Se enojaron los gringos.

Raymundo Riva Palacio.

La relación entre México y Estados Unidos está más deteriorada de lo que parece. Los últimos exabruptos del presidente Donald Trump al negarse el presidente Enrique Peña Nieto a pagar por el muro fronterizo, son lo de menos, por más sanguíneos que sean. La relación se siente quebrada al haberse suspendido el intercambio de información sensible en materia de seguridad, y al cerrarse dentro del gabinete estadounidense los canales de intercambio en temas altamente delicados para la seguridad nacional. El gobierno de Peña Nieto inició mal su relación con la administración de Barack Obama, cuando suspendió la amplia cooperación alcanzada con el gobierno de Felipe Calderón, y terminará igual o peor con Trump.

El caso más evidente es la información que tiene la Casa Blanca sobre la interferencia rusa en el proceso electoral mexicano, expuesto ante la opinión pública en un discurso del consejero de Seguridad Nacional de Trump, H.R. McMaster el 15 de diciembre pasado en la Fundación Jamestown, en Washington, donde afirmó: “Estamos viendo que realmente hay un sofisticado esfuerzo para polarizar en sociedades democráticas y echar a pelear una con otra a comunidades dentro de esas sociedades. Ya estamos viendo las primeras señales de ello en la campaña presidencial en México”.

Públicamente, el gobierno mexicano minimizó esos señalamientos y mintió, en un principio, sobre que no tenía evidencia alguna de ello. Sin embargo, la reacción privada fue diferente.

En noviembre pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, viajó a Moscú para reunirse con el canciller ruso Serguéi Lavrov. Oficialmente fue para revisar el estado de las relaciones bilaterales, y al término de su encuentro descartaron las versiones sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales mexicanas. “El gobierno mexicano no tiene ninguna evidencia que valide esta hipótesis”, aseguró Videgaray. Fuentes diplomáticas, sin embargo, admitieron que el viaje fue preventivo y para buscar abrir canales de comunicación fluidos con Moscú. Las alertas en el gobierno mexicano se habían levantado pese a la postura pública de restarle importancia.

El 31 de enero, los senadores Marco Rubio, precandidato republicano a la presidencia, y Bob Menéndez, el demócrata de mayor rango en el influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado, le pidieron al secretario de Estado, Rex Tillerson, en vísperas de un viaje a México y América Latina, que planteara al gobierno mexicano recibir ayuda estadounidense para salvaguardar su proceso electoral, dado que “los sistemas electorales débiles pueden ser explotados fácilmente y manipulados por actores maliciosos como Rusia”. Los senadores dijeron estar “crecientemente preocupados” por la interferencia rusa en las elecciones mexicanas. El 2 de febrero, al iniciar su gira por la región, Tillerson urgió al gobierno de Peña Nieto en la Ciudad de México que estuviera atento a la interferencia rusa.

El gobierno solicitó a Tillerson información para sustentar lo que advertían en Washington, y de acuerdo con fuentes del gobierno federal, lo único que han recibido desde entonces son evasivas. “No han querido darnos más información de lo que públicamente han dicho”, dijo una de las fuentes mexicanas. “Nos han dicho que nos darán información, pero no nos han proporcionado nada”. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han proporcionado las evidencias que McMaster dijo tener, a menos que se las hayan proporcionado a Videgaray durante su viaje reciente a Washington y la información no haya sido compartida más allá del presidente Peña Nieto. Esta posibilidad, sin embargo, es remota.

La información en poder del gobierno de Estados Unidos donde aparece México se refiere al Proyecto Lakhta, desarrollado por la Agencia de Investigación en Internet, con sede en San Petersburgo, dedicada a la creación de páginas en Facebook para diseminar temas controversiales que estimularan el encono, utilización de cuentas falsas en las redes sociales o cuentas apócrifas mediante el robo de identidad. El Proyecto Lakhta abarcó a 11 naciones, enfocado sobre todo en Estados Unidos, y recientemente fue puesto al descubierto al ser acusados por el Departamento de Justicia 13 ciudadanos rusos y 13 empresas de esa nación. En la acusación no se mencionó a ningún país por nombre, salvo a Estados Unidos.

La Agencia de Investigación en Internet era el corazón de lo que han llamado 'la granja de troles', descrita ayer en este espacio, donde se mencionó que información en poder del Instituto Nacional Electoral muestra que en los últimos meses han notado una actividad extraña procedente de San Petersburgo. Las fuentes del gobierno mexicano indicaron que sí existen evidencias de injerencia rusa en el proceso electoral mexicano, pero que esa información aún es precaria, por lo que habían recurrido al secretario Tillerson para que su país les aportara más información para construir un andamiaje de blindaje. La respuesta ha sido negativa.

Los servicios mexicanos de inteligencia han detectado desde hace tres años la creación de páginas en las redes sociales donde se ha venido diseminando en español propaganda rusa y apologética sobre el presidente Vladimir Putin. También han aparecido páginas en Facebook donde se ha estado atacando a candidatos presidenciales, sin preferencia sobre uno específico, alentando la polarización. Hay una serie de cuentas en Twitter que se han analizado, pero la capacidad para poder determinar si son parte de la operación desde San Petersburgo es limitada.

El tiempo está corriendo en la campaña presidencial y el gobierno de Estados Unidos mantiene la veda de información para México. Los funcionarios peñistas desconocen las razones de ello, pero sugieren que quizá no quieran compartir esa información porque pudiera poner en riesgo la identidad de sus informantes, en Moscú o en México.