Junto a la
sede de la jefatura delegacional en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México,
está la colonia Primera Victoria, una zona habitacional, “proletaria”,
conformada por casas de techos y paredes fracturadas, que se sostienen por
polines, tal como lucen algunas zonas de la ciudad afectadas por los recientes
sismos de septiembre de 2017.
Sin embargo, las fisuras y grietas
que caracterizan estas viviendas no fueron provocadas por los pasados
temblores, tal como aclaran sus habitantes, sino por el túnel que las
autoridades capitalinas perforan bajo sus pies, a 30 metros de profundidad,
como parte de las obras de ampliación de la Línea 12 del Metro, con las que se
busca conectar la estación Mixcoac con la terminal Observatorio.
“Desde el arranque de la obra, a
mediados de 2016, hemos tenido casas fracturadas, se han caído castillos y
losas, se han cuarteado pisos y paredes –explica la señora Ruth Martha Cid,
dueña de una de las primeras casas dañadas–, y como va pasando el tiempo y va
avanzando el túnel, va aumentando el número de viviendas fracturadas y
apuntaladas”.
Por esta
problemática, en el último mes, un
centenar de vecinos acudió a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, para presentar queja formal por los daños en su vivienda, sin embargo,
los habitantes de Primera Victoria aclararon que el número de casas dañadas es
mayor.
“Ya son alrededor de 150 las casas
con daños, y en ellas viven un promedio de 600 familias, porque en cada predio
hay hasta cuatro familias –informó el señor Bernardo Gómez, otro de los vecinos
afectados–. Los daños avanzan conforme avanza el túnel, y va aumentando el
número de afectados”.
La señora
Graciela Chavarría, muestra las grietas en su casa en la colonia Primera
Victoria, misma que fue apuntalada por las autoridades con madera de desecho, y
que impregna toda la vivienda con olor a materia fecal.
Luego de un año de protestas
vecinales, que han incluido el cierre de calles y la toma de la zona de obras,
el gobierno de la Ciudad de México (encabezado por Miguel Ángel Mancera) aceptó
en noviembre de 2017 realizar un estudio de suelo en la colonia Primera
Victoria, mismo que fue encargado a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Dicho
estudio (del que Animal Político posee una copia) confirmó que el subsuelo de esta colonia presenta fracturas en todas
las calles en donde se realizaron mediciones de tomografía eléctrica y
geo-radar, y destaca que algunas de estas fracturas han alcanzado la
superficie.
Asimismo, confirmó que el terreno de la colonia
Primera Victoria, bajo el cual se perfora el túnel del Metro, no es de firmeza
regular, sino que está conformado por estratos blandos, mismos que presentan
saturación de agua.
Este estudio
de la UNAM no incluyó ningún
procedimiento orientado a determinar cómo afectan las obras del Metro a esta
zona de suelo blando, ni cuál es la razón de que las casas erigidas ahí se
estén fracturando, y sólo sirvió para determinar la firmeza y conformación del
terreno.
Aun así, el estudio concluye que la saturación de
agua “probablemente está acelerando el proceso de deformación y fisuramiento de
las viviendas y las zonas aledañas”, y subraya, sin evidencia alguna, que “es
muy posible que esta saturación de agua en las zonas más afectadas se deba a
tuberías rotas o cisternas dañadas”.
Aunque
dichas conclusiones no están soportadas por ninguno de los procedimientos de medición
realizados por la UNAM, es con base en
este estudio que el gobierno de la Ciudad de México anunció, el pasado 2 de
marzo, que “con base en los datos disponibles, la obra de ampliación de la
Línea 12 del Metro no ha influido en los cambios experimentados en las
viviendas”.
Así, oficialmente, el que las casas se estén
fracturando, al mismo tiempo que se excava un túnel bajo ellas, es sólo una
coincidencia.
La disposición de las casas que han
sufrido agrietamientos sigue la misma ruta que el túnel de la Línea 12, que
pasa 30 metros por debajo de estas viviendas.
Administración
de crisis.
Aunque el
gobierno de la Ciudad de México descartó oficialmente que los daños a estas
viviendas sean causados por las obras de la Línea 12, a través de una “tarjeta
informativa” emitida el pasado 2 de marzo por la Secretaría de Obras, en dicho
documento se reconoce que se han entregado “apoyos económicos y rehabilitación
de viviendas” que han presentado afectaciones.
El documento
emitido por la Secretaría de Obras no
aclara por qué han realizado dichas acciones, si oficialmente la obra no es
culpable.
Lo que sí se subraya en la tarjeta
informativa del gobierno capitalino es que desde el inicio de la obra “se han
realizado mesas de trabajo con vecinos (de la delegación Álvaro Obregón) para
informar del proyecto y atender sus peticiones”, así como que “los compromisos
asumidos en las reuniones con los vecinos se han cumplido cabalmente”.
La versión
de los vecinos, sin embargo, es muy diferente.
“En primera
–señala el señor Bernardo Gómez–, nunca
nos informaron de la obra: de repente nomás vimos que empezaron a hacer cambios
en el sentido de las calles, y luego nos dimos cuenta de que era para que
pudieran acceder las máquinas. Los trabajos arrancaron en 2016, y nosotros
tuvimos que cerrar una avenida, para lograr que las autoridades nos dijeran de
qué se trataba todo esto”.
El señor
Bernardo ha vivido en esta colonia toda su vida. Hoy habita el terreno que
antes fue de sus padres, y en él viven también sus tres hijos, adultos ya,
todos con sus familias. En su casa, además, atiende desde hace 20 años una
tienda de abarrotes, de la que dependen él, uno de sus hijos, y un empleado.
“Tres familias dependemos de ese negocio –explica
Bernardo–, y a mí las autoridades ya me
advirtieron que me van a expropiar. Quieren mi terreno, pero no a su precio
comercial, quieren pagármelo al valor catastral, que es 50% menor a su valor
real… es decir, a mí el gobierno de la Ciudad de México no sólo me está
violando mi derecho a la vivienda, sino mi derecho al trabajo, porque si me
despojan de mi casa, me despojan también de mi medio de subsistencia”.
La expropiación, denuncia, además ha
sido usada como forma de coacción en contra suya.
“Como las autoridades han visto que
yo soy uno de los más movidos, a mí se me han acercado y me han dicho ‘tú
sepárate del movimiento, tú debes empezar a ver tu caso particular para llegar
al mejor arreglo, tú tienes que negociar'”.
Incluso,
señaló, las autoridades capitalinas han
intentado obstruir la presentación de un amparo colectivo en su contra,
negándose a expedir constancias de residencia a los vecinos que han acudido a
la jefatura delegacional en Álvaro Obregón para tramitar dicho documento.
“Durante todo este tiempo –concluyó el
señor Bernardo–, desde 2016 para acá, el gobierno de la Ciudad de México sólo
ha estado administrando la crisis, no quieren reconocer los daños que han
provocado en esta colonia por la ampliación de la Línea 12, y menos
repararlos”.
Los ejemplos
de compromisos incumplidos por la autoridad abundan.
La señora
Ruth Martha Cid, dueña de una de las primeras cuatro casas con daños, da una
muestra.
“Yo soy
madre soltera –narra–. Yo tengo un jovencito de 18 años que trabaja y está
terminando la escuela, una muchachita que está por terminar la prepa, y el
menor, que está en secundaria… Mi casa
está enfrente de donde empezaron a trabajar, y desde el primer momento fue
vivir bajo ruido y vibración permanente, no se podía ni dormir, porque
trabajaban todo el día y toda la noche: mis hijos bajaron su rendimiento
escolar, y finalmente tuve que mandarlos a casa de mi hermana”.
Luego, a las pocas semanas, “se cuarteó una trabe
de mi casa, y luego la otra trabe, y después se fracturó la loza, todo en muy
poco tiempo. Denuncié lo que estaba pasando, y las autoridades mandaron a hacer
un estudio, y ese estudio decía que éramos cuatro las casas con daños graves, y
en riesgo”.
Aunque las autoridades ofrecieron
apoyo económico a la señora Ruth para que pudiera rentar un inmueble, en tanto
su vivienda era restaurada, pasaron ocho meses antes de que ese dinero le fuera
entregado.
“Me dijeron que la casa estaba en muy
malas condiciones, la llenaron de polines, y luego tuve que vivir otros ocho
meses ahí, porque las autoridades no me cumplían lo del pago de la renta para
poderme yo salir de ahí –detalla Ruth–, luego vino el temblor de septiembre de
2017, y lo que nos ofrecieron fue inscribirnos en el programa de apoyo para
damnificados del sismo, para que recibiéramos 3 mil pesos al mes, por tres
meses. Pero nosotros no somos damnificados del sismo, somos damnificados de la
Línea 12, y nuestro problema viene de mucho antes”.
Luego de que
Ruth se negara a recibir los 3 mil pesos
para damnificados del sismo, por considerarlo una medida irregular, las
autoridades convinieron otorgarle 5 mil pesos para el pago de una renta.
“Yo me salí con mis hijos, me fui a
rentar –señala Ruth–, pero sólo me dieron ese dinero una vez, ya no me dieron
para la siguiente renta, entonces, tuve que volverme a mi casa fracturada y
llena de polines”.
El olor del
apoyo.
La casa de
la señora Graciela Chavarría, en la colonia Primera Victoria, es de poco más de
tres metros de ancho, por 15 metros de largo, y en ella reside con un hijo con
parálisis cerebral, y sus dos hijas, madres solteras, así como los niños
pequeños de éstas.
Es una casa profunda pero estrecha, y
esta sensación se acentúa, luego de que todas las paredes del costado izquierdo
tuvieron que ser apuntaladas con una doble hilera de polines. El inmueble es de
tres plantas y todas las paredes del costado izquierdo, así como la pared de
fondo, en los tres niveles construidos, están fracturadas.
“Tuvimos que echar todos los muebles
a un lado para que hicieran el apuntalamiento los de la Secretaría de Obras
–explica la señora Graciela–, tuve que levantar mi cama y ahora duermo casi en
el suelo. Vivimos con el miedo de que la casa se nos venga encima, y no tengo
manera de irme a otro lado con mis hijos, porque trabajamos y apenas salimos
adelante”.
Al fondo de
la vivienda, en la recámara que está en la planta baja, apuntalada en dos de
sus cuatro paredes, permanece su hijo, con discapacidad.
“Él tiene parálisis cerebral, no
camina y no habla, y lo cuidamos entre mis hijas y yo. Él aquí es donde lo pasa
la mayor parte de tiempo, y aquí precisamente los trabajadores de Obras
hicieron el apuntalamiento con material de desperdicio… de ahí proviene el mal
olor”, aclara la
señora Graciela, durante el recorrido por su vivienda.
Efectivamente, la madera con la que
las autoridades apuntalaron esta parte de la vivienda desprende un olor a
materia fecal, que inunda toda la casa.
“Yo les reclamé a los ingenieros
–afirma la señora Graciela–, les pregunté ¿de dónde sacaron esa madera, de la
basura? Pero sólo me respondieron que era eso o nada…”
Aunque la
autoridad negó que todos estos daños fueran causados por la excavación del
túnel de la Línea 12, aseguró que
“existe un compromiso por parte del Gobierno de la Ciudad de México para
resolver la problemática de la zona y mejorar las condiciones de las viviendas
de los vecinos afectados”.
Esas
acciones, ofreció, “comenzarán una vez que se hayan completado los estudios
correspondientes”.
El plazo para que concluyan dichos
estudios, sin embargo, no fue establecido por el gobierno capitalino.
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