Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), manifestó
serias preocupaciones por la crisis humanitaria que atraviesa México al rendir
su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos, en el marco del 37
periodo de sesiones llevado a cabo en Ginebra, Suiza.
El funcionario
de la ONU, quien visitó México en octubre de 2016, expresó sus preocupaciones sobre la Ley de Seguridad Interior (LSI) y
la ausencia de una Fiscalía General de la República independiente, entre otros
temas.
Sobre la
LSI, Al Hussein centró sus temores en
que la legislación “autoriza el uso de las fuerzas armadas en actividades de
seguridad sin las adecuadas garantías ni supervisión”.
Además, dicha ley “no se ajusta a los estándares
internacionales de derechos humanos”, sentenció Al Hussein en su discurso ante
representantes de los Estados parte.
El ACNUDH compartió la inquietud de organizaciones
civiles en México por falta de autonomía del órgano de procuración de justicia
del Estado, por lo que llamó a “crear una Fiscalía General de la República
efectiva e independiente”.
Otro tema
del que se ocupó el comisionado en su discurso fue el de la situación de los
migrantes centroamericanos que atraviesan México para llegar a Estados Unidos,
huyendo de la pobreza y la violencia en sus países de origen.
“Me preocupa que la sistemática
detención de migrantes y su regreso expedito se ha convertido en regla general,
socavando seriamente las garantías del debido proceso y el principio de la no
devolución”, apuntó
Al Hussein.
El
comisionado celebró la promulgación de las leyes generales contra la tortura,
en junio de 2017, y contra la desaparición forzada en enero pasado, y resaltó
la disposición de su oficina en México para “asistir a las autoridades para
asegurar su pronta y efectiva implementación, con una plena participación de la
sociedad civil y de las víctimas”.
Reporte
Ayotzinapa.
Asimismo, anunció que en próximos días dará a conocer
un informe sobre la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace tres años.
En la
edición 2121, el semanario Proceso publicó la versión pública de un reporte
entregado por el representante del ACNUDH, Jan Jarab, a la Procuraduría General
de la República (PGR) el 6 de septiembre de 2016.
El documento
testado por la PGR, obtenido por la reportera a través de una solicitud de
acceso a la información, documentó
“indicios sobre la posible existencia de tortura” en 51 de los más de 100
detenidos por el caso Ayotzinapa, de los cuales en 37 hay “fuertes elementos de
convicción” de que los procesados, entre ellos una mujer, fueron víctimas del
ilícito.
Con base en interrogatorios a
detenidos, familiares y testigos de los arrestos, así como de la revisión de
expedientes, el reporte sostiene que en los 37 casos en que se focalizó la
investigación, “los actos de tortura, tanto física como psicológica, habrían
sido realizados por Policía Federal, Policía Federal Ministerial y/o por
elementos de la Secretaría de Marina”.
El informe
al que tuvo acceso Proceso documenta que
una persona, cuyo nombre fue censurado por la PGR, murió a causa de las
torturas infligidas por marinos durante su detención, el 27 de octubre pasado,
en tanto que personal de la ONU confirmó la inexistencia de una investigación
por el fallecimiento por parte de autoridades de Morelos, donde ocurrieron los
hechos.
El escrito
entregado por la oficina de la ONU-DH a la PGR también aborda la actuación del
extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio,
en el río San Juan, en Cocula, Guerrero.
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