La agencia calificadora Fitch Ratings
puso la lupa al renglón de la deuda subnacional de cara a las próximas
elecciones federales en el país.
Al dar a
conocer su reporte Panorama de la Deuda de los Estados y Municipios de México,
la agencia con sede en Nueva York señaló:
“Fitch pondrá atención puntual en
aquellos gobiernos calificados que cuenten con créditos de corto plazo, ya que
la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y los Municipios
(LDF) establece que éstos deberán finiquitarse tres meses previos a que
concluya la gestión”.
La
calificadora recordó que este año tiene
la particularidad política de que en el país no sólo se celebrarán procesos
electorales en los ámbitos federal y local, sino que también será posible por
primera ocasión la reelección de presidentes municipales.
A escala
local, a excepción de Baja California y Nayarit, el resto de las entidades
federativas tendrán jornadas electorales.
Se elegirá gobernador en nueve entidades federativas, incluyendo al jefe de
gobierno de la Ciudad de México, así como a mil 596 presidentes municipales.
Con
información de la cuenta pública 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) clasificó a Coahuila con
nivel de endeudamiento elevado y catalogó a 10 estados en observación en el
sistema de alertas.
Según la
información preliminar al cuarto
trimestre de 2017, Fitch estima que, para 2019, Coahuila ya tendría un techo de
financiamiento neto de 5%, mientras Zacatecas, con calificación “BBB+”, y Morelos,
con nota “A” y “Perspectiva Negativa”, serían entidades que saldrían del nivel
en observación, lo que les permitiría aumentar su techo de financiamiento neto
a 15%.
El panorama
de la deuda.
Sin embargo,
el panorama es el siguiente: En 2017, el
saldo del sector subnacional (entes del sector público incluidos) fue de 580.6
mil millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 2.1% respecto de
2016.
Sin embargo,
este incremento no sólo resultó inferior
al del ejercicio anterior, sino que también fue el más bajo de los últimos
cuatro años.
Mientras que,
en términos relativos al producto interno bruto, la proporción disminuyó a
3.0%, en comparación con 3.1% que se mantenía desde 2013. Este nivel de
endeudamiento no representa un riesgo preocupante para el sector, aseguró Fitch
Ratings.
Según el
Registro Público Único (RPU) de la SHCP, en
2017 se celebraron 177 operaciones financieras que totalizaron 142.3 mil
millones de pesos.
De dicho
saldo, los estados y municipios del país
utilizaron 61.0% de los recursos al refinanciamiento; 4.7% tanto a
refinanciamiento como a inversión pública productiva; 10.0% sólo a inversión
pública productiva, mientras que 24.3% fue para cubrir necesidades de corto
plazo o insuficiencias de liquidez.
De estas
operaciones, los gobiernos estatales que
contrataron mayor monto de manera agregada fueron Veracruz con 26.7%, seguido
por Nuevo León con el 18.4%, Michoacán con 7.4%, Tamaulipas con 6.7% y
Zacatecas con 5.7% del total de la deuda en el 2017.
Fitch
destacó que a partir del 30 de enero pasado las modificaciones a la LDF
surtieron efectos.
Entre las
adecuaciones más relevantes destacan el establecimiento de nuevos criterios
para el uso de ingresos excedentes de las entidades federativas; la flexibilización
del Indicador de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas al
cambiar el método de cálculo, y la inclusión de la figura de fideicomiso sin
estructura.
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