En una
modesta casa de un barrio popular en Querétaro, en el centro de México, vivía
en 2016 Luis Alberto López, un empleado de bajos recursos. En julio de ese año,
López fue registrado como socio de una compañía que compró en 2.9 millones de
dólares una nave industrial a Ricardo Anaya, actual candidato presidencial.
A tres
semanas de que comiencen las campañas electorales, las autoridades mexicanas
investigan el origen del dinero con que se pagó la nave en un caso de lavado de
dinero, que ha sido fuertemente criticado en la opinión pública por la inusual
velocidad con que la Procuraduría General de la República ha avanzado y
compartido detalles de la indagatoria.
Univision
Investiga tuvo acceso parcialmente a las declaraciones de dos testigos que han
dicho a las autoridades que la compra formó parte de un esquema de lavado.
Anaya dice que se trata de una guerra sucia, para perjudicar su campaña
presidencial al frente de una coalición de los partidos Acción Nacional,
Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática.
La
Procuraduría ha divulgado que es un caso como cualquier otro y que abrieron una
carpeta de investigación en octubre de 2017. Sin embargo, Univision pudo confirmar con tres fuentes oficiales que el
gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó a investigar al candidato al menos desde
julio de 2017, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El titular
de esa oficina entonces era José Antonio Meade, actual candidato a la
presidencia por el partido gobernante, el Revolucionario Institucional (PRI).
“No solamente es un ataque político
al proceso electoral. Es un insulto a la inteligencia humana y una ofensa a la
sociedad”, dijo a Univision Ambrosio Michel, abogado de Anaya. “Este caso
respecto al señor Ricardo Anaya no pasa la prueba de la risa”.
RED FANTASMA.
En
investigaciones paralelas, las autoridades han rastreado numerosas
transferencias internacionales que sucedieron entre 2016 y 2017. Encontraron
que, antes de llegar a las cuentas bancarias de la familia Anaya, los 2.9
millones de dólares fueron sacados de una compañía con sede en Guadalajara.
Durante un año el dinero fue transferido desde esa ciudad hacia Europa, el
Caribe y Canadá, a través de una red de, al menos, otras nueve empresas.
Univision obtuvo los registros, direcciones y socios
de dichas compañías a través de mecanismos de acceso a la información. La
mayoría tiene como socios a David Alberto González y Daniel Rodríguez, dos
abogados que declararon ante la Procuraduría en enero. Dijeron que el esquema
fue para ocultar el origen del dinero y los supuestos socios de la empresa
compradora eran prestanombres.
En dos empresas aparece como socio un
tercer abogado Rodolfo Núñez. Al visitar su dirección registrada en Guadalajara
para solicitar una entrevista con Núñez, Univision encontró que el número de
casa que colocó en sus operaciones no existe en esa calle. Otras empresas de la
red, con sede en Guadalajara, tienen como dirección fiscal la oficina de un
notario. Univision acudió preguntando por ellas, pero también dijeron que no
las conocían.
La oficina de recaudación de
impuestos es la tercera instancia oficial que también investiga el caso. En una
auditoría hecha en octubre a Manhattan Master Plan Development, la empresa que
pagó los 2.9 millones de dólares, encontró que emitieron facturas falsas y la
clasificó como “empresa fantasma”.
En el contrato de venta de la nave
industrial, que Univision revisó, hay dos cláusulas en las que Manhattan
asegura que el dinero con que pagaría era de origen lícito.
“Es una operación que se celebró en escritura
pública y que se pagó el precio a través de transferencias bancarias,
cumpliendo con todas las formalidades”, dijo el abogado del candidato.
Este ha sido
el principal argumento de la defensa de Anaya: poseen un contrato registrado
ante notario, por lo que no tienen responsabilidad alguna en investigar el
origen del dinero.
Tanto el
abogado de Anaya como Luis Pérez de Acha, especialista en litigio fiscal,
explicaron en entrevista que la clasificación de empresa fantasma y la
triangulación del dinero no implica en automático que la transacción por la
nave industrial sea también simulada.
“La PGR tiene que probar que el
origen del dinero es ilícito y que él (Anaya) lo sabía”, dijo Pérez de Acha.
EL ORIGEN
DEL DINERO.
El 29 de
enero, el abogado Daniel Rodríguez, quien fungió como socio de varias empresas
de la red investigada, confesó a la PGR que lo habían contratado para “ocultar
el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compra
venta (de la nave industrial)”.
Quien lo
contrató, de acuerdo con su versión, fue Manuel Barreiro, un empresario de
Querétaro, viejo conocido de Anaya. El objetivo, dijo, era pagar más de lo que
valía la nave, ocultar que el origen del dinero no era Barreiro sino otro
empresario y pagar menos impuestos. El abogado de Barreiro no respondió a una
solicitud de entrevista de Univision.
“La forma en
que MAS Sailing y otras empresas de Manuel Barreiro recibieron los recursos,
fue con motivo de un préstamo que (nombre tachado), quien es un empresario de
Querétaro, le realizó a Manuel Barreiro por la cantidad de 180 millones de
pesos”, declaró Rodríguez a los fiscales.
La versión del expediente consultada
por Univision tiene tachado el nombre de este empresario, vital para explicar
el origen de los recursos. También tacha los datos personales de los operadores
de la red en distintos países.
Extrañamente, la PGR entregó a los testigos una versión
que dejó visibles únicamente las partes en que se habla de Barreiro, los
abogados, Anaya y su familia.
“Esto es para que la versión de la
que se hable en la prensa sea solo la que afecta al señor Anaya”, opinó su abogado.
Univision
consultó el precio de un metro cuadrado de construcción de una nave industrial
en Querétaro en 2016. El costo de compra del terreno y construcción no pasaría
de 850 mil dólares, pero la nave fue vendida en 2.9 millones. Anaya asegura que
el precio era igual al promedio de venta de otras naves en el mismo parque
industrial.
OCULTAMIENTO.
Cuando el caso y las declaraciones
comenzaron a ser reveladas en la prensa mexicana, Anaya explicó que había
vendido la nave a un conocido arquitecto de Querétaro. En los registros
públicos consultados por Univision, este arquitecto fue añadido como accionista
una semana después de que se creó la compañía, un movimiento bastante inusual.
Los
operadores dijeron a la PGR que esa fecha no es real, sino que se hizo mucho
después, de forma retroactiva, cuando el diario mexicano El Universal comenzó a
cuestionar la venta de la nave.
En una
conferencia de prensa en Ciudad de México, el abogado de los dos testigos
colaboradores de PGR expuso que el
objetivo de este ocultamiento era impedir que se conociera que el socio
original de Manhattan Master Plan Development, Luis Alberto López, era en
realidad un prestanombres, que trabajaba como chofer de Manuel Barreiro.
Según los
testigos, los supuestos dueños de las
empresas no sabían de las operaciones bancarias internacionales, y solo los
conectaba el hecho de trabajar para Barreiro.
En agosto de
2016 se realizaron las primeras transferencias, desde una empresa de Gibraltar
a México. Varias transacciones se justificaron como préstamos, pero las
autoridades encontraron que eran de “prestamistas” recién creados, cuyas únicas
operaciones habían sido para mover ese dinero.
El contrato
establecía que Anaya debía recibir el pago por la nave en tres entregas,
durante la segunda mitad de 2016. Tanto el expediente de PGR como la
información recopilada por Hacienda coinciden en que lo recibió mucho después,
a mediados de 2017.
“Le pedí (a
Barreiro) que nos dejara estructurar mejor la segunda parte del financiamiento
de la compra, para así poder cumplir mejor con su objetivo, que era perder el
rastro del dinero”, declaró Rodríguez ante la PGR.
Durante la
primera mitad de 2017, se crearon más compañías en Canadá y México, que fueron
usadas para transferir los recursos. Univision pudo consultar varias
transferencias en los registros recopilados por las autoridades de Hacienda,
que no pudieron ser confirmadas independientemente debido al secreto bancario.
Allí aparece como apoderado David Alberto González, uno de los testigos clave
del caso.
González
explicó a la PGR que era indispensable que Barreiro no apareciera al mismo
tiempo como dueño de varias compañías que movieron el dinero, para pagar menos
impuestos.
“Hubiera
tenido la obligación de reportar dicho beneficio económico en México, por lo que,
al dividirlo en dos personas jurídicas, no adquirió dicha obligación”, declaró
González.
Varias de
las transacciones consultadas por Univision contenían información privada,
amparada por el secreto bancario. Anaya ha dicho que esto es una violación a
sus derechos y que solo declarará por el caso ante las autoridades, si se le
cita por medio del abogado, explicándole si tienen algo en concreto en su
contra. Ni la PGR ni Anaya respondieron solicitudes de entrevista de Univision.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.