcentaje ya era de 66 por ciento. Sólo el 21 por ciento de las ocasiones
tuvieron que participar en una licitación pública.
Son la CFE,
el ISSSTE, IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes SCT, las unidades compradoras en las que estos
riesgos se concentran; las primeras tres
suman casi un billón de pesos gastados en contratos.
Sobre el
control de la legalidad, Max Kaiser, uno de los elaboradores del estudio, resaltó el caso de la SCT, que de 2012 a
2017, se interpusieron 174 inconformidades y sólo 54 resultaron procedentes;
hubo una inhabilitación, 30 suspensiones y cero destituciones.
En el IMSS se interpusieron mil 874
inconformidades y sólo 487 resultaron procedentes.
Káiser pidió
poner atención en la División de Bienes Terapéuticos del IMSS, en la
Subdirección de Contratación de Proyectos de Inversión Financiada y la Gerencia
de Abastecimiento al ser las tres unidades que más compras realizan.
De parte de los proveedores, se
encontró que 30 de ellos, es decir el 0.02 por ciento del total, tienen una
quinta parte del gasto en contrataciones.
Las empresas que más contratos
recibieron por adjudicación directa fueron Summa Conpany, Grupo Fármacos
Especializados, Fármacos Maypo, Marcas Nestlé, Fábrica de Jabón La Corona, Alen
del Norte, Infra y Laboratorios Pisa.
Entre
quienes más concentraron recursos, son
Operadora Cicsa, Sixsigma Networks México, Coconal, Operbes, La Peninsular
Compañia Constructora y Comercializadora Milenio.
El Imco propuso que se elabore una nueva plataforma
en la que se muestre el ciclo completo de la compra: planeación, licitación y
ejecución.
También que se focalicen los esfuerzos de
detección, investigación y sanciones en las unidades de compras donde se
detectaron más riesgos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.