María Manuel
Piña, de 61 años, aún recuerda el momento en que el sismo del 7 de septiembre
pasado le cambió la vida en su pueblo natal, Paredón, Chiapas. Ese día estaba
cocinando y el piso de cantera saltó como si la tierra lo escupiera. Pudo
resguardarse en un rincón de la cocina, pero las paredes se casi se vinieron
abajo.
La casa que ocupaba una esquina tuvo
pérdida total. Los escombros fueron removidos y ahora sólo es un terreno con
maleza, con un destartalado letrero puesto por la Secretaría de Desarrollo
Agrario y Territorial (Sedatu) en el que se ven las fotografías del antes y
después de su casa, a la que asignaron el folio 000957. Con ese número, le
dijeron, la dependencia regresaría para otorgarle una ayuda económica para
reconstruir el inmueble.
María cuenta
que funcionarios de Sedatu acudieron al
pueblo a hacer el censo el 13 de septiembre. “Vinieron, le tomaron una foto, y
me dijeron ‘tenga este papel, lo va a guardar porque le va a venir una ayuda
porque esta casa ya no sirve. Se la van a tirar toda para que le hagan su
casita”.
Cinco meses después, esa promesa no
se cumplió. Ninguna ayuda le ha llegado.
Ningún funcionario regresó y después
de un mes, su hijo habló a la Ciudad de México para preguntar por qué la ayuda
había tardado tanto. La única respuesta fue que el folio no aparecía en el
sistema. Luego, en diciembre, acudió a las oficinas de la
Sedatu en Tuxtla Gutiérrez y le dijeron que el folio “ya no servía”, y no había
más que hacer porque no habría otro censo ni más ayuda para damnificados. “Es
inútil que insistan”, le dijeron.
Pero el caso de María no es el único
con esta falta de ayuda y se agudiza en un poblado como Paredón, ubicado en el
municipio de Tonalá, Chiapas, donde 7 de cada 10 viviendas tuvieron alguna
afectación.
Después de
no encontrar respuesta, Víctor Zavala, hijo de María, se fue enterando que él y
su madre no eran los únicos que habían perdido sus casas, que tenían folio y no
habían recibido ayuda. Por eso se le ocurrió llamar a una reunión en el pueblo
con todos aquellos en esa situación.
Al encuentro llegaron 65 familias,
más de las que había conocido sólo de oídas. Se le ocurrió hacer un censo
ciudadano. Hizo una lista con los nombres y un archivo con los datos de cada
uno: copia de la credencial de elector, las fotografías de sus casas, y el
número de folio que le había asignado la Sedatu.
Hizo esto sólo por cuestión de
organización, esperando que en algún momento puedan conseguir algún encuentro
con funcionarios públicos, y se enteren de esta situación.
“Seguimos esperando, esperando, pero
el problema es que muchas familias están durmiendo en galeras, bajo los
árboles, en casas de familiares. Van a venir las aguas y vamos a estar en más
problemas”, dice
Víctor.
Enrique Peña
Nieto acudió a Paredón el 31 de octubre de 2017 para entregar las primeras
casas reconstruidas con recursos del Fonden, y en su discurso dijo que “lo que
más me gusta es ver el ánimo de ustedes echado para adelante, no derrotados, no
abatidos y dispuestos a seguir con este proceso de reconstrucción”.
Aunque había damnificados que aún no
recibían ninguna ayuda durante el evento, “nos recomendaron no gritarle nada al
presidente, no hacer ninguna manifestación, nos dijeron ‘sí les va a llegar su
folio, aguántense, espérense’ y nadie hizo escándalo. Pensamos que iba a dar
respuesta, pero no la tuvimos”.
Después de
eso, el gobierno del estado colocó una
pancarta a la entrada del poblado que reza “Chiapas está de pie”, pero “no es
cierto, fuimos engañados. Nos dijeron que con el folio nos iban a ayudar y no
nos ayudaron. Nos sentimos engañados”, dice Zavala.
Por eso le manda un mensaje al presidente Peña
Nieto. Si de verdad quisiera solucionar, podría darles cemento y material para
construcción, porque “dinero hay”, hubo muchas donaciones, y podrían atender a
todos los damnificados “si hubiera voluntad, pero parece que no”.
El director
general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, Armando Saldaña, asegura que esta situación
puede tratarse de un error humano al incluir los datos del censo definitivo.
“Si no aparecen en el listado se debe
a un error de la gente que realizaron los recorridos, pudieron haber perdido
los folios, no los capturaron. Los dejaron olvidados. Es más bien un error al
hacer el listado final”, dice en entrevista con Animal Político.
El funcionario reconoce que “esto ha
sucedido en algunas localidades” y puede obedecer a la rapidez para trabajar
tras un desastre natural, porque “en las reglas de operación se tienen 20 días
para hacer el censo”,
dice.
“Nos interesa que todas las familias
tengan un beneficio” y si esto se trata de un error humano, promete, puede
solucionarse. Al recibir estas inconsistencias, “referiremos a estas personas a
la delegación y ésta tiene que hacer la revisión con el municipio para
validar”.
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