El activista Cutberto Vilchis García,
detenido por oponerse a la venta de tierras comunales para proyectos
inmobiliarios en la zona de Salazar, municipio de Lerma, podrá enfrentar su
proceso en prisión domiciliaria luego de que un juez le impuso una fianza
cercana a los 420 mil pesos.
Tomando en
cuenta que el imputado tiene 71 años, el juez de control del distrito Judicial
de Toluca modificó la prisión preventiva que le fue impuesta por prisión
domiciliaria, pero para acceder al
beneficio el acusado deberá cubrir la garantía económica.
El activista y siete comuneros más
(aún en prisión) fueron arrestados durante la madrugada del 31 de agosto último
durante un operativo –calificado por los habitantes de la localidad como
violento– por impedir la venta de sus tierras.
El 5 de
septiembre de 2017, Vilchis García fue
vinculado a proceso por privación de la libertad y robo con violencia, acusado
por Mario Alberto de León Venegas, abogado de los presuntos compradores de los
terrenos; también por Natalia Miguel Marín, policía de Temoaya, y por Juan
Carlos Ríos Soto, policía de San Mateo Atenco.
Durante la
audiencia de este miércoles, el representante legal de los comuneros demandó la
aplicación de la excepción prevista en el artículo 166 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, que indica la posibilidad de no ser sujeto a prisión
preventiva cuando se tienen 70 años o más, edad que comprobó con documentos
que, además, lo identifican como pensionado del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
El Ministerio Público y la
contraparte del acusado se opusieron al beneficio porque consideraron que el
detenido representa un riesgo social y está en posibilidad de huir, pues
aseguran que la comunidad de Salazar es “hostil y violenta”.
También
afirmaron que la edad de Vilchis García no le representó un obstáculo para
liderar el movimiento comunero, incitar a los agresores, proferir amenazas y
hacer tocar las campanas para convocar al pueblo la madrugada de su detención,
además de ser investigado por delitos que no alcanzan el beneficio obtenido.
En respuesta, la defensa del
activista destacó la inexistencia de evidencias sobre cualquier citatorio para
contestar los cargos, por lo que tampoco se puede asegurar que se estaba
ocultando y menos que por eso fue necesaria una orden de aprehensión y cateo
para detenerlo.
Expuso que
para evitar que su defendido escape, el juez prevé, junto con la prisión
domiciliaria, la implementación de medidas cautelares alternas.
Así, el representante de bienes
comunales de Salazar deberá estar custodiado en su domicilio por agentes
ministeriales y de la policía estatal, no podrá salir de la comunidad sin
autorización, ni comunicarse con los presuntos ofendidos.
“Mi padre no
traiciona”
En
entrevista, Fabiola Vilchis, hija de Cutberto, dijo que los hechos imputados a su padre son inverosímiles, pues
padece diabetes, hipertensión y desde niño tiene una lesión que le impide mover
la pierna con agilidad.
Recordó que su padre ha sido reelecto
desde hace más de 30 años como representante de bienes comunales de Salazar,
“por la honestidad con que se ha desempeñado y su negativa a traicionar a los
comuneros a cambio de permitir la venta ilegal de tierras, para grandes
proyectos inmobiliarios”.
El 22 de
febrero pasado, el juez se negó a
modificar la prisión preventiva, en cambio, para los campesinos Miguel Ángel
Vilchis Zarza y Francisco Miguel Ceballos Vargas, también detenidos con el
activista. La negativa, pese a que sólo están acusados de causar lesiones.
Antecedentes.
La madrugada del 31 de agosto de
2017, tres días después de que se emitió un fallo en favor de la comunidad para
reconocer la posesión de sus tierras, un grupo de mil 500 elementos de seguridad
irrumpió violentamente en varios domicilios de la comunidad.
En ese
operativo, además de los comuneros,
fueron detenidas Beatriz Pérez Flores, comerciante de 46 años; Daneyra Kikey
Becerril Villavicencio, ama de casa de 30 años; Yuriko Becerril Villavicencio,
madre soltera de 29 años; así como Miguel Ángel Vilchis García, campesino y
bibliotecario de 56 años, y Fermín Esquivel Rojas, campesino de 34 años.
Testigos de las irrupciones y
capturas explicaron que los agentes no presentaron órdenes de aprehensión ni de
arresto, iban encapuchados, vestidos de negro y sin insignias; incluso,
golpearon gente y accionaron sus armas de fuego en el interior de varias
viviendas.
De acuerdo
con la defensa de los detenidos, el 30
de septiembre de 2016, un grupo encabezado por De León Venegas intentó despojar
a Miguel Ángel Vilchis de su milpa.
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